un negocio entre paras

[Colombia] [Los negocios tras la desmovilización de los paramilitares].

La desmovilización de los bloques de las Auc, Bananero en noviembre de 2004 y Elmer Cárdenas (Bec) en abril de 2006, significó que 1.990 combatientes de ambas organizaciones dejaran las armas. En total, entregaron sus armas 447 personas del primero, y 1.583, del segundo, según Alta Consejería para la Reincorporación a la Civilidad. Casi la totalidad de estos desmovilizados eran de la región de Urabá, lo que significó un reto institucional para el gobierno Uribe.
Pero la preocupación de cómo encontrarle empleo a tanto desmovilizado no era sólo del Estado. Una vez se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el gobierno y el estado mayor de las Auc, el máximo jefe del Bec, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, dispuso la compra de tierras en el Urabá antioqueño para adelantar allí proyectos productivos una vez consolidado el proceso de desmovilización. La región escogida fue, justamente, Las Tulapas. A través de otro paramilitar, alias ‘Carlos Correa’, se hicieron los contactos para la adquisición de predios, como lo reconoció el propio alias ‘El Alemán’ en una audiencia de Justicia y Paz efectuada en Medellín el 10 de febrero de 2011.
“A principios del 2005, el señor Carlos Ardila o (alias) Carlos Correa me envió a un señor de nombre Antonio Meléndez Correa para que yo hablara con él porque esta persona podía tener las tierras ubicadas en la zona de Tulapas. Yo me reuní con esta persona. Nos pusimos de acuerdo en unas 700 hectáreas por el valor de 250 millones de pesos”, explicó alias ‘El Alemán’.
Una vez hecho el acuerdo, el entonces jefe del Bec designó a dos sus lugartenientes, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto León Atehortúa Salinas, para que perfeccionaran el negocio con Meléndez. La tarea de este último consistió en servir de representante de los propietarios de los predios ante los compradores enviados por ‘El Alemán’. Y en efecto, se acordó transar 15 fincas ubicados en las veredas Las Naranjas, Isaías y San Juan Tulapas, de Turbo.
Lo particular del acuerdo es que estos predios habían sido arrebatados a sus dueños años atrás por Salvatore Mancuso. A mediados de los años noventa, el jefe paramilitar le ordenó a uno de sus lugartenientes de nombre Benjamín Alvarado Bracamonte, adquirir tierras en Las Tulapas. Un labriego de la zona de nombre Guido Vargas sirvió de intermediario en las transacciones. Fueron cientos las hectáreas de tierra que quedaron bajo el dominio de Mancuso bajo la misma modalidad: Vargas se encargaba de contactar a las familias que previamente habían sido expulsadas de la región; luego, Bracamonte les entregaba sumas que no sobrepasaban el millón de pesos y las titulaba a su nombre.
Así, Meléndez terminó negociando las fincas en poder de Alvarado Bracamonte, quien para el año 2005, aparecía en escrituras públicas como propietario de tres de ellas. En las restantes, la titularidad en escrituras públicas aún figuraba a nombre de sus legítimos dueños. Meléndez se encargó entonces de perfeccionar poderes especiales a fin de poder cerrar el trato con los hombres de ‘El Alemán’.
Entre el 9 y el 25 de abril de ese año se autenticaron en la Notaría Única de Apartadó un total de 14 poderes. Uno más se hizo el 15 de mayo. En ellos se dejó constancia que los comisionistas Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge Eljach Zuñiga y Fabián Darley Roldán Villa contaban con autorización de las familias desplazadas, e incluso de Alvarado Bracamonte, para negociar sus predios con Humberto León Atehortúa Salinas.
El 26 de diciembre de 2005, según escritura 1563 de la Notaría Única de Apartadó, Atehortúa Salinas adquirió por valor de 250 millones de pesos estas tierras, unas 750 hectáreas que luego recibieron el nombre de Hacienda La Ponderosa. Para ratificar su compromiso con la Ley de Justicia y Paz, ‘El Alemán’ decidió, en 2009, entregar esa hacienda al Fondo de Reparación para las Víctimas, la cual fue recibida a satisfacción por la Agencia Presidencial Acción Social (hoy Agencia para la Prosperidad Social), a pesar de la historia de despojo que encerraba.
Una fiscal de Justicia y Paz, encargada de documentar los crímenes cometidos por las Auc en el Urabá antioqueño, encontró llamativo el hecho de que sobre La Ponderosa existieran denuncias de restitución instauradas por campesinos víctimas de desplazamiento quienes afirmaron ante el ente Investigador “haberse visto obligados a vender su tierra por las presiones de los paramilitares y sus comisionistas”.
La Unidad de Persecución de Bienes para la Restitución, creada por la entonces fiscal general Viviane Morales para agilizar las investigaciones sobre despojo de tierras, tomó cartas en el asunto y fue así como gracias al material recopilado durante dos años de investigación, logró que un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín ordenara restituir estos 15 predios, tras encontrar que fueron adquiridos de manera fraudulenta.
La fiscalía logró demostrar en este proceso que los poderes utilizados por los comisionistas fueron falsificados. Las adulteraciones llegaron a puntos tan sorprendentes como indignantes, como en el caso de Porfilde Galván Guerra, quien falleció un 2 de junio de 1993 pero quien se levantó de entre los muertos un 15 de mayo de 2005 para conferirle un poder especial a Fabián Darley Roldán Villa para que negociara con Salinas Atehortúa la finca La Paz, de 37 hectáreas.
O como en el caso de Manuel Francisco Mercado, quien abandonó su finca “No Hay como Dios”, ubicada en la vereda La Naranja, de Turbo, en 1995 por amenazas directas contra su vida. Dos años después fue contactado por Guido Vargas para que vendiera su finca, con el pretexto de que esos territorios eran tierra de nadie y que era mejor rescatar, aunque fuera poco, que no perderlo todo. Manuel Francisco autorizó a su hijo Manuel Mercado para que cerrara el trato.
“Tuve que ir hasta San Pedro de Urabá. Guido me dijo que por nuestra finca nos iban a dar 3 millones 200 mil pesos Eso era muy poquita plata pero, ¿qué íbamos a hacer? La plata me la entregó toda juntica ese día. Yo le pregunté qué tenía que firmar y me dijo: nada, tranquilo. Deja eso así. Después apareció que mi papá le había dado un poder en (25 de abril de) 2005 a un señor Carlos Alberto Grajales para que vendiera la finca. Sí él nunca fue a una notaría. Ni siquiera va a Apartadó. Afortunadamente la justicia demostró que esos poderes eran falsos”, concluye Manuel.
14 de septiembre de 2012
cc verdad abierta