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[Argentina] [Al gobernador Scioli, frente a las denuncias por las torturas].

Mientras el caso de Zapata trascendía a la opinión pública, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entregaba al gobernador Daniel Scioli su informe anual sobre violencia y torturas en las cárceles bonaerenses, correspondiente al año 2011. El hecho tiene su importancia política: años anteriores, el gobernador no había accedido a recibir en persona el informe y la Comisión se lo enviaba por terceros. Aun más: según fuentes de la CPM, por primera vez Scioli aceptó la existencia de torturas en las cárceles y comisarías de la provincia y se comprometió a implementar medidas para evitarlas.
El nuevo informe, que será presentado públicamente en La Plata el próximo martes 14, sostiene que en 2011 se registraron 10.458 hechos violentos informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), lo que representa un promedio de 28,6 casos por día y un incremento del 31 por ciento en relación con el año anterior. La CPM aclaró que esos datos no contemplan la violencia de los agentes sobre los detenidos.
Por parte de la Comisión, en el encuentro estuvieron Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón y Alejandro Mosquera, entre otros. Del lado gubernamental, lo sugerente fue la ausencia del ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.
Según contaron a este diario testigos del encuentro, la reunión fue “cordial” y “caballeresca”, aunque los contenidos fueron duros: además de presentarle formalmente el informe, la Comisión repasó ante el gobernador las denuncias que suele hacer en público sobre las torturas en las cárceles y la violencia en las comisarías. Entre los temas puntuales, también fue mencionado el caso de Luciano Arruga, el joven desaparecido en 2009 en una dependencia policial de Lomas del Mirador. Los miembros de la CPM pidieron a Scioli que reciba a los familiares del muchacho y el gobernador se comprometió a hacerlo la semana próxima. Además, advirtieron que en ese partido, La Matanza, se acrecentó particularmente el foco de persecución policial a los jóvenes después de ese caso.
También le presentaron una propuesta de transformación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y plantearon la necesidad de reformar el Código Procesal Penal: propusieron la convocatoria de una comisión, al estilo de la que actuará en la modificación del Código Penal nacional.
Otro de los aspectos que la Comisión evaluó como positivos de la reunión fue la respuesta favorable al permiso para que se permita filmar adentro de las cárceles, hecho que fue prohibido ya antes de la gestión de Scioli, luego de que justamente la CPM mostrara imágenes de una picana dentro de un penal. Scioli también anunció que cerrará la U29, una unidad donde se alojan presos para ser trasladados, pero terminó convirtiéndose en un lugar de alta violación de los derechos humanos.
Asimismo, también se comprometió a eliminar en las cárceles los pabellones de aislamiento del llamado Programa de Convivencia, otro foco de violación de los más elementales derechos humanos.
Por su parte, en el informe presentado al gobernador se detalla que las lesiones graves y las muertes registran incrementos en 2011, mientras que la mortalidad en el marco de hechos violentos creció el 30 por ciento en el último período interanual. El año pasado ocurrieron 126 muertes en 39 de las 54 unidades del SPB, lo que representa un promedio de diez personas fallecidas por mes. La CPM precisó también que en 2011 realizaron 2371 presentaciones judiciales entre hábeas corpus, informes urgentes y denuncias penales que incluyeron la denuncia de un total de 7089 hechos de distintas violaciones de derechos humanos, que constituyen torturas o maltratos.
Los principales tipos fueron falta de atención médica, afectación del vínculo familiar, aislamiento, condiciones materiales de infraestructura, problemas de alimentación y golpes.
La CPM explicó que una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico es el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que se implementa junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios en Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA.
9 de agosto de 2012
©página 12

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