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[Texas se propone ejecutar a un reo con un IQ de 61, el más bajo en la historia judicial, pese a la prohibición estricta de la justicia federal de que los discapacitados mentales no pueden ser sentenciados a la pena capital. Editorial NYT.]

Marvin Wilson, con un IQ de 61, será ejecutado el martes en Texas. Su ejecución contradice directamente el fallo de la Corte Suprema de 2002 en el caso Atkins v. Virginia de que “los discapacitados mentales deben ser excluidos categóricamente de la pena de muerte” debido a que “sus discapacidades en áreas de razonamiento, discernimiento y control de sus impulsos”. La corte debería aceptar que se reconsidere el caso de Wilson y poner fin al desacato ilegal de Texas de su explícita decisión de que condenar a un retardado mental a la pena de muerte es inconstitucional.
La corte constató un consenso nacional contra la ejecución de los discapacitados. Pero declaró que los estados deben aplicar estándares profesionales en el diagnóstico de personas con discapacidad mental porque “no toda las personas que dicen ser discapacitadas mentales se encuentran en un estado tal de deterioro que puedan ser clasificadas como los retardados mentales sobre los que existe un consenso nacional”.
La Corte de Apelaciones Penales de Texas interpretó perversamente, en un fallo de 2004, que la decisión quería decir que el estado podía idear su propio test restrictivo para medir la discapacidad. Rechazaba rotundamente la “resolución categórica [de la Corte Suprema] que determina que esos condenados no pueden ser sentenciados a la pena de muerte”. Rechazaba desafiantemente a reconocer “el retraso mental” como motivo de excepción, incluso para aquellos que son “clasificados legítimamente” como discapacitados mentales para otros propósitos.
La resolución de la corte de Texas fue la base para su rechazo del retraso mental en al menos diez sentencias a muerte.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha profundizado esta injusticia. Ha rechazado repetidas veces los recursos de hábeas corpus por reos en el corredor de la muerte en conformidad con la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva, insistiendo en que el rechazo de parte de la corte del estado de los alegatos de discapacidad mental no “son contrarios” o no implican “una aplicación irrazonable” de una “ley federal claramente establecida”.
¿Cuánto más “claramente establecida” podría estar la ley federal que la resolución de la ley federal de que “los discapacitados mentales deben ser excluidos categóricamente de la pena de muerte”? El descarado desacato del estado de esa resolución es irrazonable para todo el mundo, excepto los puntos de vista más extremistas.
Texas no ha rechazado nunca el alegato de Marvin Wilson sobre su discapacidad mental. El estado simplemente se ha negado a aceptarlo como suficientemente retardado como para estar exento de la aplicación de la pena capital. Sus abogados dijeron a la Corte Suprema, en un escrito, que “si él no obtiene el recurso de amparo federal, se adjudicará la horrorosa distinción como el condenado a muerte en Texas con el IQ más bajo” de su historia.
La corte debe impedir esta ejecución cruel e inconstitucional de un discapacitado mental.
5 de agosto de 2012
4 de agosto de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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