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[El presidente Mujica, de Uruguay, defiende el monopolio estatal de la marihuana. ¿Es realmente una buena idea?]

[Claudio Lísperguer] En un artículo en La Nación, el presidente Mujica, de Uruguay, explica que el proyecto de despenalización de la marihuana que pronto adoptará su gobierno, “no es para propiciar la expansión” de su consumo, sino “limitarlo para los que están afectados y no queden en manos del narcotráfico”. El proyecto contempla despenalizar el consumo, pero deja el cultivo y venta de la marihuana en manos de un monopolio estatal. Quedará en manos del estado “el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”. Al mismo tiempo, el proyecto incluirá programas que informen a la población sobre los “efectos perjudiciales” de la marihuana.
El presidente también explicó por qué no habían optado por legalizar el autocultivo. El problema, dijo, es “cómo controlamos que eso no desemboque en contrabando hacia afuera”.
Justifica el monopolio estatal diciendo que decretar la libertad total para el cultivo y venta de marihuana “sería irresponsable”.
Según el articulista, el gobierno quiere arrebatar a las organizaciones de narcotraficantes un negocio que mueve entre treinta y cuarenta millones de dólares al año.
No sé si el monopolio estatal de la marihuana sea una idea tan buena. Pero el presidente Mujica tiene razón en que, si se quiere acabar con el comercio ilegal en marihuana, el autocultivo no ofrece una solución definitiva porque habrá siempre consumidores que no pueden, no saben o no quieren plantar. Y habiendo demanda, siempre habrá productores y comerciantes dispuestos a proveer al mercado clandestino. Para terminar con la producción y comercialización clandestinas, simplemente se deben despenalizar todas las fases del proceso, desde el cultivo hasta su venta y consumo. Esto es algo que los legisladores chilenos que han presentado un proyecto de ley que permite el autocultivo, pero prohíbe la venta, todavía no han considerado.
Pero ¿qué tan cierto es que el monopolio estatal termine con el comercio ilegal? Si el estado manipula a los consumidores fijando precios arbitrarios y excesivos, como en el caso del tabaco, por ejemplo, el comercio ilegal persistirá, porque surgirán importadores, productores y comerciantes dispuestos a correr los riesgos de un suministro a precios más competitivos. La única manera de evitar precios arbitrarios es que estos se fijen en el mercado libre. De esta manera, las autoridades sólo deben fiscalizar y procurar que los comerciantes no violen las leyes de la libre competencia y respeten las leyes y reglamentos que se aplican a las actividades comerciales. La defensa que hace Mujica del monopolio estatal es débil.
Otro problema con el monopolio estatal es que priva a los ciudadanos de poder participar en una actividad productiva y comercial a la que deberían tener acceso, de la misma manera que nada nos impide, por ejemplo, dedicarnos al cultivo o venta de boldo o tomates. Sería más coherente que las familias e individuos que hoy se dedican al comercio ilegal de marihuana puedan legalizar estas actividades y convertirse así en ciudadanos corrientes y dejar de ser delincuentes perseguidos. La legalización de la marihuana sería también una estrategia de reinserción social de grupos y familias que hoy son marginados en razón de esa actividad –y creo que este debe ser uno de los objetivos de todo proyecto de legalización de la marihuana.
Además, dejar que sean los ciudadanos mismos los que participen libremente en el cultivo y comercio de la marihuana ofrecería a grandes grupos de la población posibilidades de emprendimiento económico y empleo que no serán oportunidades que ofrezca el monopolio estatal. La legalización dará un empujón a la economía y ofrecerá medios de vida a grandes grupos de la población.1
Otro aspecto negativo del monopolio estatal es que si la prohibición de la venta por particulares coincide con la fijación de precios excesivos y arbitrarios, surgirán importadores, productores y vendedores que ofrecerán el producto en el mercado libre o negro, lo que obligará al estado a destinar una parte de sus recursos policiales a la persecución de este mercado ilegal, descuidando otros labores policiales que son más urgentes. Y si se mantienen las labores policiales represivas del estado contra el comercio libre de marihuana, se nos garantiza que la violencia que suele asociarse al comercio ilegal no desaparecerá. Y se nos garantiza también un igual despilfarro de los recursos judiciales, pues policías y jueces deberán gastar tiempo y recursos que podrían ser destinados a labores verdaderamente policiales en la prevención del delito.
El monopolio estatal, por otro lado, puede ir acompañado de peores formas de corrupción policial y judicial que es el caso hoy, sobre todo si se prohíbe la producción y venta libres de la marihuana. Los funcionarios mismos podrán ofrecer marihuana más barata desviando la producción excedente, y los grandes comerciantes en drogas continuarán sobornando a policías y jueces. En cambio, si se legaliza totalmente la marihuana, no habrá precios excesivos porque los consumidores podrán optar por el proveedor más barato, ni podrán los productores adulterar el producto porque los consumidores podrán castigarlo o evitarlo comprando a otros proveedores. Ni tampoco habrá ciertamente comerciantes sobornando a nadie, porque sus actividades simplemente no serán delictivas desde ningún punto de vista. Ni habrá ni podrá haber policías corruptos.
La mejor manera de satisfacer las demandas ciudadanas y de respetar al mismo tiempo la Constitución y el estado de derecho democrático es decretando la libertad total para la producción, venta y consumo de marihuana. El estado, si no deja llevar por la codicia, dejará todo el proceso en manos de ciudadanos libres y se limitará a recaudar los impuestos que corresponde y se felicitará de cosas tales como reducir a la mitad la población carcelaria, disminuir dramáticamente la carga judicial y policial, reducir la delincuencia y la violencia asociada, proteger la salud y el acceso a la salud de grandes grupos de la población y no arruinar la vida de nadie por ejercer su derecho a la libertad personal.
Notas
1 En Holanda se experimentó hace más de diez años con el monopolio estatal para la producción de marihuana en un proyecto que duró apenas un año. No se permitía la producción libre, pero no se penalizaba ni la venta ni el consumo personal. Pero la empresa estatal dedicada a la producción y venta fijó precios arbitrarios y excesivos muy por encima de los precios que se manejaban en el mercado negro y finalmente, sin poder competir, debió cerrar sus puertas.
[Ilustración viene de Cannabis].
lísperguer

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