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[Colombia] [Las tierras que podrían enredar al Fondo Ganadero de Córdoba.]

Si bien la decisión adoptada en septiembre de 2011 por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, con la cual ordenó restituir 15 fincas en la región de Tulapas, representó un avance significativo en la reparación a las víctimas del despojo, conocedores de este caso sostienen que todavía está lejos el día en que todas las víctimas de esta zona del Urabá antioqueño puedan regresar a sus tierras con los títulos de propiedad en la mano.
Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com afirman que uno de los capítulos más complejos en todo este proceso de despojo y que aún no ha sido tratado por la justicia es el que se relaciona con el Fondo Ganadero de Córdoba. El análisis realizado por la Superintendencia de Notariado y Registro a los folios de matrícula inmobiliaria de 1.400 predios rurales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo, encontró 103 casos de predios que fueron adjudicados por el Incora (algunos por el Incoder) y vendidos por sus adjudicatarios entre 1995 y 2007, mediante poderes entregados a terceros, a cinco personas naturales y una jurídica: El Fondo Ganadero de Córdoba.
Según supo VerdadAbierta.com, la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución de la Fiscalía avanza en la documentación de por lo menos 100 casos que involucran al Fondo y cuyas víctimas se encuentras desperdigadas por todo el Urabá antioqueño y cordobés.
El Fondo Ganadero de Córdoba es una sociedad anónima abierta de economía mixta de Derecho Privado. A diciembre de 31 de 2010, sus socios eran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el 15% de las acciones; el Departamento de Córdoba, con el 5% de participación accionaria; y por lo menos 3.120 accionistas más, entre ellas varias empresas privadas.
Solo en la Notaría Tercera de Montería reposan más de 50 escrituras de compraventa de igual número de fincas ubicadas en Las Tulapas. Muchas de ellas ya son reclamadas por campesinos que alegan haber sido desplazados por los paramilitares de Salvatore Mancuso y luego haber sido contactados por Sor Teresa Gómez u otros intermediarios, entre ellos, Guido Vargas, quienes al parecer actuaban a nombre y bajo indicaciones del jefe paramilitar.
La pregunta que tendrá que resolver el Ente Investigador es cómo fueron a parar más de 4.500 hectáreas de tierra que estaban en poder de lugartenientes y testaferros de los paramilitares a manos del Fondo Ganadero de Córdoba. Sin duda una de las claves para resolver este interrogante es nada menos que el exgerente de la Entidad, Benito Osorio Villadiego.
Oriundo de San Pelayo, Córdoba, Osorio Villadiego llegó a la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba en 1997, luego de ganarse un nombre en la política cordobesa, curiosamente, siempre a la sombra de grandes barones electorales de la región. Entre 1992 y 1994, por ejemplo, fue concejal del municipio de Cereté por el Partido Conservador, gracias al aval del dirigente Jorge Manzur Jattin. Pero una vez allí formó una rebelión contra éste que le costaría la relección. Pero un año más tarde, adhirió a la campaña a la gobernación del también conservador Carlos Buelvas Aldana, a la postre electo como mandatario regional. Osorio Villadiego sería su secretario de Gobierno entre los años 1995 y 1996.
En el gremio ganadero logró tal ascendencia que llegó a presidir la Federación Nacional de Fondos Ganaderos Nacionales, que agrupa a 25 de estos fondos de todo el país. Pero conforme crecía su poder en la Entidad también comenzó a ser un secreto a voces en los círculos políticos cordobeses su cercanía con algunos jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Vicente Castaño y Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. Fuentes periodísticas de la época señalan que Osorio Villadiego sostuvo encuentros con los máximos comandantes de las Auc a fin de impulsar un proyecto político en la región a finales de los años noventa.
