[Montevideo, Uruguay] [América del Sur considera legalización de la marihuana].
[Damien Cave] La producción agrícola de este país incluye arroz, soya y trigo. Sin embargo, dentro de poco el gobierno podría ensuciarse las manos con un cultivo mucho más complicado –marihuana- como parte de un creciente movimiento en esta región para crear alternativas a la guerra de Estados Unidos contra las drogas ilícitas.
El famosamente rebelde presidente de Uruguay propuso primero la “legalización regulada y controlada de la marihuana” en un plan de seguridad dado a conocer el mes pasado. Y ahora aquí está todo el mundo hablando sobre el impacto potencial de su legalización en el mercado formal para la que Ronald Reagan definió alguna vez como “probablemente la droga más peligrosa que existe en Estados Unidos”.
“Es un cambio de visión profundo”, dijo Sebastián Sabini, uno de los legisladores que trabajan en la polémica propuesta anunciada por el presidente José Mujica el 20 de junio. “Queremos separar el mercado: a los usuarios de los traficantes, a la marihuana de otras drogas, como la heroína”.
En toda América Latina los presidentes, horrorizados por la propagación de la violencia relacionada con las drogas están reflexionando sobre lo que se pensaba que era inconcebible.
¿Descriminalizar todo, desde la heroína y cocaína hasta la marihuana? Las legislaturas brasileñas y argentinas piensan que ese sería el mejor modo para lograr que la policía se concentre en los traficantes en lugar de los adictos.
¿Legalizar y regular no solamente el consumo de drogas, sino también su transporte –quizás con cuantiosos aranceles sobre entregas en grandes cantidades? El presidente Otto Pérez Molina, de Guatemala, un pragmático ex general de ejército, llamó a discutir ese enfoque, mientras otros presidentes –de México, Belice y Colombia y otros países- también exigen un debate más amplio sobre un relajamiento de las leyes punitivas contra las drogas.
Uruguay ha llevado el experimento a otro nivel. Funcionarios de Naciones Unidas dicen que ningún otro país ha considerado seriamente la creación de un monopolio estatal para la marihuana y otras substancias prohibidas en 1961 por la Convención sobre Drogas Narcóticas de Naciones Unidas.
Eso convertiría a Uruguay en la primera república de la marihuana, superando a Holanda, que oficialmente ha tolerado la venta y consumo de marihuana desde 1976, y Portugal, que abolió todas las penas por consumo de drogas en 2001. Aquí, en contraste, se montaría una industria estatal, creada por funcionarios convencidos de que la oposición a la marihuana simplemente es una postura anticuada.
“En 1961, la televisión era en blanco y negro”, dijo Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional sobre Drogas de Uruguay. “Ahora tenemos la red”.
Pero deshacerse del hábito prohibicionista no es una tarea fácil. Incluso aquí en un pequeño país progresista de 3.3 millones de habitantes, la propuesta del presidente ha provocado una intensa oposición. Médicos, políticos rivales, usuarios de marihuana y funcionarios de seguridad han expresado todos su preocupación por la gestión de la marihuana y sobre si su legalización, o algo parecido, aceleraría el creciente problema de Uruguay con las adicciones y la delincuencia.
Mujica, 78, un bohemio ex guerrillero que conduce un Volkswagen Beetle de 1981, parece sorprendido por la respuesta. Este mes dijo que si la mayoría de los uruguayos no entienden el valor de la legalización, suspendería su plan mientras continúa trabajando en los detalles y en reunir el apoyo público. Pero este resuelto líder que pasó más de diez años en la cárcel como preso político, incluso cuando discutía sobre su aplazamiento, indicó que podría no estar dispuesto a rendirse, enfatizando que los consumidores de drogas “son esclavos de un mercado ilegal”.
“Siguen la ruta hacia la delincuencia porque no tienen el dinero”, dijo, “y se convierten en dealers porque no tienen otros medios económicos para satisfacer su adicción”.
Su gobierno, que tiene una discreta mayoría en el Parlamento, está avanzando. Uno de los asesores del presidente dijo este mes que el borrador del proyecto sería presentado dentro de unas semanas, y Calzada, entre muchos otros, ha estado trabajando duramente. Su escritorio está cubierto de notas manuscritas sobre los mercados de drogas locales. Tecnócrata de carrera con el largo y ralo cabello de un roquero entrado en edad, dijo que había estado ocupado calculando cuánta marihuana debe producir Uruguay para sacar a los comerciantes ilegales del negocio. Concluyó que con cerca de setenta mil consumidores mensuales, la producción debe ser de unos 2.300 kilos al mes.
