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[Diputado presenta proyecto de ley para prohibir que autoridades edilicias continúen con sus matanzas de perros].

[Claudio Lísperguer] Hace unos días el diputado de la UDI, Javier Hernández (de Osorno), presentó un proyecto de ley para evitar las matanzas de perros vagos. La iniciativa es loable.1 Lo que ahora debemos saber es si es necesaria y si es realista.
Los fundamentos del proyecto de ley son frágiles, porque define el problema de los perros de la calle como un problema de sobrepoblación canina, el que a su vez se derivaría de la irresponsabilidad de los dueños y de la falta de control oficial de los perros callejeros. Lo primero es dudoso. Nadie ha probado nunca que haya sobrepoblación canina en Chile. Hay perros en las calles, y a veces se concentran en plazas y calles comerciales, pero eso no quiere decir que haya sobrepoblación. Y, ¿cómo se determina exactamente la sobrepoblación? ¿Cuántos perros por humano se necesitan para hablar de sobrepoblación? ¿Un perro por humano, cinco perros por humano, once perros por humano? En Chile no creo que lleguemos siquiera a un perro por humano, y eso no permite hablar de sobrepoblación. Estudios de este tipo no se han hecho nunca en el país. En cuanto a la irresponsabilidad de los dueños: la imputación o explicación se deriva de la creencia de que los perros en situación de calle, o al menos la mayoría de ellos, son perros abandonados. La verdad es que los perros abandonados son los menos; la mayoría de los perros que llamamos abandonados son en realidad perdidos. Si el problema de la sobrepoblación no existe, ¿de qué estamos hablando?
Los animalistas definirían el problema de otro modo. No es la sobrepoblación el problema, sino el sufrimiento de los perros perdidos y sus familias humanas. En Chile es particularmente grave, porque ni hay centros de búsqueda o rencuentro familiar municipales –excepto algunas páginas web de grupos privados- ni tienen las personas demasiado tiempo. Si el perro no es encontrado en las horas siguientes a su extravío, lo más probable es que pase a integrar las filas de los perros vagos. Así que para solucionar este problema tan urgente que es el extravío, las estrategias a adoptar pueden ser múltiples: la creación del registro canino obligatorio más chip de identidad; la creación de páginas web municipales donde los vecinos puedan subir las fotos de las mascotas extraviadas con datos que ayuden a su recuperación; y la creación de una red de caniles municipales y ciudadanos donde los perros hallados en la calle puedan ser atendidos y albergados mientras se busca a sus tutores. Además, se podría considerar poner límites a la crianza comercial de perros de raza, durante un tiempo o permanentemente, de tal modo que los perros de refugio tengan una mayor posibilidad de ser adoptados. En Chile, como en otros países, probablemente la cantidad de personas que piensa adquirir un perro es muy suferior a la de perros perdidos y abandonados.

El abandono es grave, pero menos habitual de lo que se cree. Pero aun en el caso del abandono, lo que debemos hacer si queremos ser realistas es identificar las causas del abandono, antes que dedicarnos a demonizar a las personas que no ven en algún momento otra solución. Las personas abandonan a sus perros por muchas razones: si el perro enferma, quizá no puedan pagar el tratamiento ni encontrar o ni siquiera buscar ayuda o una familia que lo adopte; el perro puede haber tenido conductas agresivas y no tiene recursos (o ni siquiera saben de la posibilidad) para educarlos (eso lo haría un encantador de perros, que es toda una disciplina que las universidades deberían fomentar) o rehabilitarlos; la familia no tiene dinero para seguir sustentándolo y el temor al repudio o la vergüenza empuja a sus miembros a abandonarlo lo más lejos posible; el perro ha destruido algunos bienes valiosos, y la familia nuevamente no sabe cómo reducarlo; el dueño o dueña enferma y no puede cuidar del perro; la familia debe mudarse y en la nueva ubicación no puede llevar mascotas, y no han podido ni intentado buscar una familia adoptiva. Seguramente hay muchas otras razones. Nada justifica que se abandone a una mascota, que es tan grave e inhumano como abandonar a un bebé humano en la calle. Pero en lugar de denostar a las personas en esa situación, deberíamos buscar el modo de evitar que lleguen a tomar esa decisión.
Actualmente, una familia con problemas de este tipo con sus mascotas no tiene dónde ir. A diferencia de los problemas con humanos, a quienes les pueden asistir asistentes sociales en las municipalidades, para los problemas con los perros no existe ninguna instancia que oriente o asesore a los dueños. Un servicio médico-veterinario gratuito o de consultas y tratamiento subsidiado haría mucho evitando el abandono por enfermedad. Pero los asistentes sociales harían bien tratando los otros motivos por los que los perros son abandonados, que son en general cambios radicales en las circunstancias de las familias humanas.

Pero el diputado Hernández no se equivoca cuando denuncia que las matanzas de perros son cometidas por las autoridades, pese a que según las leyes es un delito grave (castigado con hasta tres años de cárcel). El maltrato animal, dice, “está sancionado [penalizado] por ley en Chile, y resulta improcedente que las autoridades sanitarias y municipales adopten programas que contemplen matanzas de perros callejeros. Esos actos no los podemos avalar de ninguna forma. Si tomamos acciones para enfrentar este problema, estas tienen que fundarse en el respeto a la vida y en la generación de una cultura social frente al tema”. Todavía están grabadas en nuestra memoria las imágenes de la matanza de perros en San Joaquín, Santiago, que se atribuye obviamente al alcalde de esa comuna, Sergio Echeverría. El alcalde no ha sido llevado a juicio; al contrario, acusa inverosímilmente a un ex subalterno. No es el único. Muchos alcaldes parias se hacen culpables de este delito, que tratan de ocultar por todos los medios, contratando a veces a terceros para hacer el trabajo sucio.

