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[Santiago, Chile] [Fisco debe pagar $1.000 millones por ejecutado político de Porvenir. Ramón González Ortega (en la foto) fue detenido en octubre de 1973 y fusilado en el Regimiento Caupolicán de esa ciudad, junto a otros dos detenidos. Militares inventaron que se habían escapado y que les aplicaron la “Ley de fuga”.]

El 22° Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $1.000 millones a los familiares de Ramón Domingo González Ortega, ejecutado político de la ciudad de Porvenir, Región de Magallanes, hecho ocurrido en octubre de 1973.
En el fallo, el juez Pedro García Muñoz ordenó al Estado pagar $200.000.000 a la cónyuge y la misma cantidad a cada uno cuatro hijos de la víctima, ejecutada el 30 de octubre de 1973, en el polígono del Regimiento Caupolicán de Porvenir.
La sentencia estableció la responsabilidad del Estado en la muerte González Ortega, quien fue fusilado junto a otras tres personas, en un caso en el que fueron condenados tres militares en retiro por la Corte Suprema, en marzo de 2010.
El fallo consignó diversas disposiciones constitucionales y legales que establecen que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, la resolución del juez determinó que -de acuerdo a los Tratados Internacionales suscritos por Chile- corresponde el pago de las indemnizaciones respectivas a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Les Aplicaron Ley de Fuga
Ramón Domingo González Ortega, empleado del Servicio de Impuestos Internos de Porvenir, sin militancia conocida, tenía 37 años cuando fue detenido en octubre de 1973 junto a Carlos Raúl Baigorri Hernández (31), profesor y militante comunista, y Germán Simón Cárcamo Carrasco (24), empleado de Socoagro y militante socialista.
El día 30 de octubre en la madrugada, los tres fueron llevados por unos suboficiales al Polígono del Regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte.
La versión oficial sobre el hecho, publicada el 31 de octubre en el diario La Prensa Austral, informó que los detenidos se habían escapado el 29 de Octubre a las 24.00 horas y habían sido ubicados por las patrullas que salieron en su búsqueda a unos 20 kilómetros de Porvenir.
Al “no hacer caso a la voz de alto”, los soldados dispararon y les dieron muerte. Los cuerpos fueron entregados a los familiares varios días después de los hechos.
Por este crimen, en marzo de 2010, la Corte suprema condenó a 7 años de cárcel sin beneficios a José Aguirre Aguirre (subteniente al momento del crimen), Juan Ortiz Toledo (sargento) y Miguel Pablo Muñoz Uribe (cabo).
2 de octubre de 2012
©la nación

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