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[Washington, Estados Unidos / Libia] [Después el ataque en Bengasi, crecientes preguntas sobre las deficiencias en la seguridad de edificios diplomáticos y las consecuencias de la ausencia de firmas de seguridad privadas en el país.]

[James Risen] Perdido en medio de un año de elecciones y riñas sobre el ataque fundamentalista contra la delegación diplomática de Estados Unidos en Bengasi, Libia, se esconde una compleja historia que incluye un creciente resentimiento regional contra las fuertemente armadas empresas contratistas de seguridad privadas estadounidenses, las igualmente crecientes exigencias de recursos ante el Departamento de Estado y el aumento de la frustración entre diplomáticos por las severas medidas de protección que dicen que hacen más difícil su trabajo.
Los ataques en Bengasi, en los que murieron el embajador de Estados Unidos y otros tres estadounidenses, se produce al final de un periodo de diez años en el que el Departamento de Estado –enviando a sus empleados a una larga lista de zonas de guerra y volátiles regiones- normalmente ha tendido a reforzar las medidas de seguridad para sus diplomáticos. Las agresivas medidas adoptadas por contratistas privados finalmente condujeron a balaceras en Afganistán e Iraq que provocaron protestas, incluyendo un incidente que implicó a guardias de una firma de seguridad estadounidense, Blackwater, que terminó con diecisiete iraquíes muertos en la Plaza Nisour de Bagdad.
Las secuelas de esa balacera claramente se hacen sentir en Bengasi. A principios de año, el nuevo gobierno libio prohibió expresamente que contratistas armados al estilo de Blackwater entraran al país. “Los libios no quieren tener botas en su territorio”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
Eso obligó al Departamento de Estado a depender en gran parte de su propia rama de seguridad diplomática, que según funcionarios carece de los recursos para proporcionar protección adecuada en zonas de guerra.
Esta semana en el Capitolio demócratas y republicanos discutieron en una sesión del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja sobre el incidente en Bengasi, sobre si la seguridad en la delegación era la adecuada y si acaso se pudo haber hecho algo para prevenir la tragedia.
Pero en medio de llamados a aumentar la protección de los diplomáticos en el extranjero, algunos ex y actuales funcionarios del Departamento de Estado advirtieron sobre los riesgos de ir demasiado lejos. “La respuesta no puede ser provenir de un búnker”, dijo al comité Eric A. Nordstrom, que hasta principios de este año trabajó como jefe de seguridad en la embajada de Estados Unidos en Trípoli, Libia.
Barbara K. Bodine, que fue embajadora en Yemen cuando el destructor Cole fue atacado en 2000, dijo: “Lo que necesitamos es un programa de control de riesgos, pero lo que ahora tenemos es una política de evasión del riesgo. Nadie quiere hacerse responsable en caso de que algo ocurra, así que nadie quiere debatir sobre qué es una seguridad razonable y qué una seguridad excesiva”.
Para el Departamento de Estado, la situación de seguridad en Libia se deterioró en parte porque no se resolvió la pregunta de si era una zona de guerra o solamente otro puesto de avanzada en África.
Pese a que el país se encontraba todavía en una situación volátil después de la sangrienta rebelión que derrocó al coronel Moamar al-Gadafi, el Departamento de Estado no incluyó a Libia en la lista de destinaciones peligrosas que tienen una alta prioridad a la hora de distribuir los recursos de seguridad.
Sólo las embajadas estadounidenses en Iraq, Afganistán y Pakistán están exentas de otorgar los contratos de seguridad al licitante más barato. Las destinaciones peligrosas pueden hacer contratos con la mejor oferta, de acuerdo al informe del inspector general del Departamento de Estado en febrero.
Las grandes firmas de seguridad privada que han protegido a los diplomáticos estadounidenses en Iraq y Afganistán trataron de obtener contratos para Libia con el Departamento de Estado, y al menos una hizo una oferta personal al embajador J. Christopher Stevens, que murió en el asalto de los fundamentalistas en Bengasi el 11 de septiembre de 2012, de acuerdo a un alto funcionario de la firma.
Pero dado el decreto libio que prohíbe a los contratistas, el gobierno de Obama estaba ansioso por reducir la presencia estadounidense allá. Después de solicitar inicialmente ofertas a importantes empresas de seguridad para trabajar en Libia, los funcionarios del Departamento de Estado no volvieron a tocar el tema.
“Fuimos para hacer una oferta, pero no pasó nada”, dijo el funcionario de la empresa de seguridad. Dijo que el Departamento de Estado podría haber hallado un modo de superar las objeciones libias si lo hubiese querido.
