[Berlín, Alemania] [Nicholas Kulish] El jueves, después de una investigación de un año, la fiscalía en Alemania presentó cargos por homicidio contra el último miembro sobreviviente de una célula terrorista neonazi, alegando que participó en una década de asesinatos, asaltos y atentados con bomba cometidos por el grupo que ha planteado inquietantes preguntas sobre la policía y los servicios de seguridad nacional alemanes.]
Según la fiscalía, Beate Zschäpe, 37, se encargaba del financiamiento y la logística de sus dos compañeros, Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos, en uno de los peores casos de crímenes en serie en la historia de Alemania después de la guerra. Otros cuatro hombres fueron acusados el jueves de complicidad con el grupo, que según la fiscalía fue responsable de diez asesinatos en todo el país así como de dos atentados con bomba en Colonia y quince asaltos a bancos.
Entre las víctimas del grupo se incluyen ocho hombres de origen turco y un griego, así como una agente de policía alemana. La serie de asesinatos, que ocurrieron entre 2007 y 2010, fue conocida inicialmente como los “asesinatos del döner”, una referencia a los puestos turcos de kebab, lo que las familias de las víctimas consideraron degradante e incluso racista.
La existencia de la peligrosa célula de neonazis causó consternación en la sociedad alemana cuando se descubrió hace un año, haciendo surgir preguntas sobre cómo un grupo violento de renegados pudo actuar sin ser detectado durante tanto tiempo y por qué la policía persistió en investigar en el mundo del crimen organizado turco en lugar de seguir las pistas relacionadas con los racistas violentos.
Los servicios de seguridad y el ministro de Interior de Alemania, Hans-Peter Friedrich, fueron intensamente criticados. El director de la agencia nacional de inteligencia renunció en julio debido a que un funcionario de su despacho destruyó documentos que contenían potencialmente evidencias de informantes pagados sobre los miembros del grupo.
Los jefes de la inteligencia nacional en Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt también renunciaron como resultado del caso, y el director de la policía criminal federal dijo que abandonaría el cargo este fin de año.
“Es demasiado tarde y podría ser muy poco”, dijo sobre los cargos Mehmet Daimagüler, abogado de las familias de dos de las víctimas. “De lo que nos hemos enterado en los últimos doce meses, es que parte de las fuerzas de seguridad alemanas pueden estar implicadas de uno u otro modo. Hay muchos, muchos signos de interrogación”.
El grupo, que se llamaba a sí mismo Clandestinidad Nacional Socialista y tenía su sede en la ciudad de Zwickau al este del país, fue descubierta después de que Böhnhardt y Mundlos se suicidaran a fines de noviembre antes de que fueran arrestados después de un asalto a un banco que salió mal.
“Los miembros del grupo neonazi se veían a sí mismos como un escuadrón de la muerte unificado que llevaba a cabo asesinatos motivados por motivos racistas e ideas hostiles hacia el estado”, dice la declaración de la fiscalía. Los asesinos usaron la misma pistola Ceska 83 con silenciador en los diez asesinatos que cometieron, según la fiscalía, porque querían aterrorizar a las comunidades de inmigrantes a las que atacaban, con la esperanza de que un creciente sentimiento de inseguridad llevara a los extranjeros a abandonar el país.
El aparato de la inteligencia nacional fue fundado para proteger a Alemania precisamente de esos grupos extremistas. Los críticos se han aferrado a la posibilidad todavía más inquietante de que el grupo neonazi haya sido inadvertida, pero indirectamente financiado por pagos hechos a informantes secretos en el mundo de la extrema derecha, varios de los cuales tuvieron contacto con el grupo en el curso de los años.
El jueves en el Bundestag, Hartfrid Wolff, miembro de la comisión parlamentaria que analiza el caso de los neonazis, calificó los errores de las autoridades como “asombrosos” y describió “una grave pérdida de confianza en la capacidad de las agencias de seguridad” como resultado de la destrucción de documentos.
“No estamos hablando de dos páginas ni de diez páginas, sino de carpetas enteras llenas de documentos”, dijo Hans-Christian Ströbele, miembro del comité parlamentario que supervisa los servicios de seguridad. “No queremos especular, pero suponemos y tememos que había algo en esos documentos que no se suponía que debíamos saber”.
Además de los asesinatos, la fiscalía dice que el grupo cometió dos atentados con bomba en Colonia, uno en enero de 2001 y el otro en junio de 2004, que tenían la intención de matar “tantas personas como fuera posible sólo debido a su origen extranjero”. En los atentados resultaron heridas veintitrés personas, pero no murió nadie.
Después del suicidio de Böhnhardt y Mundlos, Zschäpe incendió el departamento donde vivía con los dos hombres para tratar de encubrir las pruebas de sus crímenes. El incendio provocó una enorme explosión que destruyó una gran parte del edificio.
En los días siguientes, Zschäpe envió por email a los medios y varias otras organizaciones un espeluznante video que reunía sangrientas fotografías de las víctimas en los sitios donde habían sido asesinadas con dibujos de la Pantera Rosa y su tema musical característico. Luego se entregó a la policía y ha estado en prisión desde el año pasado a la espera de su juicio.
La fiscalía no acusa a Zschäpe de apretar el gatillo en ninguno de los asesinatos. Ella misma no ha hecho declaraciones sobre las acusaciones en su contra.
Wolfgang Heer, uno de los abogados de Zschäpe, dijo que no podía hacer comentarios sobre los cargos mismos, ya que no había leído la acusación. La defensa “ha tenido que informarse a sí misma sobre el estado del caso a través de la televisión, radio y diarios desde el principio”, dijo Heer.
Los cuatro hombres acusados como cómplices el jueves fueron identificados sólo por su nombre de pila y la última inicial, como es habitual en la justicia alemana. Ralf W. y Carsten S. fueron acusados de complicidad en el homicidio por haber adquirido la pistola y el silenciador. André E. fue acusado de ayudar en el atentado con bomba y de complicidad en los asaltos. Holger G. fue acusado de apoyar a un grupo terrorista.
La policía todavía estaba investigando a otros ocho sospechosos, pero no quedó claro si pese a haber ayudado al grupo se podían acoger a la ley de prescripción de diez años. La fiscalía dijo que sólo algunas personas estaban al tanto de las actividades del grupo. “Su verdadera identidad y objetivos terroristas eran conocidos sólo por un círculo restringido de partidarios y ayudistas”, dice la declaración.
Eso contradice la opinión general de que un grupo más numeroso debe haber estado al tanto de lo que ocurría, sea ayudando o simplemente haciendo la vista gorda.
“Nadie se puede ocultar durante trece o catorce años en una sociedad tan regulada y vigilada como Alemania sin una red de partidarios”, dijo Daimagüler. “Esto simplemente no refleja la realidad del caso”.
[Victor Homola y Chris Cottrell contribuyeron al reportaje.]
13 de noviembre de 2012
13 de noviembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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