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[Leyes permisivas en Estados Unidos toleran que dictadores corruptos y otros delincuentes laven su dinero en el país].

[Ken Silverstein] El 11 de junio el gobierno de Estados Unidos presentó un reclamo documentando un récord de corrupción tan escandaloso como se haya visto desde que Fernando e Imelda saquearan Filipinas en los años ochenta. La queja detallaba acusaciones de sobornos masivos y lavado de dinero practicados por el hijo y heredero del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Como ministro de silvicultura de su país, el joven Obiang, conocido como Teodorin, acumuló una fortuna obligando a las compañías madereras extranjeras a pagarle generosos sobornos, a menudo en maletas llenas de billetes.
Aunque Washington ha obtenido mejores resultados interrumpiendo el financiamiento de terroristas y privando de inversiones a gobiernos como los de Sudán e Irán, ha hecho poco para impedir que dictadores de turno y sus familias usen a Estados Unidos para guardar sus activos. Hasta ahora, Washington ha enviado a los dictadores aliados el mensaje de que puedes robar y aterrorizar a tu pueblo tanto como quieras mientras te mantengas en el poder. Congelaremos tus cuentas sólo si te derrocan.
Perseguir a Obiang es especialmente valiente porque Guinea Ecuatorial, el tercer productor de petróleo del África subsahariana, es un importante aliado en la energía. Compañías petroleras estadounidenses han invertido aquí miles de millones de dólares, extraen prácticamente todo su petróleo y embarcan una buena parte a Estados Unidos. Washington normalmente evita los potenciales problemas de su política exterior que surgen cuando se presiona a estados amigos a mejorar sus antecedentes en derechos humanos y probidad. Sin embargo, un alto funcionario del ministerio de Justicia, declaró que “Estados Unidos no será un escondite de riquezas mal habidas de los líderes corruptos del mundo”.
La queja del ministerio de Justicia es también una prueba crucial, porque si el gobierno de Estados Unidos no puede ganar un caso que implique a los Obiang, debería simplemente dejar de exigir cuentas a dictadores corruptos. El mensaje para los tiranos y oligarcas será: “Venga aquí y gaste sin temer que se las confisquemos, todo lo que quiera de sus ganancias”.
El padre de Obiang se hizo con el poder en 1979 y actualmente es el gobernante africano que lleva más tiempo en el poder. Desde entonces ha logrado acumular una fortuna de al menos seiscientos millones de dólares. (Entretanto, uno de cada tres de sus habitantes muere antes de los cuarenta años de edad).
Su hijo es infinitamente más codicioso. En 1993, el presidente Obiang otorgó a Teodorin –entonces de veinticuatro años- concesiones madereras de casi 36 mil hectáreas de selva tropical. Al año siguiente, fue nombrado ministro de silvicultura. Pese a disfrutar de un salario de menos de siete mil dólares al mes, Teodorin “gastó más de trescientos millones de dólares”, de acuerdo al ministerio de Justicia, “en la adquisición de bienes y propiedades en cuatro continentes entre 2000 y 2011”. En Estados Unidos, sus principales compras fueron una hacienda en Malibú de treinta millones de dólares y un avión privado de 38 millones de dólares –para no mencionar más de un millón de dólares en coleccionables de Michael Jackson, incluyendo un guante blanco cubierto de cristal. También compró una casa de ochenta millones de dólares en París, una propiedad de quince millones de dólares en San Pablo, casi seis millones de dólares en vino, y pinturas de Degas, Renoir y Gauguin.
Las compañías que le pagaron podían talar árboles donde quisieran, incluyendo reservas presuntamente protegidas por las leyes de Guinea Ecuatorial. Las compañías que se negaban a pagar sobornos eran expulsadas del país y les robaban sus propiedades y equipos.
Pese a estos sórdidos antecedentes, lagunas legales y abogados y contables estadounidenses complacientes permitieron a Obiang blanquear cuantiosas sumas de dinero en Estados Unidos.
La principal falla jurídica es que muchas jurisdicciones –desde las Islas Caimán hasta algunos estados estadounidenses- no exigen que las compañías revelen a sus verdaderos beneficiarios (en oposición a sus dueños oficiales, que actúan como fachadas). Dictadores y déspotas pueden por eso ocultar fácilmente sus capitales: en lugar de comprar propiedades con sus nombres, compran una mansión de propiedad, por ejemplo, de un fondo panameño controlado por una corporación de Bahamas que es gestionada por una compañía registrada en Lichtenstein.
Obiang contrataba abogados y contables para montar compañías ficticias con cuentas bancarias que eran utilizadas para blanquear dinero en Estados Unidos. Sus propios lazos eran mantenidos ocultos, de modo que los bancos no supieran que estaban manejando su dinero. Si descubrían sus vínculos, cerraban las cuentas, impulsándolo a emplear métodos todavía más astutos.
El senador Carl M. Levin, demócrata de Michigan, ha impulsado durante largo tiempo reformas que exigirían que compañías registradas en Estados Unidos revelen a sus verdaderos beneficiarios. El Banco Mundial, que descubrió que Estados Unidos es el principal destino de políticos corruptos que tratan de montar compañías ficticias para acceder al sistema financiero, apoya los mismos objetivos.
Sin embargo, el proyecto de Levin no ha llegado a ninguna parte gracias a la oposición de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Colegio de Abogados de Estados Unidos y el estado de Delaware, el principal paraíso fiscal de Estados Unidos, donde las corporaciones superan a las personas. “Ya no puedes abrir una cuenta en un banco respetable simplemente con una maleta llena de dinero”, escribió The Economist hace poco. “Apliquemos lo mismo para empezar una sociedad limitada”.
Déspotas y sinvergüenzas adoran llevar su dinero a Estados Unidos no sólo por el prestigio, sino también porque nuestras leyes sobre el secreto corporativo, como las de Suiza y Luxemburgo, hacen casi imposible que las agencias policiales descubran quién tiene dinero aquí.
Mientras permanezcan esas lagunas legales, incluso si el ministerio de Justicia gana su caso, no hay nada que impida que futuros Obiangs laven su dinero en Estados Unidos y usen el país como su centro comercial personal.
[El autor Ken Silverstein, es colaborador de Harper’s Magazine y miembro de Open Society Foundations.]
25 de agosto de 2012
3 de julio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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