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[Argentina] [“Fue un acto extremo en un contexto de ilegalidad”. A partir de su investigación sobre el desarrollo de los aparatos represivos del Estado en el período 1966-1973, Eidelman analiza el marco en el que se produjo la Masacre de Trelew.]

[Diego Martínez] Frente a la masividad y sistematicidad de crímenes de la última dictadura, los delitos cometidos desde el aparato represivo estatal en los años previos quedan empequeñecidos. Durante la dictadura anterior, sin embargo, no sólo tuvo lugar la Masacre de Trelew sino que también hubo detenciones masivas que el Estado demoraba en blanquear, torturas para arrancar información e incluso desapariciones que quedaron impunes. A 40 años de los fusilamientos en la base Almirante Zar, el historiador Ariel Eidelman destaca ante Página/12 que “la Masacre de Trelew fue un acto extremo dentro de un contexto de ilegalidad” y resume su tesis de doctorado sobre “El desarrollo de los aparatos represivos del Estado argentino durante la ‘Revolución Argentina’: 1966-1973”.

¿Cuál fue su objeto de investigación?
Quise estudiar el desarrollo histórico de una cantidad de aparatos especializados del Estado, que en la década del ’70 tuvieron una gran expansión y un rol privilegiado en el vínculo entre Estado y sociedad. Quise buscar sus orígenes y desarrollo, tratar de pensar las rupturas y continuidades de ciertas políticas estatales, en particular las políticas represivas, más allá de los quiebres formales de los gobiernos.

¿Qué períodos tomó?
La tesis aborda la dictadura denominada Revolución Argentina, entre 1966 y 1973, y busqué hacia atrás para rastrear los orígenes de estos aparatos. En la etapa 1966/73 se pueden ver continuidades en el desarrollo de políticas represivas, pero también un reforzamiento de las capacidades de esos aparatos represivos. El rol que tienen es cada vez más importante en el vínculo Estado-sociedad civil, sobre todo después de 1969, cuando la dictadura pierde legitimidad y apoyo en la sociedad y también corporativo.

Antes diferenció los períodos 1930-1955 y 1955-1966. ¿Cómo los caracteriza?
Son las etapas de creación de ciertos aparatos que después serán muy importantes, en particular el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que se crea en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hay una modernización de aparatos y una concentración en el SIE. Durante el primer gobierno peronista se creó la SIDE, aunque tenía antecedentes. Hay un reforzamiento de la inteligencia tanto de la SIDE, que depende del Ejecutivo, como de Policía Federal, que se creó en 1944-45. La guerra favorece el desarrollo de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, aunque durante el primer peronismo hay un mayor desarrollo de la inteligencia de carácter civil.

¿Y después del golpe de 1955?
Después hay una fuerte tendencia a la militarización de aparatos civiles y del Estado en general. El permanente protagonismo del Ejército y las Fuerzas Armadas lleva a una fuerte militarización de las estructuras de inteligencia civiles: al frente de la SIDE hay por lo general militares en actividad, y el órgano de inteligencia de la Policía Federal está hasta 1962 bajo control de la Armada. Otro elemento de la etapa es el desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), con los cursos de militares franceses en la Escuela Superior de Guerra, y a partir de 1961 cuando Estados Unidos define una política general para que los ejércitos de América latina asuman la DSN. Esta doble influencia directa diferencia a la experiencia argentina del resto de Latinoamérica. Antes de 1966 hay militarización de estructuras civiles y paradójicamente una tendencia, que se refuerza en 1976, a que las Fuerzas Armadas asuman tareas policiales en busca del “enemigo interno”. Si antes de la DSN las hipótesis de conflicto eran con países vecinos, después al enemigo se lo busca escondido en la población.

¿Ese quiebre es palpable, se ve en una norma concreta, o es gradual?
Es gradual. La DSN se va implementando en la estructura estatal y se formaliza con la ley de seguridad de 1967. Esa ley 16.970 asume explícitamente la DSN, es muy importante porque es la base de la estructura represiva en general y rigió hasta 1985.

Es decir que la DSN fue legal durante casi dos décadas.
Sí, tanto en gobiernos militares como civiles hubo una tendencia de esos aparatos y del Ejecutivo a brindar cierta legalidad a su accionar, a aprobar leyes para cubrir parte de esas actividades.