“Tenemos que garantizar que todos nuestros usuarios puedan adquirir un producto de calidad”, dijo.
Agregó que la seguridad será otro reto. Los carteles de la droga protegen su producto ocultándolo y con la siempre presente amenaza de la violencia. Funcionarios uruguayos, incluyendo a Sabini –uno de los varios legisladores que admite abiertamente que ha fumado marihuana- favorece un enfoque más vecinal. Proponen permitir que los individuos cultiven marihuana para su propio uso sin fines de lucro, mientras los productores comerciales proveen el resto cultivándola en pequeñas parcelas que podrían ser fácilmente protegidas.
El gobierno también exigiría que los consumidores se inscriban para recibir tarjetas de inscripción para mantener a raya a los extranjeros –una idea influida por una nueva política holandesa, que restringe la venta de marihuana a los residentes legales- y para trazar y limitar las compras que efectúen uruguayos (quizás hasta cuarenta porros al mes, dicen funcionarios).
Finalmente, se instalarían sistemas para regular los niveles de THC, el ingrediente activo de la marihuana, e impuestos a los productores, dependiendo para su implementación de las agencias que regulan el tabaco, el alcohol y los fármacos.
Los funcionarios reconocen que para tratar de batir a barones de la droga como el mexicano Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, en su propio juego, Uruguay necesitaría cooptar a viejos enemigos y unir fuerzas con los mismos aficionados de las drogas que ha estado enviando a la cárcel durante años.
Esto quiere decir cortejar a personas como Juan Vaz. Un delgado programador informático de cabellos negros y padre de tres hijos que es quizás el activista de la marihuana más famoso de Uruguay, Vaz pasó once meses en prisión hace unos años después de haber sido capturado con cinco plantas de marihuana y 37 almácigos. En una entrevista, comparó la marihuana con el vino, y expresó interés y alarma ante los planes del gobierno. Dijo que le complacía ver al gobierno de Mujica enfrentarse al problema, pero como muchos otros, dijo que temía el control del estado.
El uso personal de la marihuana ya ha sido descriminalizado en Uruguay, así que Vaz, 45, dijo que la idea de crear un registro de productores y consumidores equivalía a un orwelliano retroceso. “Nos preocupa la violación de la privacidad”, dijo.
Otros productores y fumadores, que hablaron a condición de no ser identificados completamente, parecen más ansiosos de participar. Martín, 26, un barbudo programador cuyo armario lleno de plantas de marihuana daba un particular aroma al complejo de departamentos donde vive, dijo que sus amigos habían estado haciendo planes para iniciar una pequeña granja de marihuana.
Gabriel, 35, dealer y usuario que vive en el centro de la ciudad, dijo que acogía el mercado legal y esperaba que reprimiera el lado oscuro del negocio de las drogas. Dijo que había estado vendiendo marihuana intermitentemente durante quince años –cerca de un kilo al mes- y que la gente que le compraba lo habían presionado a menudo para vender drogas más peligrosas, como la pasta base de cocaína, una substancia parecida al crack que se ha popularizado salvajemente en la región desde 2001.
“La pasta base”, como se la llama aquí, es responsabilizada generalmente por el reciente aumento en Uruguay de la drogadicción y los delitos violentos, y Mujica ha dicho que la legalización de la marihuana rompería el ciclo de adicción y delincuencia que empieza cuando los usuarios se convierten en dealers.
Muchas personas de la comunidad del tratamiento de drogas tienen sus dudas. “Nunca te vas a deshacer del mercado negro”, dijo Pablo Rossi, director de la Fundación Manantiales, que dirige varios centros de tratamientos residenciales en Montevideo.
Pero Gabriel dijo que los grandes dealers se adaptarían inevitablemente. La pregunta es: ¿para bien o para mal? Quizás empiecen a vender cocaína más barata, dijo, provocando más problemas. O quizá se los pueda sacar totalmente del negocio de las drogas. Al menos de momento la mayoría de ellos parecen tenerle miedo al cambio: dijo que un kilo de marihuana cuesta ahora 470 pesos en Uruguay, de cerca de 375 pesos antes de que se anunciara la propuesta de legalización.
“Están tratando de hacer todo el dinero que pueden”, dijo Gabriel. “Creen que la legalización es inminente”.
[Emily Schmall contribuyó al reportaje desde Buenos Aires, y Lis Horta Moriconi desde Río de Janeiro.]
25 de agosto de 2012
30 de julio de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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