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[Santiago, Chile] [Informe UDP sobre derechos humanos advierte por uso “irracional de la fuerza estatal”. El documento además apunta a la discriminación “arbitraria y estructural”. “La Ley Antidiscriminación no resuelve los problemas, porque no hay una institucionalidad seria, no hay un intento de hacer el tema de la discriminación un tema de Estado”, advierte Alberto Coddou, académico de la Facultad de Derecho y editor de este décimo informe.]

El “Estado ejerce violencia” hacia la protesta social y la discriminación a grupos como indígenas, mujeres, minorías sexuales y refugiados constituyen problemáticas de “carácter estructural” en Chile, son parte de las conclusiones del Informe 2012 sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales.
“Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”, plantea el capítulo que analiza la protesta social y la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”.
En el estudio se cuestiona la actual regulación administrativa de la protesta, “que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes”.

Ley Hinzpeter
Alberto Coddou, académico de la Facultad de Derecho y editor de este décimo informe, asegura que la llamada “Ley Hinzpeter” usa “el aparato jurídico para hacer más difícil el derecho de manifestación”.
“Todos sus indicios son para criminalizar la protesta social. Las formas típicas en que se pretende modificar el delito de desórdenes públicos, responde a un intento por reprimir conductas propias de la protesta social” y menciona los fallos judiciales respecto de las expulsiones de estudiantes por haber participado en manifestaciones, que -de aprobarse esta ley- puede transformarse en un delito, incluso con penas de cárcel para un menor de edad.

Discriminación
Un segundo ámbito de preocupación transversal en el informe es lo que han denominado la discriminación “arbitraria y estructural”, donde señalan que no se trata de hechos “aislados”, sino fallas sistemáticas y persistentes a nivel institucional.
Coddou explica que “la Ley Antidiscriminación no resuelve los problemas. No hay una institucionalidad seria, no hay un intento de hacer el tema de la discriminación un tema de Estado. Un recurso judicial no va a solucionar el tema. Por ejemplo, (la discriminación) de las isapres, que es multitudinario y ocupa gran parte del trabajo que realizan las cortes, no ha generado un cambio en la ley de isapres”.
El Informe también revela el caso paradigmático de la discriminación estructural en contra de mujeres y niñas, y en el capítulo sobre pueblos indígenas dedica una sección al análisis del caso de doble discriminación en contra de una mujer indígena, Gabriela Blas, en que adquieren relevancia los estándares del Convenio 169 de la OIT.
En cuanto a los temas inéditos, se incluye una investigación sobre las condiciones de la población refugiada en Chile, como fenómeno emergente en nuestra sociedad.
Otro de los capítulos se refiere a las empresas, medio ambiente y derechos humanos, abocándose a un detallado estudio y análisis de la zona industrial de Quintero-Puchuncaví e incluye por primera vez una evaluación de la responsabilidad de empresas como Codelco, AES Gener y Puerto Ventanas.

Políticas Penales
El informe 2012 también critica una política pública penal “insuficiente” que “adquiere nuevos bríos a la luz de acontecimientos que han impactado en el debate público sobre la política criminal, en especial, los delitos de ‘cuello blanco'” (como el caso La Polar).
Enfatiza en la permanente violación de derechos humanos producto de las condiciones carcelarias, constituyendo la necesidad de discusión, elaboración y diseño de una política criminal respetuosa.

Deudas en Derechos Humanos
El documento también apunta a la deuda en derechos humanos y memoria, donde –asegura- no ha existido reparación suficiente a los sobrevivientes de la tortura.
El informe hace recomendaciones como la derogación de la Ley de Amnistía y advierte sobre las atribuciones que deberían tener los órganos del Estado para iniciar querellas en temas de tortura. “Hemos avanzado mucho en temas de víctimas de desaparición forzada y víctimas de ejecución política, pero no se ha avanzado lo mismo con los sobrevivientes, por ejemplo dando atribuciones al programa de DDHH del Ministerio del Interior o tratar de generar voluntad política seria para que el Poder Judicial pueda iniciar querellas de oficio contra violadores de los derechos humanos de los sobrevivientes”, dice el documento.
13 de noviembre de 2012
©la nación

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