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[Santiago, Chile] [Voluntarios observan respeto de derechos humanos en manifestaciones en Chile].

[Pascale Bonnefoy] Aparecen en las manifestaciones estudiantiles que una vez más están llenando las calles y ocupando los liceos de Santiago, y en los hospitales y comisarías de policía donde terminan después los estudiantes: pequeñas tropas de observadores con cascos azules o blancos, armados con libretas, cámaras, grabadoras y máscaras antigás.
No están allá para unirse a los manifestantes o interferir, sino solamente para monitorear y registrar lo que ocurre cuando la policía reprime a los manifestantes –como han hecho con creciente violencia este año- y para ayudar a cualquiera que resulte herido o sea maltratado. Este mes, están más ocupados que nunca.
Los observadores voluntarios, conocidos como “los cascos”, son ciudadanos corrientes de todas las edades y clases sociales, profesionales y obreros, estudiantes universitarios y jubilados, algunos mayores de setenta años, que consideran que su trabajo es crucial.
“Tenemos que registrar la violencia que estamos observando”, dijo Marta Cisterna, 45, portavoz de una de las organizaciones de cascos, Observadores de Derechos Humanos. “Nadie está monitoreando las acciones de la policía”.
Cuando los estudiantes se movilizaron el año pasado para exigir una reforma del sistema de educación superior del país y la adopción de un sistema de educación pública gratuita, equitativa y de alta calidad, la respuesta oficial fue más restringida. Este año el gobierno ha declarado tolerancia cero para las ocupaciones de establecimientos educacionales, y ha enviado a fuerzas especiales de la policía para desalojar los edificios. Horas y días más tarde, los mismos liceos vuelven a ser ocupados, y la policía vuelve a desalojar, en un juego del gato y el ratón que produce a menudo violentos enfrentamientos y cientos de detenciones. Entretanto, pequeños grupos de estudiantes radicalizados montan barricadas, arrojan piedras y causan daños a la propiedad pública y privada.
Las marchas de protesta terminan usualmente en choques con la policía, que utiliza gases lacrimógenos y agua mezclada con químicos tóxicos para dispersar a los manifestantes y blande sus porras para detenerlos. Algunos estudiantes han sufrido lesiones en la cabeza, narices rotas, convulsiones y problemas respiratorios; algunos han sido aplastados por agentes de policía a caballo. Cada vez más, declaran las organizaciones de observadores, los detenidos denuncian actos de humillación sexual de parte de la policía.
Esa es la razón que explica la presencia de los observadores.
Antes de cada manifestación, se llaman a unos a otros para distribuir tareas y ubicaciones. En las calles, usan cascos con la marca DDHH así como grandes tarjetas credenciales colgando del cuello para dejar en claro su papel. Reciben adiestramiento jurídico básico y deben acatar reglas estrictas: no intervenir en los acontecimientos, no insultar a los agentes, trabajar siempre en parejas.
“La primera cosa que hacemos es acercarnos al oficial a cargo”, dijo Cisterna, logopeda. “Le decimos que estamos aquí para observar los procedimientos policiales. No intervenimos, no tratamos de quitarles a los detenidos, pero les hacemos saber que lo que hacen es ilegal o irregular, que no pueden golpear a la gente, que los estamos mirando y que sabemos sus nombres y sus números. Entonces nos prestan atención”.
Su organización fue una de las primeras en enviar observadores con cascos blancos. Los miembros de Sutra, un sindicato, también los llevan y monitorean a la policía en huelgas de trabajadores y protestas comunitarias así como en manifestaciones estudiantiles. Una tercera organización, creada el año pasado, Observadores y Defensores de Derechos Humanos, llevan cascos azules similares a los usados por las tropas de paz de Naciones Unidas. Un cuarto grupo fundado el mes pasado por estudiantes de Derecho también ofrecen ayuda jurídica a los detenidos.
