[California no puede seguir ignorando las órdenes de la Corte Suprema, que ha conminado al estado a reducir su población carcelaria. [Editorial NYT].
El año pasado, la Corte Suprema tomó la extraordinaria decisión de ordenar a California reducir el peligroso hacinamiento en sus cárceles. El estado había impugnado un fallo anterior que exigía que cumpliera con un límite específico de la población carcelaria del estado. La corte rechazó firmemente esa impugnación.
Sin ese límite, dijo el juez Anthony Kennedy, hablando por la mayoría, se crearía “un riesgo seguro e inaceptable de permanentes violaciones” de los derechos de los reos, provocadas por las horribles condiciones de confinamiento, equivalentes a castigos crueles e inusuales.
La mayoría mantuvo un límite de 137.5 por ciento de la capacidad que había sido establecida en 2009 por una comisión especial de la corte, formada por tres jueces. Amplias evidencias habían convencido a los jueces de que el estado podía reducir su población carcelaria en más de treinta mil reos, de un total de más de 140 mil, “sin provocar un impacto adverso sobre la seguridad pública”, y que existía un “respaldo oficial universal” para que el estado lo hiciera.
Hace un mes, la comisión de tres jueces ordenó nuevamente al estado de California que adoptara “todas las medidas necesarias” para respetar ese límite. En respuesta, el estado dejó en claro que no tenía ninguna intención de cumplir con ese límite y ciertamente no antes de la fecha límite en junio próximo. Declaró en parte que “la implementación continuada de la orden de reducir la población será innecesaria y jurídicamente inapropiada una vez que la densidad de población alcance el 145 por ciento”. Ahora los demandantes han pedido a la comisión que ordene al estado mostrar por qué esa “desobediencia voluntaria” no debe ser considerada como desacato.
No hay razón alguna para que California no cumpla con ese objetivo. Desde octubre pasado, cuando empezó a enviar a reos no violentos y otros menos peligrosos a cárceles locales o en programas de libertad condicional en lugar de a la cárcel, el estado ha reducido su población carcelaria en veinticuatro mil reos, a cerca de 120 mil. Reducirla en diez mil más y cumplir con el límite impuesto por la corte es posible.
Una táctica es aumentar modestamente los puntos por “buena conducta” de los reos de baja peligrosidad que han acatado las normas de la prisión y participado en programas en la cárcel, ya que California otorga puntos mínimos en comparación con otros estados.
Pero eso en realidad significaría liberar a reos, en lugar de encarcelar a más, lo que a su vez exigiría que el estado se libere a sí mismo de la mentalidad autoritaria que ha caracterizado su actitud hacia los presos durante dos generaciones –un estado mental que se refleja en la severísima ley de la reincidencia reiterada (Three Strike Law) del país y otras medidas que resultan en sentencias de cárcel innecesariamente largas, mientras se contribuye a una de las peores tasas de reincidencia del país.
Algunos ciudadanos de California han escapado del hechizo y presentado en la votación de este otoño una iniciativa para reformar la Ley de Reincidencia Reiterada de 2012. Esta es una buena idea, pero sería mejor si fuera aprobada por la Legislatura antes que por la iniciativa, que es una manera pobre de hacer leyes.
Esta propuesta restringiría las sentencias de veinticinco años a prisión perpetua principalmente a personas cuya tercer delito sea grave o violento. Ahorraría al estado cerca de noventa millones de dólares al año en los costes del sistema carcelario, sin agregar ningún riesgo a la seguridad pública.
Esta es una aproximación creativa y honrada, mucho más que el modo a menudo despectivo que ha preferido el estado para responder a los razonables esfuerzos de la corte por reducir el hacinamiento en sus prisiones.
4 de octubre de 2012
2 de septiembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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