[Fallo de una corte de apelaciones prohíbe que un ciudadano pueda demandar por daños a funcionarios públicos o militares responsables de su tortura. Editorial NYT].
En una decisión que ignoró un viejo precedente de 41 años y las obligaciones del país con el derecho internacional, una corte de apelaciones de Estados Unidos falló que los civiles estadounidenses que son torturados por militares estadounidenses no pueden exigir indemnización de las personas responsables.
El fallo, aprobado en una votación de ocho contra tres por el pleno de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito derogó un importante fallo del año pasado por un tribunal de tres jueces de la misma corte, que determinó que dos estadounidenses que dicen que fueron torturados por fuerzas militares estadounidenses en Iraq podían demandar al ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por violar sus derechos constitucionales. Ese fallo descansó en la histórica resolución de la Corte Suprema en 1971, conocida como Bivens, según la cual los funcionarios de gobierno podían ser llamados a rendir cuenta por los maltratos intencionales de ciudadanos estadounidenses, incluso si eso ocurría en una zona de guerra.
Revirtiendo ese fallo, la mayoría del pleno de la corte se unió incorrectamente al Cuarto Circuito y al Circuito del Distrito de Columbia al rechazar las demandas de indemnización por daños contra funcionarios estadounidenses acusados de torturas. Pero este fallo es mucho más amplio y mucho peor. La corte determinó que los militares están exentos de responsabilidad civil por violar los derechos de civiles. “A menos que haya una demanda pública contra los soldados y sus superiores inmediatos”, dice, “no puede haber una demanda pública por daños contra superiores remotos, como el ex secretario Rumsfeld”.
La mayoría se refirió burlonamente a las demandas que causan “otros problemas, incluyendo desviar el tiempo que dedican los funcionarios del gabinete a los asuntos públicos a la defensa de sus cuentas bancarias”. Es un extraño argumento para un funcionario del gabinete que implementó políticas que permitían la tortura.
Rumsfeld y otros acusados hicieron un alegato limitado por el lugar: era una zona de guerra y por ello ningún militar o funcionario de gobierno podía ser demandado por torturas. El fallo del Séptimo Circuito no tiene límites. En lugar de eso, como lo explicaba una recomendación disidente en el caso, “dejamos a los ciudadanos legalmente indefensos ante maltratos graves o peor de parte de su propio gobierno”.
En 2006, Naciones Unidas preguntó a Estados Unidos cómo haría para cumplir con sus obligaciones en el marco del tratado para implementar las leyes internacionales contra la tortura. El Departamento de Estado dijo que la legislación estadounidense provee reparación, incluyendo que permite a los querellantes demandar a “funcionarios federales directamente por daños bajo las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos”.
Eso ya no es verdad en casos como este en el Séptimo Circuito. Los militares juzgan a menudo a sus propios rufianes, pero si no lo hacen, las cortes federales deberían estar dispuestas a proteger la libertad estadounidense. En la ley estadounidense, los ciudadanos extranjeros pueden demandar a funcionarios extranjeros. Los estadounidenses pueden demandar a funcionarios extranjeros. Pero en el Séptimo Circuito, que abarca a Illinois, Indiana y Wisconsin, los estadounidenses son los únicos ciudadanos que, en la legislación estadounidense, no pueden demandar a los funcionarios estadounidenses responsables de su tortura.
15 de noviembre de 2012
14 de noviembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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