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[Estados Unidos] [La actual legislación contra actividades terroristas que afecten a empresas que exploten a animales es demasiado amplia y considera acto terrorista incluso la distribución de octavillas].

[Alicia Graef] El gobierno federal pidió al juez de distrito, Joseph Tauro, que desestimara una demanda entablada el año pasado por cinco activistas animalistas, que reclamaba que la Ley de Terrorismo contra Empresas de Explotación Animal (AETA, por sus siglas en inglés) era inconstitucional.
La AETA fue promovida por varias compañías del ámbito agroindustrial, la industria peletera y el rubro farmacéutico –empresas todas que tienen intereses económicos en la continuación de la explotación animal-, aprobada durante el gobierno de Bush en 2006 con la intención de penalizar el activismo violento, que incluye acciones como los atentados frustrados contra el centro de investigación de primates de la Universidad de California en Los Angeles.
Sin embargo, la demanda, Blum v. Holder, alega que la ley va demasiado lejos y que la manera demasiada amplia en que fue formulada técnicamente podría incluir muchas actividades legales, desde la distribución de volantes hasta las denuncias internas. De acuerdo al Centro para los Derechos Constitucionales, que representa a la organización, “la redacción de la AETA incluye muchas actividades garantizadas por la Primera Enmienda, tales como la formación de piquetes, el boicot y las investigaciones encubiertas si estas interfieren con las actividades de empresas dedicadas a la explotación de animales, ocasionándoles pérdidas económicas. De modo que en los hechos la AETA prohíbe las actividades de protestas pacíficas y legales de activistas animalistas y ecologistas”.
Según informó Businessweek, un abogado del Ministerio de Justicia alegó que la ley no está dirigida contra actividades garantizadas por la Constitución, tales como la realización de protestas pacíficas, pero los activistas rechazan esta interpretación y creen que ha tenido un impacto excesivo en relación con sus intenciones y los ha dejado con miedo a denunciar por temor a ser perseguidos como terroristas.
“El miedo a ser procesados no es hipotético y los excesos no son hipotéticos”, dijo Alex Reinert, abogado del grupo.
La ley no ha sido muy utilizada. Seis miembros del grupo activista SHAC7 fueron condenados por múltiples delitos federales por la Ley de Terrorismo contra Empresas de Explotación Animal de 1992 por hacer campañas para clausurar el infame laboratorio de experimentación animal Huntingdon Life Sciences. No rompieron nada, no robaron nada ni agredieron a nadie.
¿Su delito? Abrir una página web y difundir información sobre las documentadas crueldades que se cometían a puertas cerradas en el laboratorio y publicitando tanto las actividades legales como las ilegales para cerrarlo. Fueron todos condenados a penas de prisión.
En 2009, dos activistas fueron condenados a penas de privación de libertad por liberar a cientos de animales de una granja de visones.
“La ley criminaliza causar daños o pérdidas a la propiedad real o personal de una empresa de explotación animal”, dijo al Los Angeles Times Rachel Meerpol, abogado del centro. “Debido a que estos términos no están definidos, tienes que interpretarlos de acuerdo a su uso corriente. Y bajo el uso corriente, “propiedad personal” incluye dinero, ganancias. De modo que eso significa que pueden ser interpretadas de modo tal que se considere delito todo acto que provoque una pérdida de ganancias a una empresa. Los activistas de los movimientos sociales podrían ser perseguidos judicialmente como terroristas si sus protestas, si sus protestas legales, afectan las ganancias de una empresa”.
Como señalado por los que se oponen a esta ley, y en los casos de la ley mordaza, ya hay legislación en los libros para proteger a las empresas e individuos por ingreso ilegal y daños.
“Pasé años revelando las condiciones de producción en las granjas de paté e informando a la opinión pública sobre el modo en que son maltratados patos y gansos”, dijo Sarahjane Blum, uno de los demandantes. “Ahora no me siento libre para decir lo que pienso por temor a que mis activistas convenzan finalmente a la gente de dejar de consumir paté, lo que afectaría a esas empresas y me convertiría en un terrorista contra las empresas de explotación animal”.
Esas empresas parecen menos preocupadas en mantener sus propiedades y empleados seguros que en mantener ocultas sus actividades. Las investigaciones encubiertas realizadas por organizaciones como Mercy for Animals y algunos de los demandantes tienen consecuencias mucho más amplias de lo que podría causar cualquier daño a la propiedad. Es de esperar que cambien también la opinión de la ciudadanía.
Permitir esta ley y que las empresas oculten sus acciones detrás de su guerra contra el terrorismo establece un peligroso precedente para atacar a cualquier activista que quiera hacer algo y ahoga el mercado libre de ideas, una de las cosas que la Constitución quería proteger.
El juez debe todavía resolver sobre la petición del gobierno de que desestime la demanda.
6 de octubre de 2012
5 de septiembre de 2012
©care2
cc traducción c. lísperguer

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