[A las críticas de The New York Times y de The Financial Times sobre la falta de profesionalismo y manipulación política evidentes en la encuesta CASEN, se suman ahora los reproches de The Economist, que concluye que el escándalo pone en entredicho la seriedad de las políticas económicas del gobierno chileno y la fiabilidad de sus estadísticas].
Hace unos días El Mercurio de Antofagasta publicaba una pequeña nota sobre las repercusiones que tuvo en el extranjero el escándalo sobre la manipulación de la metodología y cifras de la encuesta CASEN –la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que realiza desde 1985 el Ministerio de Desarrollo Social, encargándola a la CEPAL -la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. El escándalo estalló cuando el gobierno anunció que, sobre la base de la encuesta, la pobreza en Chile se había reducido, lo que aparentemente debería indicar que la estrategia de reducción de la pobreza en el país estaba dando resultados. El presidente Piñera convocó a una rueda de prensa para destacar que la pobreza había descendido del 15 por ciento al 14,4 por ciento.
Originalmente el resultado de la encuesta constataba un 15 por ciento de pobreza, no un 14,4 por ciento. A ese resultado modificado se llegó cuando el gobierno insistió ante la CEPAL que incluyera una nueva pregunta, petición que la CEPAL desdeñó inicialmente porque, de incluirse, sus resultados no podrían compararse con los de encuestas de años anteriores y consecuentemente no se podría determinar el nivel de pobreza. Pero el gobierno volvió a insistir. Incluida la pregunta adicional, dos de los directores –Juan Carlos Feres y Andrés Hernando- encargados por la CEPAL de la encuesta renunciaron.
Según lo que informó la prensa, en las semanas y meses previos a la realización de la encuesta (la primera encuesta de la CEPAL se había realizado en julio), el gobierno, aparentemente con el propósito de influir en las mediciones, otorgó dos bonos a las personas más vulnerables: una asignación social de diez mil pesos (veinte dólares) y un bono para la mujer trabajadora de 24.600 pesos por año trabajado (cerca de cincuenta dólares). Los bonos implicaron disminución artificial de la pobreza del 0,2 por ciento.
Pero, además, era evidente que de los resultados era imposible concluir que la pobreza había bajado, porque la diferencia entre los resultados de la encuesta anterior de 2009 y la reciente manipulada de 2012 era demasiado pequeña (en julio de 2012 la CEPAL constató una pobreza del 15,1 por ciento). El 0,6 por ciento de diferencia no era interpretable en ese sentido porque podría deberse simplemente a un margen de error. Según la prensa, Andrés Hernando, Director de Estudios del Ministerio de Planificación, implicado en la encuesta, dijo que “con la información recabada por la CASEN 2011 , no se puede afirmar desde un punto de vista estadístico que la pobreza en Chile haya bajado realmente”. Interrogado por la prensa, el ministro Lavín se negó a responder las preguntas de los periodistas.
En realidad, es increíble que el gobierno haya insistido en incluir esa pregunta (sobre la percepción de los bonos adicionales) sabiendo que el truco, por irrelevante que fuera, sería descubierto y denunciado no bien se publicasen los resultados. Si el porcentaje de pobreza se mantenía igual que en 2009, eso querría decir que la pobreza había aumentado de manera estadísticamente no interpretable; si se determinaba que la diferencia era de 0,6 por ciento, esta tampoco podría interpretarse en el sentido que quería el gobierno. Es decir, esta insistencia en modificar las preguntas de la encuesta (un absurdo metodológico) no tenía ningún sentido y sería contraproducente. Cualquier sociólogo del gobierno pudo advertirle el error que estaba a punto de cometer. Pero el presidente lo cometió igual. El propio presidente, sin la ayuda de ningún asesor, pudo haber pensado que no podía sacar la conclusión que sacó sobre la base de una encuesta inútilmente manipulada. Tendría que haberse dicho: “Bueno, ese 0,6 por ciento bien puede deberse al margen de error”. Pero el presidente, que estudió en ejem Jarvar, no lo hizo. Tampoco pensó: “Si cambio los términos de la encuesta, si cambio las preguntas, no podrá compararla con la anterior y, por tanto, no podré decir que la pobreza bajó”. Pero nuestro doctor de Jarvar tampoco lo hizo.