En lugar de eso, el departamento descansó en una pequeña empresa británica para que proporcionara varios guardias libios desarmados para encargarse de la seguridad de la delegación en Bengasi. Para la protección personal de los diplomáticos, el departamento dependía en gran parte de su propio Servicio de Seguridad Diplomática.
La discusión sobre la protección forma parte de un debate más amplio que se ha prolongado durante años dentro del Departamento de Estado sobre cómo equilibrar la seguridad con la necesidad de los diplomáticos estadounidenses de moverse libremente.
Muchos diplomáticos se exasperan por las restricciones que imponen los funcionarios de seguridad, que exigen que se trasladen en convoyes blindados en capitales extranjeras, lo que los civiles locales encuentran insultante y que hacen prácticamente imposible que los enviados se reúnan discretamente con funcionarios extranjeros. Muchos diplomáticos estadounidenses también han resentido profundamente las restricciones impuestas sobre ellos cuando trabajan en las nuevas y fuertemente protegidas embajadas que se han construido en la última década en todo el planeta.
Después de los atentados en 1998 contra dos embajadas estadounidenses en África del Este cometidos por al Qaeda, el Departamento de Estado empezó un programa de varios miles de millones de dólares para remplazar muchas embajadas con recintos de seguridad reforzada. Firmas de construcción estadounidenses con experiencia en la construcción de prisiones y barracas militares ganaron muchos de los contratos para construir edificios de diseño uniforme que más parecen fortalezas que puestos de avanzada diplomáticos. Entre 2001 y 2010 se construyeron 52 edificios de embajadas, y muchos otros están en construcción o en la fase de diseño.
Ubicados a menudo en remotas áreas suburbanas lejos de calles ajetreadas, los edificios son diseñados para resistir atentados con camiones bomba, pero también necesitan fuerzas de seguridad locales y guardias fuertemente armados para resistir el tipo de ataque que lanzaron los fundamentalistas en Bengasi.
Pero muchos diplomáticos dicen que las embajadas fortificadas les dificultan en su trabajo, obligándolos a encontrar modos de eludirlas. Ronald E. Neumann, que fue embajador en Afganistán de 2005 a 2007, y que trabajó en Bagdad antes de eso, dijo que muchos funcionarios extranjeros se niegan a visitar las embajadas estadounidenses debido a que se sienten insultados por las intrusivas medidas de seguridad, y no quieren que los funcionarios estadounidenses lleguen a sus casas en enormes convoyes.
“Así que nos reunimos con gente en hoteles”, dijo Neumann, ahora presidente de la Academia Americana de Diplomacia en Washington. La seguridad “te obliga a ser más creativo”.
Eso puede implicar correr más riesgos. “Un montón de gente está simplemente violando las medidas de seguridad para hacer su trabajo”, dijo Anthony H. Cordesman, analista de seguridad nacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Tienen que encontrar modos de salir, y a veces engañan al funcionario de seguridad, y a veces el funcionario de seguridad hace la vista gorda”.
De hecho, cuando ocurrió el ataque en Bengasi, la sección de edificación del Departamento de Estado estaba empezando a tratar algunas de las frustraciones proponiendo un acceso más abierto y accesible a los diseños de las embajadas. Según la nueva política, las embajadas deberán todavía cumplir con las mismas normas de seguridad, pero el Departamento de Estado exigirá que se dé una prioridad más alta a la apariencia de los edificios y tratará de ubicarlos en sitios más centrales de modo que no estén tan aislados. No está claro si la crisis de Bengasi obligará al Departamento de Estado a abandonar su nuevo programa de diseño.
“El problema es que las embajadas ya no funcionan como edificios públicos”, dijo Jane Loeffler, autora de ‘The Architecture of Diplomacy’, una historia del diseño y construcción de embajadas estadounidenses. “Eran públicas, pero ya no más”.
Para el Departamento de Estado, encontrar el equilibrio correcto entre seguridad y diplomacia se ha hecho cada vez más difícil en contextos políticos. Quizá nadie lo entiende tan bien como Patrick F. Kennedy.
Hace cinco años, Kennedy, entonces subsecretario de estado de administración en el gobierno de Bush, se vio envuelto en una altamente publicitada investigación parlamentaria del incidente en la Plaza Nisour. Legisladores demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara criticaron al departamento por el descuidado manejo de los contratistas de seguridad que eran excesivamente agresivos.
Esta semana, Kennedy, que conserva la misma función en el gobierno de Obama, se enfrentó a los republicanos en el mismo comité que criticaron al Departamento de Estado por manejo descuidado y por su fracaso a la hora de proveer una seguridad más agresiva en Bengasi.
5 de noviembre de 2012
13 de octubre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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