caniles para mascotas perdidas

[Ayer 8 de agosto el senador García-Rubinot explicaba que los fondos destinados a las municipalidades en el marco de la ley de mascotas potencialmente peligrosas, son para la creación de caniles donde deberán ser albergados las mascotas extraviadas mientras se localiza a sus dueños].

[Claudio Lísperguer] Ayer publicó la página del Senado chileno una entrevista con los senadores José García Rubinot y Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la que estos informan sobre las últimas decisiones tomadas por la Comisión de Hacienda de la corporación sobre el proyecto que deberá regular la tenencia de mascotas potencialmente peligrosas. La comisión ha aprobado un presupuesto de tres mil millones de pesos (unos seis millones de dólares) destinados a las 345 municipalidades del país para que creen un registro de mascotas potencialmente peligrosas y para la instalación de caniles. Sobre el primer punto no hubo demasiada discusión en la ciudadanía, aunque es gracias al debate ciudadano que ahora se habla de animales potencialmente peligrosos y no de razas peligrosas (refiriéndose a los perros). Pero el segundo punto ha sido férreamente rechazado por la mayoría de las organizaciones proteccionistas nacionales, que se oponen a los caniles municipales porque temen que en ellos se vuelvan a poner en práctica las estrategias habituales adoptadas por las autoridades en el pasado, consistentes casi todas ellas en el sacrificio ilegal de las mascotas halladas en la calle.

La ley y la legislación administrativa prohíben el sacrificio de animales como método de control de la población canina y prohíbe también el sacrificio de animales sanos, estableciendo normas estrictas que sólo permiten el sacrificio de animales cuando estos, tras un periodo de observación, representen fehacientemente un peligro para la salud pública (como en el caso de contagio de la rabia). De otro modo, es una práctica habitual la aplicación de la eutanasia por razones humanitarias, en caso de enfermedades terminales y con dolores intolerables. Sin embargo, las municipalidades siempre encuentran veterinarios mediocres, inescrupulosos o inmorales que no dudan en clasificar a los perros recogidos como padeciendo alguna enfermedad terminal para proceder a su sacrificio –como lo han hecho en la municipalidad de Viña del Mar y San Joaquín, por ejemplo.
Pero el sacrificio ilegal no lo provoca la existencia de los caniles, sino la mala fe o la mediocridad de su gestión. Lo que los animalistas deberían hacer es exigir fiscalizaciones más frecuentes y rigurosas y la incorporación de voluntarios en la gestión de esos caniles. La participación ciudadana puede poner fin a las sospechas e impedir la comisión de abusos y maltratos. A diferencia de los funcionarios, los voluntarios no están obligados a callar ni a obedecer órdenes ilegales y pueden ser eso cumplir una labor de primera importancia en la gestión de los caniles. La nueva ley de empoderamiento ciudadano facilita enormemente la participación ciudadana. Las municipalidades deberían llamar públicamente a los ciudadanos interesados a inscribirse en sus libros como voluntarios.
Los caniles sólo albergarán por un tiempo a los perros hallados en la calle, y la ley prohíbe su sacrificio. En el pasado, y en algunos otros países, los animales cuyos dueños no han podido ser identificados, o que son abandonados, eran/son sacrificados y, al menos en algunos estados en Estados Unidos, vendidos a fabricantes de alimentos para mascotas. Si se trata de animales abandonados, será crucial que las municipalidades abran páginas en la red –en FaceBook, por ejemplo- para facilitar el rencuentro entre las familias humanas y sus mascotas extraviadas informando e invitando a los dueños a subir las fotos de sus familiares no humanos y otros datos pertinentes a nivel municipal. Eso facilitará enormemente el rencuentro familiar.
Las mascotas abandonadas –que no son reclamadas o que no son aceptadas de vuelta en el caso de que sean halladas e identificadas sus familias- deberán entrar en un programa de búsqueda de familias adoptivas o de reinserción y rehabilitación. Las municipalidades deberán iniciar un programa sistemático de jornadas de adopción. El adiestramiento de los perros como perros de terapia o perros de servicio aumentará sus posibilidades de encontrar una nueva familia o entorno institucional.
Lo que alegra mucho es que el senador García-Rubinot explica el financiamiento de los caniles diciendo que la intención es que cuando se halle a una mascota perdida se pueda identificar rápidamente a sus dueños (esto va unido con el registro obligatorio de los animales de compañía) para devolvérsela. La decisión es importante porque hay bases fundadas para creer que la mayoría de los perros en la calle son en realidad perdidos, como ocurre en Brasil o Estados Unidos. Las municipalidades evitarán el hacinamiento y la desesperanza en los caniles si se crean instancias para facilitar el rencuentro entre humanos y animales. Hasta hace unos días, la mera idea de que los perros en situación de calle podían ser perdidos era ignorada o rechazada vehementemente por los proteccionistas que, pese a las evidencias, prefieren aferrarse a la idea de que son perros abandonados.
El proyecto está solo en su primer trámite. Todavía pueden, pues, cambiar muchas cosas. Es de esperar que los cambios vayan en la dirección indicada. Para evitar los temores que despierta la idea del canil municipal, las autoridades deberían abrir las puertas a la participación de voluntarios, que podrán ayudar tanto al rencuentro entre familias y animales extraviados como en las jornadas de adopción.
[Foto viene de Sobre Santiago].
lísperguer