Home

[Colombia] [Por despojo de tierras en Chibolo. Llaman a juicio a siete ex funcionarios del Incora acusados de ser cómplices de ‘Jorge 40’ en el despojo de miles de hectáreas en Magdalena y piden la captura de tres más.]

La Fiscalía acusó a siete ex funcionarios del Incora -hoy Incoder- por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, falsedad en documentos público y supresión u ocultamiento de documento público.
Los acusados son José Fernando Mercado Polo, ex gerente del Incora en Magdalena; Carlos Vásquez Vásquez, coordinador del Grupo de Gestión en el municipio de Fundación; Luz Zenith Curiel de Sánchez, ex asesora jurídica; Édgar Rafael Navarro Quintero, coordinador Administrativo y Financiero; Francisco Solano Díaz, funcionario de Cartera, y Antonio Lomato Morán, funcionario del desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, entre 2002 y 2003, en el municipio de Chibolo, ocurrieron casos de despojo de tierras cuando el gerente de la regional del Incora, con la colaboración de varios de sus funcionarios, decretó nulidades y adjudicaciones de predios de campesinos desplazados por paramilitares del Bloque Norte, que terminaron beneficiando a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Para el ente acusador, “por medio de esas nulidades y adjudicaciones llegaron a poder de Tovar Pupo 61 predios de Chivolo como las fincas y haciendas La Pola, El Pavo, El Encanto, Bejuco Prieto, Nuevo Horizonte, La Florida, Cambio de Vida, La Unión, Vayan Viendo, El Revolcón, La Envidia, Nueva Vida, Tamaca, Lucitania, Las Mercedes y Santa Fe, entre otras”.
Dentro de este proceso, el fiscal del caso mantuvo las medidas de aseguramiento contra seis de los implicados y dictó orden de captura en contra de Carlos Vásquez Vásquez, Francisco Solano Díaz y Édgar Rafael Navarro Quintero. También son procesados Fredys Alonso Yance de Angel y Ricardo Salazar Echeverry, presuntos trabajadores de ‘Jorge 40’.
Esta investigación se desprende de una compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia en enero de 2011, mediante un fallo en el que ordenó la restitución de 36 predios que fueron despojados y estaban en manos de gente de ‘Jorge 40’.
En ese momento, el alto tribunal estimó que eran falsas las razones invocadas por el Incoder para reasignar los predios que, entre 2002 y 2003, les fueron quitados a los campesinos por abandono, y terminaron en manos de testaferros de los paramilitares.
Ese caso ya había sido presentado en julio de 2010 ante un magistrado de Justicia y Paz en Barranquilla, que se abstuvo de tomar la decisión de restituir las tierras. La Corte dijo que “el juez tiene el deber constitucional y legal de imponerle coactivamente a los morosos el cumplimiento de sus obligaciones, porque de lo contrario (…) Justicia y Paz no podrá alcanzar sus metas”.

La Historia del Despojo
En 1997, ‘Jorge 40’ se instaló en la finca La Pola, una de las que fue adjudicada a 72 familias de parceleros en 1991, y de allí orquestaba sus macabros planes de asesinatos y masacres.
Según le contaron a VerdadAbierta.com los propios campesinos, los paramilitares se tomaron el corregimiento de Pueblo Nuevo y en menos de dos años- entre 1996 y 1997- asesinaron a varios de ellos de El Pueblito, San Ángel, Chivolo y La Estrella: a Víctor Cantillo Jiménez, José Montenegro Manga, Alonso Martínez, Miguel Avendaño Martínez, Antonio Mendinueta Barrios, Miguel Palencia, Luis Alfonso Fernández de Agua, Alberto Zolar, Laura Acuña, Humberto Noriega, Lorenzo Ariza, Juan Marriaga, Yonis Marriaga, Orlando Buelvas Cervantes, Manuel Pérez, Dionisio Jaraba y Manuel de la Cruz de la Hoz, entre muchos otros.
Estas tierras fueron tituladas a parceleros por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) en los noventa. Les revocaron los títulos por abandono luego de que ‘Jorge 40’ y sus hombres asesinaran a varios de ellos, los desplazaran, y los obligaron a venderle o traspasarle sus títulos a testaferros de los ‘paras’.
Escudados por las armas de ‘40’, llegaron Augusto ‘Tuto’ Castro, Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco Pacheco alias ‘Don Armando’, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias ‘Doña Sonia’ o ‘La Sombrerona’ y Ómar Montero Martínez alias ‘Codazzi’ intimidando a los campesinos y obligándolos a vender sus parcelas por precios irrisorios.
“Los campesinos eran señalados como colaboradores de la guerrilla y empezaron a recibir ofertas por sus tierras de hombres de ‘Jorge 40’”, dice uno de los campesinos despojados entrevistados por VerdadAbierta.com
El 15 de julio del 1997, ‘Jorge 40′ ordenó a sus hombres que reunieran a todos los campesinos que vivían en las fincas La Pola, El Encanto y La Palizua, entre otras, y les dijo que tenían 15 días para desocupar. En esa reunión estaba el profesor Ricardo Barrios quien fue retenido por hombres de ’40’ y apareció asesinado al día siguiente. También asesinaron a José de Jesús Henao, quien tenía propiedades en el predio El Radio y lo acusaron de ser colaborador de la guerrilla. Su objetivo primordial, era ya obvio, no era combatir a la guerrilla, sino hacerse a las mejores tierras de la región.
En un allanamiento del 28 de julio de 2006 la Fiscalía encontró documentos que prueban el despojo de 36 predios en Chibolo, adjudicados por el Incora en 1991 a campesinos sin tierra.
El abandono fue una de las formas que los ‘paras’ usaron para robar tierras a los campesinos. Como el Incora les había otorgado los títulos, la ley precisaba que estos no podían ser ni vendidos ni traspasados antes de 15 años. La única forma era declararlos abandonados por sus dueños y reasignarlos.
Los ‘paras’ masacraron, asesinaron, desaparecieron, saquearon y desplazaron para que los funcionarios del Incoder, muchas veces cómplices, vinieran unos meses después a constatar el abandono.
Una vez que los campesinos se atrevieron a denunciar del despojo, el Programa de Tierras de Acción Social documentó el caso y solicitó la protección de los predios robados por los hombres de ’40’. Con estas medidas se inició el trámite para la restitución de los predios en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, en donde inicialmente se negó la devolución de los predios.
Finalmente, el 21 de enero de 2011 la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Incoder revocar los títulos fraudulentos de 36 predios y ordenó compulsar copias a un fiscal de la Unidad Antiterrorismo para investigar a los funcionarios del Incoder Magdalena que intervinieron en la titulación fraudulenta.
16 de septiembre de 2012
13 de septiembre de 2012
cc verdad abierta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s