[Hace unos días, un periodista de la Agencia Alemana de Prensa reveló que el actual jefe de bancada de Renovación Nacional en la Cámara chilena, fue informante de la policía secreta de la dictadura].
[Claudio Lísperguer] Después de que, hace unos días, el periodista Mauricio Weibel, de la Agencia Alemana de Prensa (DPA), reportara sobre la existencia, durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet, de una sección de la policía secreta encargada de investigar, entre otros, a los miembros de la Vicaría de la Solidaridad, la institución de la Iglesia Católica que prestó ayuda a los familiares de los desaparecidos, lo más extraordinario ha sido la revelación de que el encargado de estas tareas era nada menos que el actual jefe de bancada del partido Renovación Liberal (el partido del presidente Sebastián Piñera), el diputado Alberto Cardemil.
El periodista afirma haber podido investigar miles de archivos previamente secretos de la policía política chilena entre 1975 y 1988. Cardemil fue subsecretario del Interior de 1984 a 1988. Su labor consistió en recopilar informaciones sobre los miembros de la Vicaría de la Solidaridad para preparar una campaña de desprestigio contra esas personas (en La Nación). Según el periodista, los agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, disuelta en 1978 tras el escándalo por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier del gobierno del presidente Allende, en Washington) primero, y de la CNI (Central Nacional de Informaciones) después, “mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades, para coordinar operaciones en todo el mundo”.
Cardemil no es el único funcionario pinochetista que cumplió labores represivas durante la dictadura y que hoy se desempeñan como políticos, algunos confirmados por el sistema binominal. Otro de ellos es el senador Jovino Novoa, que también fue subsecretario del Interior de la dictadura.
Increíblemente ingenua y torpe ha sido la reacción del denunciado Cardemil. Dijo primero que no se acordaba (en Radio UdeChile). Después dijo que la información era falsa. “Yo no he participado nunca en ninguna acción oculta para desprestigiar a alguien. Es completamente absurdo y ridículo e ilógico lo que ahí se dice”, dijo luego. Se defiende diciendo que eso se prueba porque “nadie en su sano juicio […] mandaría fichas secretas por oficio”. La verdad es que esto no prueba nada, sino simplemente, quizás, que los funcionarios de facto de la época vivían en la creencia de que nunca serían descubiertos o de que no importaba, porque no serían castigados, ni durante la dictadura ni después de ella. Como quiera que sea, es también sorprendente que después de no acordarse de nada, recupere la memoria y recuerde incluso que las fichas las mandaba por oficio a la Cancillería –dato que no revela el artículo del periodista.
La guinda de la torta en su argumentación es que esta revelación es una “campañita de extrema izquierda, de grupos de cabeza caliente para desprestigiar, así que no le doy ninguna importancia”. Si entiendo bien, Cardemil acusa al periodista de pertenecer a la extrema izquierda y de mentir en el marco de un montaje con acusaciones falsas. Advierte de inmediato que no va a denunciar al periodista, ni llevarlo a juicio por injurias y calumnias, que es lo que correspondería. Es obvio que no le agrada la idea de tener que demostrar que la acusación es falsa. Los documentos que lo prueban no pueden ser borrados. Pero es impresionante que crea que la opinión pública va a archivar sin más esta revelación porque él lo dice. Si quiere que lo tomemos en serio, tendrá que acusar al periodista por calumnias y demostrar que es inocente. O tendrá que demostrar que el periodista forma parte de una campaña para desprestigiarlo. Necesitamos nombres, fechas, financistas, plan de operaciones, objetivo.
Este político de extrema derecha era simplemente un soplón de la dictadura. Terminada esta, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional, pese a que no es liberal y que el catolicismo que le inculcaron en la escuela, ya lo había perdido entonces, cuando se dedicó a espiar a católicos para entregarlos a la policía secreta de un régimen neonazi. Hoy sigue ocultando su verdadera identidad (como muchos de su partido y del partido UDI, de la extrema derecha psicótica) pretendiendo públicamente que es católico, en lo que es una instancia descarada de usurpación ideológica.
No me estoy acusando falsamente a la dictadura de simpatías por el demonio. El mismo periodista Weibel descubrió que la dictadura también se dio el trabajo de eliminar películas de la Segunda Guerra Mundial de la programación televisiva “por aludir al nazismo”. Durante la dictadura, los espectadores no podían enterarse de lo que había significado el régimen nazi, ni de sus atrocidades, porque las autoridades de facto lo habían prohibido. ¿Se trataba de evitar que los espectadores observaran la similitud entre los dos regímenes? (Para ocultar sus propias atrocidades, y justificarlas, el dictador dio órdenes para montar campañas denunciando la situación de derechos humanos en países comunistas o socialistas, como en Portugal, Unión Soviética, Cuba y Vietnam.)
A raíz de este escándalo algunos políticos de izquierda han recordado que en realidad estos políticos de derechas que fueron funcionarios de la dictadura deberían haber sido inhabilitados hace décadas para el ejercicio de cargos públicos. Por mera sanidad mental, y seguridad del estado, no debe permitirse, ni debió permitirse nunca que las personas que destruyeron el orden constitucional y la democracia del país para instaurar una sangrienta dictadura que costó la vida a miles de ciudadanos y la tortura y miseria de cientos de miles, pudieran volver a ejercer cargos públicos. Pero ahí están, probable producto del pacto secreto entre la Concertación y los pinochetistas.
Para el diputado Aguiló “es insólito que tanto el diputado Cardemil como el senador Jovino Novoa, que también fue subsecretario de la dictadura, sean parlamentarios de la República, lo que no ocurriría en otros países, donde estarían inhabilitados de ejercer cargos públicos” (en La Nación). También al diputado socialista Fidel Espinoza le gustaría que los políticos de derechas mostrasen voluntad “inhabilitar a quienes directa o directamente estuvieron involucrados en las violaciones a los derechos humanos en Chile”. Ojalá diesen los partidos de derechas una demostración de consistencia con su actual prédica sobre derechos humanos, sospechosamente hueca, expulsando de sus partidos a estos cómplices y encubridores de criminales.
En realidad, estos ex funcionarios de la dictadura debieron haber sido inhabilitados en 1990. Han pasado veintidós años y todavía siguen ahí. Es de esperar que los parlamentarios demócratas reúnan al fin coraje y voluntad suficientes para presentar un proyecto de ley que inhabilite a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos y prive de derechos políticos a los que fueron funcionarios de la dictadura. Es algo que deben a los chilenos.
lísperguer
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