[Entre otros factores, las sentencias mínimas obligatorias, excesivamente severas para los reos juzgados por delitos menores relacionados con las drogas, están llenando las cárceles de personas que deberían estar en libertad. Editorial NYT].
En su reciente informe anual sobre aspectos de las sentencias federales, el Ministerio de Justicia reconoció sabiamente que la seguridad pública puede ser maximizada sin aumentar los gastos en el sistema penitenciario. Como observa, la creciente población carcelaria federal, que ahora asciende a 218 mil reos, y el presupuesto carcelario de casi 6.2 billones de dólares, son “incompatibles con una política policial equilibrada y son insostenibles”.
El ministerio pide reformas “para lograr que nuestros gastos en seguridad pública sean más sensatos y fructíferos”. Sin embargo, no explica los cambios que deberían introducirse en el sistema de sentencias, los que reducirían considerablemente el problema de la sobrepoblación en las cárceles federales.
En el otoño pasado, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos emitió un comprehensivo informe que determinó que las sentencias mínimas obligatorias son a menudo “excesivamente severas”, especialmente para personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que constituyen más del 75 por ciento de los reciben ese tipo de sentencias. En los últimos veinte años, las sentencias mínimas obligatorias han contribuido prácticamente a triplicar la cantidad de reos federales, y más de la mitad presos lo están por delitos relacionados con drogas.
No hay ninguna evidencia de que las penas obligatorias prolongadas reduzcan la comisión de delitos. Hay buenas evidencias de que los reos mayores de 45 años son los menos peligrosos y que muchos deberían ser dejados en libertad.
El informe del Ministerio de Justicia no mencionada las sentencias mínimas obligatorias o su influencia en la sobrepoblación de las cárceles federales. Y deja de lado llamar al Congreso a que convierta la revocación de las sentencias mínimas obligatorias en una prioridad de primer orden, como debería ser. No menciona la liberación de los reos de mayor edad, que podría ser decidida por el Buró Federal de Prisiones, que tiene las atribuciones para ello.
Tampoco menciona que podría modificar sus propias políticas sobre los casos por drogas para liberar a los reos que no son considerados peligrosos. El año pasado, cerca de veinticinco mil personas fueron condenadas por delitos federales relacionados con las drogas, casi el mismo número que durante el gobierno de Bush en 2008 –una proporción substancial por delitos de bajo nivel relacionados con el tráfico de drogas, según la Comisión de Sentencias.
El ministerio pide sensatamente políticas carcelarias más rentables, pero eso requeriría una reconsideración del propósito básico del castigo. El insostenible presupuesto federal carcelario y la creciente población de reos reflejan la prolongada y onerosa adopción del castigo. Las dos cifras son más altas de que deben ser para la seguridad pública.
5 de agosto de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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