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[Argentina] [Conferencia del director del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. Víctor Abramovich ocupa el cargo desde 2010. Antes fue relator ante la CIDH y director ejecutivo del Cels. “Argentina tiene un liderazgo no sólo regional, sino internacional en el tema”, dijo y valoró la “sociedad civil activa y movilizada”.]

[Sonia Tessa] Víctor Abramovich es, desde 2010, el director del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur que tiene sede en la Argentina. Antes, fue relator para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de las mujeres y también director ejecutivo del Cels. A partir de su trabajo en el Instituto, relevó las políticas públicas sobre sitios de memoria en los países que integran el Mercosur, y la semana pasada estuvo en el Museo de la Memoria de Rosario para presentar algunos ejes de ese trabajo, invitado por la Dirección de Relaciones Internacionales de la municipalidad y el programa Ciudades Educadoras. “No hay políticas públicas sobre derechos humanos sin una sociedad civil organizada, movilizada, activa”, dijo durante su disertación, en la que también subrayó “para que haya política pública tiene que haber una decisión política”. En ese sentido, subrayó el liderazgo argentino, “no sólo a nivel regional sino mundial”. En la charla estuvo secundado por el director del museo, Rubén Chababo y por la intendenta Mónica Fein, que dijo: “Argentina se merece la dirección de este instituto por su trabajo en el área”. Antes de la conferencia, Rosario/12 dialogó con Abramovich.

¿Cuál es la necesidad de contar con una política pública para sitios de memoria?
El Instituto elaboró, a partir de un mandato que recibió de los gobiernos, un documento sobre principios en materia de preservación de sitios pero también de políticas públicas, con la idea de tener marcos generales para orientar políticas en el Mercosur. El documento contiene las obligaciones que tiene los estados, porque los sitios están vinculados con derechos, como el derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación, pero también es como una identificación de discusiones sobre distintos modelos en los diferentes países que gestionan sitios. Quizás la primera conclusión es que los estados tienen un rol, que no es una cuestión que tiene que quedar en manos exclusivamente de la iniciativa de las víctimas, sino que el estado debe definir políticas públicas.

En los otros países del Mercosur, como Uruguay y Brasil, ¿el avance en estos temas es menos fuerte, tal como parece?
Son procesos distintos, los escenarios políticos son muy distintos, los tiempos son distintos, pero por ejemplo en los tres países hay mucho movimiento en este tema, no sólo en el orden judicial sino también por ejemplo en Brasil, la conformación de la comisión de la verdad disparó otras discusiones, por ejemplos sobre el tema de desclasificación de archivos, de la aparición de información, testimonios, reconocimiento de responsabilidad por hechos de parte de algunos funcionarios estatales. La idea de constitución de nuevos sitios de memoria, también, no sólo a nivel federal sino también estadual. Fue interesante, porque en la última reunión de Mercosur se aprobó una iniciativa del gobierno de Brasil para constituir un sitio de memoria de víctimas del Plan Cóndor de Porto Alegre, que se inauguró formalmente por las Secretarías de Derechos Humanos de Brasil y Argentina en enero de este año. Hay procesos con diferentes ritmos pero que están en curso.
También me parece interesante que lo que pasa en un país rebota en otro. No estamos aislados sino que hay un seguimiento de estos temas, de lo que pasa en un país por otro.

¿Lo ocurrido en Argentina es modélico para el resto de los países del Mercosur?
Sí, no sólo a nivel de Mercosur, sino también mundial. Por varios motivos: la cantidad de casos que están siendo juzgados, que estén siendo juzgados por tribunales nacionales, con la aplicación de la ley nacional. Existen distintos modelos de proceso de justicia que han existido en Europa y en Africa, pero son procesos por lo general a través de tribunales internacionales, o creados expo-facto con leyes especiales y aplicando ley internacional. En Argentina se está haciendo con componentes que son particulares y ejemplares a nivel mundial.

Ahí es importante la decisión política del Estado…
Vos tenés actuando los tres poderes del estado. El Congreso que anula las leyes, el Ejecutivo que impulsa el juzgamiento y lo acompaña con la habilitación de las extradiciones, la política reparatoria, de memoria, y otro elemento que caracteriza el proceso en la argentina es una sociedad civil muy organizada, muy movilizada, no sólo en la lucha contra la dictadura sino también contra la impunidad durante la transición, incluso cuando el tema no estaba en la agenda política.

Usted fue relator ante la CIDH sobre derechos de las mujeres, ¿cómo evalúa que algunos jueces empiecen a considerar la violencia sexual como delito específico de lesa humanidad?
Es importante, hay algunos precedentes a nivel internacional, incluso de los tribunales nacionales en Perú y Colombia, pero es interesante porque implica también mirar cosas que en los procesos judiciales en los años 80 no se vieron. Tiene mucho que ver con debates sobre derechos humanos. Por ejemplo, en cuestiones de igualdad de género que hoy se plantean en otros términos que como se planteaban en los 80. Son procesos muy dinámicos.

A partir de su experiencia respecto de derechos de las mujeres, ¿no cree que Argentina está rezagada en relación con Uruguay y Brasil, en cuanto al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad?
Son temas que todavía no están del todo zanjados a nivel legislativo n ningún país del Mercosur. Hay avances en la órbita judicial. Yo creo que es muy importante el fallo último de la Corte Suprema para aclarar cuáles son los casos de no penalización de aborto en el código penal, y eso obliga a trabajar en protocolos que hagan que ciertos casos no vayan a la justicia y que puedan ser resueltas en la órbita de la salud pública. A nivel personal, porque no tiene nada que ver con mi rol institucional, creo que es necesario avanzar en la discusión legislativa de la despenalización del aborto. En esos mismos términos, es necesario dar la discusión, hay argumentos muy sólidos, en términos de política pública, de salud pública, de igualdad, que son muy fuertes para dar la discusión. Hay otros debates que parecían impensables en otra época, como juzgar a los militares, avanzar en el matrimonio igualitario o en la ley de medios. Todo eso parecía impensable, y se avanzó. Son debates de modernización del país que todavía están pendientes.
29 de julio de 2012
©página 12

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