¿Hasta qué punto fueron útiles esas leyes para los objetivos que perseguían? Usted estudió también desapariciones en ese período.
Tanto en gobiernos civiles como militares, con distinto nivel de profundidad y masividad, alguna parte de la actividad represiva se coloca en un plano ambiguo respecto de la legalidad. Al analizar la cantidad de desapariciones entre 1970 y 1973 me interesaba ver cómo llega el Estado a colocar parte de su estructura en la clandestinidad y cómo se vincula con la parte legal. En la actividad de los servicios hay una tendencia a tener cierta legalidad, pero al mismo tiempo parte de su actividad bordea planos que escapan a la legalidad. Claro que una cosa es que esquivando las leyes secuestren a alguien y otra es que sea masivo como en la última dictadura.

¿En qué otras decisiones o normas se ve la profundización de las políticas represivas en esa época?
La ley de 1967 también centralizó los aparatos en manos del Ejecutivo e incluso creó una central de inteligencia. Aparte se aprobó cantidad de legislación represiva, especialmente después de 1969, frente al ascenso de la lucha social y política, y se creó el “Camarón”. El Ejecutivo tenía la sensación de que la Justicia Penal actuaba con demasiadas garantías y muy lentamente para los tiempos políticos, entonces creó una cámara con el objetivo explícito de perseguir lo que el Estado denominaba “delitos de subversión y terrorismo”. La Cámara fue el instrumento principal de aplicación de la legislación represiva aprobada en los años previos.

¿A qué conclusión llegó sobre las desapariciones a principios de los ’70? ¿Hasta qué punto es claro el rol del Estado?
Entre 1971 y 1973 hubo diez o doce desapariciones de carácter paraestatal, parapolicial, paramilitar, quiero decir servicios de inteligencia del Estado. No hay pruebas terminantes, pero sí indicios. En la mayoría de los casos da la sensación de que alguien muere en la mesa de torturas y el Estado lo hace desaparecer para borrar las pruebas. No hubo una política de desaparición, aunque en el caso de Luis Pujals, el primer desaparecido del ERP, en 1971, uno puede preguntarse si no la hubo. En esa etapa la masividad no se dio en las desapariciones pero sí en las detenciones, siempre en la ambigüedad legalidad-ilegalidad, ya que el Estado tardaba mucho en asumir su accionar. Hay cientos de detenidos que el Estado recién asume a los cinco o diez días, cuando “de golpe” aparecen en una comisaría.

¿Ningún tribunal avanzó en el esclarecimiento de las desapariciones?
En ninguno de esos casos hubo investigación y condena, ahí se puede ver cierta impunidad garantizada desde el Estado.

¿Cuando asume Cámpora tampoco se revisan estas desapariciones?
No, de hecho hubo un gran debate en la izquierda marxista sobre el continuismo. La excepción fue el crimen de (Angel) Brandazza, ahí hubo una causa que avanzó, pero ni con Trelew ni con los otros desaparecidos hubo algo parecido a una investigación. Desde el poder político hubo una clara defensa de la impunidad. Por eso es posible que el juicio por la Masacre de Trelew marque una señal con respecto a los otros crímenes de esa etapa y a la posibilidad de avanzar en ese sentido.

¿La masacre viene a coronar una política estatal?
Todos los indicios sugieren que la decisión se tomó desde el más alto nivel del poder político. La decisión tiene que ver con que la fuga de los principales dirigentes de las organizaciones había sido un golpe muy duro para la dictadura. Hay que tener presente que el lanzamiento del GAN no implicó que el nivel de represión sobre la extrema izquierda se atenúe, al revés: está por un lado el camino hacia la apertura política pero, al mismo tiempo, el reforzamiento de la represión, ya que ambas políticas buscan aislar a la guerrilla y a la izquierda revolucionaria. La Masacre de Trelew fue un acto extremo dentro de un contexto de ilegalidad, que generó mucho rechazo en la opinión pública. Si un objetivo central era aislar a la izquierda revolucionaria, la repercusión de la masacre y la versión poco creíble de los hechos derivaron en un fuerte aislamiento del gobierno.
22 de agosto de 2012
©página 12

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