[Las últimas semanas no han sido exactamente tranquilas para la lucrativa industria de la educación privada. Editorial NYT].
Un juez federal confirmó el derecho del Ministerio de Educación a regular las inescrupulosas escuelas privadas que dejan a los estudiantes con enormes deudas y títulos que no tienen ningún valor.
Una comisión del Senado emitió un devastador informe que muestra que muchas de estas escuelas se embolsan macanudas ganancias, pese a que dejan a la mayoría de sus estudiantes sin diplomas valederos.
Un estudio del Buró Nacional de Investigación Económica concluyó que las personas que empezaron en programas para obtener un título técnico –una gran parte de la población estudiantil- cosecharon importantes beneficios económicos con títulos de instituciones públicas y sin fines de lucro. Aquellos que obtuvieron títulos o diplomas de instituciones privadas no consiguieron nada.
Todas estas son noticias aleccionadoras. El sector privado está creciendo rápidamente y ahora consume casi un cuarto de los todos los préstamos y becas de educación federales. Es esencial que el gobierno federal adopte medidas más estrictas para cerciorarse de que los contribuyentes –para no mencionar a los estudiantes mismos- reciban lo que pagaron.
El gobierno de Obama intentó hacer algo sobre esto el año pasado emitiendo nuevas normativas que exigen que los programas de formación tanto de carreras en instituciones privadas y públicas satisfagan una de las tres pruebas para poder postular a la ayuda federal de educación. El denominador común de estas pruebas era que las escuelas tenían que mostrar, en efecto, que sus egresados no habían quedado endeudados excesivamente. Las normativas estipulaban que al menos el 35 por ciento de los graduados debían estar pagando los préstamos, o que los pagos anuales de préstamos del graduado típico no excedieran el doce por ciento de su salario, o que los pagos de deudas no excedieran el treinta por ciento de su ingreso discrecional.
El juez Rudolph Contreras dijo que no encontró ningún motivo racional para la normativa sobre la tasa del 35 por ciento en el pago de la deuda, pero dejó claro que el ministerio tiene el derecho legal para poner freno a las escuelas depredadoras que explotan a los estudiantes.
En nuestra opinión el gobierno federal tiene más que el derecho a regular estas escuelas: tiene la clara obligación de hacerlo. De acuerdo a casi todas las mediciones, las escuelas privadas son en general un mal negocio para los contribuyentes, y para los estudiantes desfavorecidos que las escuelas reclutan a menudo con medios engañosos. Es imperativo que Washington haga su parte fijando reglas tan estrictas como posible.
[Ilustración viene de GiBill Magazine].
5 de agosto de 2012
4 de agosto de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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