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[Pese a que muchos estados y ayuntamientos poseen leyes contra los delitos motivados por prejuicios –por odio-, muchas veces estos delitos son caratulados como delitos corrientes y no reciben las penas que merecen. Editorial NYT].

En 2009, el fiscal general Eric Holder Jr. dijo al Senado que “tenemos un grave problema con los crímenes de odio en este país”. Los recientes asesinatos en el templo sij en Wisconsin han resaltado este problema en la conciencia pública.
Pero demasiado a menudo la violencia motivada por prejuicios no es denunciada en los departamentos de las policías locales y estaduales, incluso en estados y ayuntamientos que sí poseen leyes contra los crímenes de odio. En muchos casos, esa violencia es caratulada como si se tratase de delitos convencionales.
En 2010, el último año sobre el que se cuenta con datos, ni Miami ni Nueva Orleans informaron sobre la ocurrencia de delitos por prejuicios a la administración federal, pese a que la prensa sí informó sobre delitos de esa naturaleza en ambas ciudades.
No denunciar conduce a un clima de seguridad frágil, lo que es grave porque, como dijo Holder, “los actos de violencia motivados por prejuicios dividen a nuestras comunidades, intimidan a nuestros ciudadanos más vulnerables y dañan nuestro espíritu colectivo”.
Uno de los principales propósitos de las leyes contra los delitos de odio es reaccionar ante el temor que inspiran esos actos de violencia y al daño que causan a los miembros del grupo afectado. Muchas leyes estaduales contra estos delitos aumentan el castigo de los delitos tradicionales, como la agresión, si son motivados por prejuicios. Sin embargo, las agresiones –uno de cada tres delitos de odio entre 2003 y 2009- son a menudo clasificadas como delitos rutinarios, sin prestar atención a los motivos.
Algunas de las mejores maneras de reforzar la aplicación de las leyes contra la violencia motivada por prejuicios, como escribe la jurista Avlana Eisenberg, es que los legisladores de los estados se aseguren de que las condenas prolonguen la sentencia de un condenado; extender los planes de instrucción policial de modo que los agentes sepan cómo reconocer los delitos de odio; y crear unidades en las fiscalías locales y estaduales para procesar casos que impliquen delitos cometidos por prejuicios.
Estos actos deberían ser investigados y perseguidos judicialmente por los daños que causan a las comunidades, mucho más allá de sus víctimas individuales.
[La foto viene de Aporrea].
15 de agosto de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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