Curiosamente, las sospechas sobre su cercanía con el paramilitarismo coincidieron con la intención del Fondo de comprar grandes extensiones de tierra, tal como consta en el acta No 1084 del 1 de diciembre de 1997. En ella, la Junta Directiva de la entidad aprobó de manera unánime la adquisición de tierras “acordes con la rentabilidad de la actividad ganadera” y cuyo costo no superara los 350.000 pesos. A esa sesión asistieron cinco directivos principales -Luis Gallo Restrepo, Benito Molina Velarde, Orlando Fuentes Hessén, Bernardo Vega Sánchez y Carlos Sotomayor Hodge-; un directivo suplente, Carlos Cabrales Guerra; y el gerente Benito Osorio Villadiego. Como secretaria participó Leonor Espitia Pérez.
Tal y como consta en el documento conocido por Verdadabierta.com, buena parte de las tierras que cumplían con los requisitos planteados por el Fondo se encontraban en los municipios de Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo, justamente, en la región de Tulapas.
Para materializar los negocios, la Junta Directiva del Fondo concedió un plazo de tres meses para que se adquirieran un mínimo de 3.000 hectáreas y para ello se les otorgaron plenos poderes para realizar los trámites, los desembolsos y las operaciones que fueran necesarias al presidente de la entidad, Benito Molina Velarde, y al entonces gerente, Benito Osorio Villadiego.
Gran parte de las escrituras que hoy reposan en notarias de Montería y Apartadó acreditan que las compras de tierras (varias de ellas masivas y hechas el mismo día) que realizó el Fondo Ganadero de Córdoba fueron suscritas entre los años 1997 y 1998. En todas ellas figuran las firmas de Osorio Villadiego y Sor Teresa Gómez. Por muchos de estos predios no se pagó más de ocho millones de pesos.
Pero debieron pasar 10 años para que la justicia posara sus ojos en el dirigente gremial. Y fue luego de un informe periodístico de la desaparecida revista Cambio que reveló conversaciones y encuentros del gerente del Fondo con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Por cuenta del escándalo mediático, Osorio Villadiego renunció el 19 de enero de 2008 al cargo de Gobernador encargado de Córdoba, al cual había sido designado el 28 de diciembre de 2007 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Tal y como lo han afirmado investigadores judiciales, Osorio Villadiego podría ser “la ficha clave” que permitiría entender el despojo de tierras en buena parte del Urabá antioqueño y cordobés y la infiltración de los paramilitares en el Fondo Ganadero de Córdoba. Y si bien el exdirigente se entregó a las autoridades en marzo de 2011, luego que una fiscal de la Unidad Antiterrorismo ordenara su captura en 2010 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, se ordenó su libertad en noviembre de 2011 por vencimiento de términos, lo que motivó el rechazo del Gobierno nacional, que presentó pruebas contundentes contra el líder gremial, y una investigación contra la fiscal que tomó la decisión de decretar su libertad.
No obstante, el proceso continuó y nuevamente fue detenido el 13 de marzo de este año, cuando Osorio Villadiego se presentó nuevamente ante la justicia para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos y lograr beneficios jurídicos. Ante los tribunales, deberá responder por la compra irregular de 132 predios cuando era gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, en los cuales aparece como intermediaria Sor Teresa Gómez.
En la actualidad, la Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución de la Fiscalía está trabajando en la documentación de los casos para conocer la magnitud del despojo, el alcance de la alianza macabra entre paramilitares y dirigentes gremiales ganaderos y determinar los responsables. A su vez, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en carta fechada el 9 de septiembre de 2011, le notificó a Benito Molina Velarde, presidente de la junta directiva del Fondo, y a Carlos Sotomayor Hodge, representante legal, que se abstuviera de transar las tierras correspondientes a la hacienda Tulapas.