Hay otra cosa que me llamó la atención entonces: en los mismos días en que el gobierno anunciaba el resultado de la encuesta, el propio ministro Lavín informaba que el gobierno había duplicado las instalaciones destinadas para acoger a los indigentes en Santiago durante el crudo invierno. Había más indigentes que el año pasado y, sin embargo, la pobreza había bajado. Eso tentó a muchos –incluyéndome a mí mismo- a concluir que eso simplemente quería decir que la gente no había dejado de ser pobre porque sus ingresos hubieran aumentado sino porque se habían hecho tan pobres que ahora eran indigentes (como ocurre en países como Colombia, por ejemplo).
El gobierno, sus ministros y el presidente pudieron haberse ahorrado este severo escándalo si eh, si sus diplomas de Jarvar implicasen una buena formación académica. Esos diplomas, que son muy caros, no son sinónimo de calidad de la educación recibida.
El Mercurio de Antofagasta del 28 de septiembre informaba que la revista británica The Economist había vuelto a referirse al escándalo. A raíz de la intervención del gobierno en las preguntas de la encuesta, se había puesto en entredicho la seriedad de Chile en cuanto a sus políticas económicas y la imparcialidad de sus estadísticas. “El cuestionamiento”, dice el diario, “ya había sido formulado hace una semanas por The New York Times y The Financial Times”.
El margen de error de la encuesta es demoledor: es del 0,87 por ciento, vale decir, superior al 0,6 por ciento de diferencia entre el 15,1 por ciento de 2009 y el presunto 14,4 por ciento de 2012. En otras palabras, si se puede concluir algo de estos resultados, es que la pobreza o se mantuvo igual o aumentó.
Pero The Economist dijo más. “La discrepancia”, escribió, “es pequeña, pero el principio en juego es grande: Chile se ha destacado durante largo tiempo en América Latina por la seriedad de sus políticas económicas y la imparcialidad de sus estadísticas. Esta reputación ayudó al país a ser invitado a convertirse en 2010 en el primer miembro sudamericano de la OECD, un club de países ricos. Ahora esa reputación está algo abollada”.
En realidad, el chichón es mucho más grande. No sólo el gobierno y sus políticas económicas y estadísticas están en entredicho sino toda la clase académica chilena. The Economist dice que el Casengate no es la única “anomalía estadística” que se descubre en Chile en los últimos tiempos. Señala la asombrosa discrepancia entre los resultados del Censo, que contó 16.6 millones de chilenos, y la proyección manejada por el Instituto Nacional de Estadísticas de 17.4 millones de chilenos. La nueva cifra, comenta la revista, “pareció confirmar los temores de que el censo de este año fue conducido pobremente, aunque permitió que Felipe Larraín, ministro de Hacienda, señalara secamente que el ingreso per cápita del país, en términos de paridad del poder adquisitivo, es de alrededor de diecinueve mil dólares –un oportuno aumento de los 17.222 dólares del año pasado”.
La revista se refiere luego a la tercera anomalía: la cifra del INE sobre los empleos creados durante el actual gobierno (700 mil) y los resultados de la encuesta CASEN, de 420 mil nuevos empleos.
Son anomalías injustificables e incomprensibles que señalan en una sola dirección: la politización de los instrumentos de medición oficiales y el aparente bajo nivel de competencia académica de los profesionales asociados al gobierno. The Economist concluye: “La lección a sacar de todo es que Chile debe reunir a sus sociólogos estadísticos en una sola organización, quizá un INE nuevo y mejorado, y darle más autonomía y un ámbito más amplio de competencia”. O sea, nuestros profesionales valen callampa. Pero no había que esperar a The Economist para saber que Chile es hoy una nueva filial del Planeta de los Simios.
Post Scriptum 1: a partir del 2 de octubre la CEPAL dejará de hacer la encuesta CASEN. Explicó la institución lamentaba el mal uso de su prestigio institucional.
Post Scriptum 2: el escándalo repercutió en la credibilidad y confianza en el gobierno.
lísperguer
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