Agosto los ha mantenido a todos ocupados. Los estudiantes ocuparon más de veinticinco liceos en Santiago y otras ciudades, y ocuparon el principal edificio de la Universidad de Chile y están en huelga en al menos otras ocho universidades. La semana pasada un grupo de estudiantes secundarios empezó una huelga de hambre, y otros se han encadenado a sí mismos a edificios oficiales y ocuparon las oficinas de la UNESCO en Santiago. El jueves pasado diez mil estudiantes marcharon desde catorce puntos diferentes en la capital; ciento cuarenta fueron detenidos.
Oficiales de Carabineros se negaron a comentar el trabajo de los observadores. Las organizaciones se coordinan libremente para cubrir más terreno y dar la voz de alarma sobre lugares candentes no observados. En combinación, las organizaciones de observadores cuentan con varias decenas de colaboradores.
Los organizadores de las manifestaciones tienen ahora el hábito de llamar a los cascos con antelación. “Se sienten más protegidos si estamos allá, aunque entienden que hay límites a lo que podemos hacer”, dijo Germán Chau, 66, instructor de educación de adultos que colabora con Observadores de Derechos Humanos.
Pese a esos límites, los cascos son a veces detenidos ellos mismos. Matías Sotelo, 23, ex estudiante de enfermería y voluntario de la Cruz Roja, fue detenido el 20 de junio mientras ayudaba a un estudiante que sufrió un paro respiratorio en una marcha. Sotelo dice que fue golpeado y subido a empujones a un bus policial con una docena de manifestantes, y luego encerrado en un calabozo en régimen de incomunicación durante ocho horas. Su detención y la distintiva cruz roja en su casco azul, que indica primeros auxilios, provocaron que fuera expulsado de la Cruz Roja chilena, dijo.
Los cascos fotografían lo que ven, y graban versiones orales de manifestantes y testigos. Apuntan las matrículas de los vehículos policiales y los nombres de los oficiales a cargo, y hacen un seguimiento de todos los detenidos. Gran parte de esa información es subida inmediatamente a la red a través de mensajes en Twitter. Continúan trabajando hasta que el último detenido es liberado por la policía.
“Algunas veces pasamos la noche entera en pie –no dormimos ni comemos mucho y gastamos nuestro dinero, pero tenemos que estar ahí”, dijo Luis Parra, 56, abogado y voluntario de Observadores de Derechos Humanos.
Las organizaciones escriben informes después de cada protesta y los envían la comisión parlamentaria de derechos humanos. Observadores de Derechos Humanos los reúne para entregarlos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Quizás más importante, dijo Cisterna, sus materiales pueden ser usados en tribunales. Un abogado de un estudiante que dijo que él y varios otros fueron torturados en una comisaría en febrero presentó el mes pasado los informes de los observadores como evidencias en un caso.
“También pudimos entrar a la comisaría y observar las condiciones de detención y grabar sus testimonios”, dijo Cisterna sobre los estudiantes. “Estamos hablando de torturas: los estudiantes denunciaron que los carabineros les habían obligado a meter la cabeza en los inodoros mientras les apuntaban con armas de fuego, algunos fueron golpeados hasta perder la conciencia y un agente de policía se bajó los pantalones para mostrarles los genitales. Estos estudiantes fueron prácticamente secuestrados, detenidos en un bus policial hasta ocho horas y la policía no reconoció su detención. Es por eso que tuvimos que aprender a usar Twitter para tener pruebas de la hora exacta de las detenciones”.
Todo empezó hace un año cuando una red de organizaciones de derechos humanos, preocupadas por los métodos de los carabineros, envió a dos miembros a observar un cacerolazo en una plaza, llevando las credenciales con el logo de cada organización.
“Algo pasó ese día”, dijo Cisterna. “La gente estaba curiosa y vinieron a mirar nuestras credenciales y a preguntar qué estábamos haciendo. Distribuimos volantes sobre los derechos de los detenidos”.
Alentadas, las organizaciones enviaron entonces a decenas de observadores a una huelga nacional en marzo, esta vez con cascos de seguridad blancos adquiridos en una ferretería y la idea ganó visibilidad y atrajo a más voluntarios.
“Es gratificante”, dijo Parra. “Los chicos aprecian nuestro trabajo porque no hay nadie más haciéndolo”.
2 de septiembre de 2012
27 de agosto de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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