¿Pero es la matanza de perros ilegal? Según una interpretación de la ley, pero fundamentalmente la jurisprudencia administrativa (los dictámenes de la Contraloría, que tienen fuerza de ley), matar a un perro sano o eliminar a perros con el propósito de controlar la población canina constituye delito de maltrato. En realidad, no hay nada que permita matar legalmente a un perro, menos aun en grupos. Las únicas causales para aplicar la eutanasia a un perro, en casos puntuales, son que persistan sus síntomas de rabia durante diez días de observación y que represente algún peligro inminente para la población humana o animal. Sólo el seremi de Salud tiene autoridad para disponer del destino de un perro, y sólo en las condiciones descritas. Toda otra muerte de un can es derechamente un delito.
Este punto es de enorme importancia. Hace unas semanas circularon rumores de que, en el juicio por la matanza de San Joaquín, el nuevo fiscal estudiaba si durante la matanza se había cometido el delito de maltrato. Debe de ser un fiscal sin experiencia, o de escuálida formación profesional para no saber que la matanza en sí misma (cometida por orden del alcalde para deshacerse de los perros vagos por razones de ornato público) es un delito grave y que las circunstancias de la muerte (que los hayan metido a bolsas de plástico todavía agonizando, que los funcionarios municipales no habían sido adiestrados para colocar inyecciones y colocándolas azarosamente causaron dolores innecesarios a los perros, o que hayan usado una solución eutanásica adulterada o aguada, porque los funcionarios ofrecían servicios particulares de exterminio de perros y usaban el veneno de la municipalidad) sólo agravan el delito. Si el juez aceptara esta aberración jurídica, los animalistas podrán llevarle a juicio por prevaricación y estropearle su carrera en el poder judicial, pero lo más importante es que se habrá perdido una oportunidad para dejar en claro hasta dónde pueden llegar las autoridades en su funesta interpretación del control.

El diputado Hernández piensa que la solución al problema de la sobrepoblación es la esterilización.2 Aunque no exista esta sobrepoblación, la esterilización no es inútil. Si queremos difundir una nueva cultura en la relación humano-animal, evidentemente tenemos que limitar la cantidad de cachorros. Pero aun así, la solución más evidente al sufrimiento de los perros en situación de calle en estos momentos no es la esterilización, sino la adopción de los que se encuentran desamparados. Aunque hay muchos intereses que rechazan la adopción como estrategia principal, es en realidad la única que se ha demostrado exitosa (como en Ñuñoa, donde voluntarios y funcionarios implementan una política de comuna Sacrificio Cero, que incluye una campaña permanente de adopción que ha logrado colocar en familias adoptivas a más de mil perros en dos años y un programa igual de efectivo de reunificación familiar para los perros perdidos). Es verdad que requiere el trabajo conjunto de autoridades y ciudadanos, cosa que no es siempre posible en las comunas donde las autoridades cometen todo tipo de atrocidades con los perros (por ejemplo, aparte del caso extremo de San Joaquín, algunos alcaldes –como los de Viña del Mar y Olmué- prohíben alimentar a los perros de la calle, sin ofrecer a cambio ninguna solución para los perros de la calle). Autoridades que entiendan el problema, y ciudadanos dispuestos a arremangarse como voluntarios para trabajar en los caniles u hogares temporales y en campañas permanentes de adopción, nos pondrían derechamente más cerca de la solución, que es que todos los perros de la calle puedan vivir en el seno de una familia humana, como otros de sus miembros.
Dicho todo esto, creo que el proyecto, aunque parezca redundante, debería ser considerado seriamente. Es mucho mejor una ley que prohíba expresamente la matanza de perros y otros animales domésticos, que discutir cada vez interminablemente sobre cómo interpretar las leyes existentes, que son bien intencionadas y redactadas y promulgadas de buena fe, pero que aún toleran interpretaciones aberrantes y contradictorias. Es bueno también que las municipalidades sean obligadas por ley a encarar, junto con los ciudadanos, el problema de los perros en situación de calle. Una ley como la que propone el diputado Hernández no nos haría nada de mal, aunque sus fundamentos deberían ser mejorados.

Notas
1. Aunque llama la atención: el diputado es miembro del partido de la dictadura, que participó sin reparos y apoyó al régimen de extrema derecha que convirtió en política estatal el exterminio de grupos de la población civil humana. Resulta al menos curioso que políticos que justifican el exterminio de ciertos grupos humanos, aparezcan ahora como defensores de la vida, y en particular de la vida animal y de los perros. Sea. No quiero decir con esto que no son fiables o que son hipócritas. Sólo digo que es curioso. Me alegra que políticos de extrema derecha entiendan el respeto por la vida, aunque creo que es contradictorio. Militantes pinochetistas adiestraban a perros para violar a los detenidos durante la dictadura. Este es un capítulo que ciertamente debemos resolver.

2. Tampoco se trata de esterilizar solamente a los perros callejeros. Es sabido que estos apenas si se reproducen. Los perros que están en la calle provienen habitualmente de hogares humanos, y son esos perros los que deben ser urgentemente esterilizados. El perro que se reproduce en la calle es prácticamente no existente. Muchas veces, es el embarazo indeseado de una perrita con dueño lo que provoca su irracional abandono. Y, al contrario, muchas veces la gente adopta por piedad a los cachorros de una perrita que ha parido en la calle.
lísperguer

2 pensamientos en “ley contra la matanza de perros

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