[Proyecto de ley que aún espera ser aprobado supondría una severa limitación al acceso de la prensa y la opinión pública a temas relacionados con la seguridad nacional. Editorial NYT].
En respuesta a recientes revelaciones en los medios sobre la llamada lista negra de individuos sospechosos de actividades terroristas que deben ser eliminados con ataques de aviones no tripulados y otros asuntos de inteligencia, la Comisión de Inteligencia del Senado aprobó leyes desacertadas que restringirán severamente la cobertura de temas de la seguridad nacional.
Redactada en secreto, sin sesiones públicas, las disposiciones son parte de la ley de autorización de inteligencia para el año fiscal 2013. Si se promulga, el proyecto de ley socavará la democracia impidiendo el acceso de los estadounidenses a informaciones que son esenciales para el debate nacional sobre temas críticos, como el alcance de las atribuciones de espionaje del gobierno y el uso de la tortura.
De acuerdo a la moción, sólo el director, el subdirector y funcionarios de asuntos públicos de inteligencia designados podrán “proporcionar a la prensa información de fondo o extraoficial relacionada con actividades de inteligencia”. Las sesiones informativas sobre temas delicados de parte de funcionarios de carrera o de nivel más bajo, que no son mencionados por sus nombres, serán prohibidas, clausurando la recolección rutinaria de información e intercambios que entreguen información sobre las políticas del gobierno. Ninguna de estas actividades tradicionales de la prensa compromete la seguridad del país. No hay ninguna excepción diseñada para denunciantes u otros contactos con las organizaciones de prensa que fomenten la conciencia pública de operaciones del gobierno, incluyendo incidentes de derroche, fraude y abusos en la esfera de la inteligencia.
La ley también restringirá el flujo de información no confidencial. No hace ninguna distinción entre información que es propiamente confidencial y la vasta pila de información que no supone ningún riesgo nacional pero que ha sido declarada como secreto sólo gracias a un sistema disfuncional que abusa del sello del secreto para clasificar documentos oficiales.
El proyecto contiene una disposición constitucionalmente cuestionable que prohibirá a un amplio rango de ex funcionarios del gobierno hacer comentarios pagados, incluyendo artículos de opinión, sobre “asuntos concernientes a actividades de inteligencia secretas de cualquier elemento de la comunidad de inteligencia o de inteligencia relacionada con la seguridad nacional”. Sin embargo, el proyecto, que reforzará la capacidad de los altos funcionarios de hacer filtraciones motivadas políticamente, no ha sido diseñado para impedir revelaciones realmente dañinas para la seguridad nacional. Esas ya son ilegales en la legislación actual.
Otras inquietantes disposiciones exigirán avisar a las comisiones de inteligencia del Senado y de la Cámara sobre revelaciones de información de inteligencia y permitirán que el gobierno se deshaga de funcionarios de inteligencia que revelen incluso información clasificada inocua sobre sus pensiones.
La moción fue aprobada por la Comisión de Inteligencia del Senado con solo un voto disidente, el del senador Ron Wyden, demócrata de Oregon. Pero ha sido correctamente denunciada por ex funcionarios y organizaciones que abogan por las libertades civiles. La Casa Blanca y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes aún no entregan su respaldo. Eso ofrece alguna esperanza de que este peligroso proyecto pueda ser paralizado.
22 de agosto de 2012
3 de agosto de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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