Un Caso Dramático
Uno de esos casos de despojo de un predio que terminó en manos del Fondo Ganadero de Córdoba es el de Alberto*, quien al ver a decenas de sus antiguos vecinos unidos en torno a la causa de recuperar sus tierras por vías legales, terminó emprendiendo desde hace tres años una lucha valiente. Nació y creció en Las Tulapas. Fue allá dónde conoció a su esposa y dónde compró un pedazo de tierra para levantar a sus hijos: un predio de 17 hectáreas en la vereda Cielo Azul, de Turbo, que su suegro le vendió en 1989. Aún recuerda cuánto pagó por esa tierra: 150 mil pesos. “Mi suegro fue de los primeros que llegó a Las Tulapas y en ese tiempo la gente cogía la tierra que necesitaba. El Incora le adjudicó como 40 hectáreas por allá en 1978, algo así. Cuando me casé, yo tenía una platica ahorrada y le propuse negocio. Esa finca la tenía la mitad en potrero para ganado y la otra mitad la tenía sembrada con yuca y plátano”, cuenta.
Años después las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) ingresaron a su vereda buscando guerrilleros. Alberto recuerda que les decían “los mochacabezas”, en clara alusión a lo que hacían por los caseríos por donde pasaban. Aguantó la presión hasta 1996. Una mañana de diciembre de ese año los paramilitares le dijeron que “no respondían si me quedaba, que la cosa se iba poner peor de lo estaba”.
Días antes había visto caer a un vecino, semanas atrás había visto partir a varias familias y llevaba meses escondiéndose de los intensos combates que se presentaban en su vereda; no le quedó otra cosa más por hacer. Él, su esposa y sus dos hijos buscaron refugio en el corregimiento Pueblo Bello, de Turbo, pero la tranquilidad les duró ocho meses. “Allá la cosa se puso peor. Nos tocó desplazarnos con mi mamá a San Pedro de Urabá”, narra Alberto.
Hasta este pueblo llegó un hombre a buscarlo, un día de junio de 2000, diciéndole que venía recomendado por un viejo conocido de ambos: Guido Vargas. Para Alberto, “Guido era un vecino, un conocido. Tenía buenas referencias de él. Así que cuando el hombre me dijo que venía de parte de él, pues yo lo atendí. Me dijo: ‘mira, es que hay una entidad muy seria que está comprando tierras, y Guido me dijo que te preguntara si querías vender”.
“Hombre, la verdad, yo no quería vender. Pero viendo a la familia aguantar hambre. Fuera de eso ya habían hablado con mi suegro y él también iba a vender, pues dije: ‘será’. Pero entonces yo le dije al tipo: ‘está bien, te la vendo a tanto. Y él me dijo: ¡nooo, eso no vale eso!, te pago a 30.000 pesos la hectárea y ya’. Y el tipo me decía: ‘mira que tú por allá no vas a volver, eso está muy peligroso; además, tú no tienes plata pa’volve’ a levantar eso. ¡Mejor que vendas!’ Hombre, no me quedó de otra”.
El negocio se cerró días después en su casa. El enviado de Vargas llegó con 500 mil pesos en efectivo. A Alberto solo le pidieron la escritura de cuando le compró a su suegro. Le dijeron que meses después recibiría un millón de pesos más pero tres años después, el mismo tipo con quien hizo la transacción solo le entregó 700 mil pesos.
“Hombre, si hubiera vendido bien, diga usted, que me hubieran dado veinte millones de pesos, hasta estaría uno tranquilo. Pero eso así, como a las malas, y que te digan: ‘te pago a tanto y ya. Tu verás si vendes tu o tu viuda me vende más barato’, como me enteré después que le dijeron a unos vecinos míos, eso es triste. Por eso estoy metido en este cuento, pa’que la justicia me diga si ese negocio fue legal o no”, afirma el labriego, quien hace 15 años no ve con sus propios ojos la tierra que un día fue suya.
“Si la justicia me devuelve la finca yo me devuelvo pa’allá. ¿Cómo veo la cosa? Pues ahora hay más esperanza que hace ocho años. Ya por lo menos la Fiscalía me pidió unos papeles y estuve dando una declaración. Hay que esperar que llamen a audiencia. ¿Quién está en mi finca? El Fondo Ganadero de Córdoba. Eso lo tienen sembrado en pura (madera) Teca”.
[* Nombre cambiado por razones de seguridad].
13 de septiembre de 2012
cc verdad abierta

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