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[El presidente Obama ha vuelto a reafirmar su compromiso de cerrar la cárcel de Guantánamo donde se retiene de modo ilegal, sin formulación de cargos ni juicio, a decenas de detenidos. Pero incluso sectores del Partido Demócrata obstaculizan sus intentos de liberarlos a esos detenidos. Editorial NYT.]

En su segundo día como presidente en 2009, el presidente Obama firmó una orden presidencial que fue un compromiso con la renovación y decencia estadounidenses aclamadas en todo el planeta. Llamó al cierre, en no más de un año, del campo de detención de la Base Naval de Estados Unidos en Bahía Guantánamo, Cuba –el tenebroso emblema de las ilegales políticas de tortura y detención del presidente George W. Bush. Acompañada por otras órdenes presidenciales que marcaban un rompimiento con la política de justicia denegada y diferida de la era de Bush, fue un osado inicio.
Lo que siguió no fue siempre inspirador. El nuevo gobierno decidió adoptar las extravagantes nociones sobre los secretos de estado y el poder ejecutivo del equipo de Bush, que bloqueaban toda responsabilidad por la detención y tortura de cientos de detenidos en Guantánamo y otras cárceles secretas, y negando a las víctimas de tortura que pudieran impugnar su detención en algún tribunal.
El fiscal general Eric Holder hizo lo correcto al ordenar el juicio de Khalid Shaikh Mohammed, el autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en una corte federal en Manhattan. Pero estropeó la política de la decisión y el gobierno tuvo que abandonar su plan frente a la feroz oposición de políticos locales y de republicanos en el Congreso empecinados en retratar a Obama como blando con el terrorismo. Su fecha de cierre autoimpuesta de un año para cerrar la cárcel de Guantánamo pasó, junto con la osadía e inspiración iniciales. El Congreso exacerbó las restricciones, convirtiendo en imposible la difícil tarea de desenmascarar el travestismo de Bush y vaciar la cárcel.
Ahora hay 166 hombres detenidos en Guantánamo, 76 menos que cuando Obama asumió el cargo. Sólo un puñado de los que quedan han sido acusados de algún delito. Cerca de 86 de los reos que fueron autorizados hace más de dos años para su repatriación a sus países de origen o su asentamiento en otro país por el grupo de trabajo del gobierno de Obama que revisó los expedientes de los prisioneros.
Gracias a los escandalosos límites impuestos por el Congreso al traslado de los prisioneros de Guantánamo a principios de 2010, los presos siguen en la cárcel, sin saber todavía cuándo terminará su encarcelamiento. En septiembre, un miembro de este grupo empantanado, el ciudadano yemení Adnan Farhan Abdul Latif, se suicidó después de que la orden judicial de un juez que ordenaba su liberación fuera injustamente rechazada por una corte de apelaciones. Fue el tipo de precio que paga un país cuando crea cárceles como la de Guantánamo, más allá del alcance de la ley y de la decencia, un trágico recordatorio de la mancha que enturbia a la justicia estadounidense.

El tema del cierre de Guantánamo apenas fue tocado durante la campaña de 2012. Pero fue bueno oír a Obama volver a afirmar su promesa casi al final de la campaña. “Todavía quiero cerrar Guantánamo”, dijo en una entrevista en el ‘The Daily Show With Jon Stewart’ a mediados de octubre. “No hemos logrado superar los obstáculos en el Congreso”.
Obama no dijo cómo pensaba avanzar con el tema en su segundo mandato o cómo superar el atasco en el Congreso. El hecho es que Guantánamo no puede ser cerrada sin poner fin a las restricciones impuestas por el Congreso al traslado de prisioneros hacia Estados Unidos; sin usar los fondos para preparar las instalaciones en territorio estadounidense que puedan albergar a los detenidos de Guantánamo; y sin liberar a decenas de detenidos que no representan ninguna amenaza, si acaso lo fueron alguna vez, y que han estado detenidos durante demasiado tiempo sin que se les formulen cargos ni se les enjuicie.
Si Obama es serio en cuanto a cumplir con su promesa –y creemos que lo es-, debe comprometerse más durante este segundo mandato y estar dispuesto a usar parte de su capital político. Los republicanos, y algunos demócratas, que han ayudado a impedir el cierre de la cárcel de Guantánamo, son implacables, y están dedicados al argumento propagandístico de que la justicia militar para terroristas es de algún modo más severa y más fiable que la justicia ordinaria. Lo opuesto es la verdad, pero el gobierno ha hecho una pésima defensa del caso.

Las perjudiciales restricciones al tratamiento de los sospechosos de terrorismo (y, recordemos, este régimen de falsa justicia equivale a un sistema judicial inferior que se ha aplicado solamente a presos musulmanes) están contenidas en la Ley de Adjudicación de la Defensa Nacional, la ley anual del presupuesto militar. La última versión está siendo elaborada en el Capitolio y es probable que aterrice en el escritorio del presidente hacia el fin de la última sesión del Congreso saliente.
Tal como están las cosas, se espera que las restricciones en el proyecto final se parezcan a las contenidas en la ley actual que Obama amenazó con bloquear con un veto hace un año. Cedió a última hora, justificándose en las indicaciones agregadas que refuerzan las atribuciones del pode ejecutivo para hacer excepciones a la vergonzosa exigencia de que los no-ciudadanos sospechosos de ser operativos de al Qaeda sean puestos bajo custodia militar. Esas indicaciones también reafirman la autoridad del Buró Federal de Investigaciones en asuntos relacionados con el terrorismo.

Organizaciones de libertades civiles, derechos humanos y religiosas están ahora instando a Obama a vetar la ley de adjudicación militar para el año fiscal 2013 si contiene alguna disposición que niegue al poder ejecutivo la autoridad para trasladar a detenidos en Guantánamo en el marco de programas de repatriación o asentamiento en países extranjeros o para ser procesados en una corte penal federal.
Tienen un poderoso alegato. Debido a las restricciones existentes, incluyendo la onerosa exigencia de autorización de los traslados de detenidos por el ministro de Defensa, ningún detenido autorizado para su liberación por el grupo de trabajo ha sido confirmado en su traslado al extranjero o a Estados Unidos en casi dos años. A este ritmo, la posibilidad de vaciar la cárcel de Guantánamo antes del fin del segundo mandato presidencial de Obama es cero.
Vetar la ley de presupuesto militar no es un asunto menor, aunque otros presidentes recientes lo han hecho. Tampoco lo es hacer que decenas de detenidos durante largos años continúen esperando en el limbo sin ninguna razón atendible, reforzando una herramienta de reclutamiento para los enemigos de Estados Unidos.
Extender las restricciones de los traslados otro año más sin aflojarlas de modo significativo, o al menos sin el acuerdo firme de la Casa Blanca y de los líderes del Congreso para volver a tratar el tema a principios del nuevo año, correría el riesgo de seguir sin hacer nada y de estropear permanentemente el historial de Obama en cuanto a la salvaguarda de la justicia estadounidense y la protección de los derechos humanos.
8 de diciembre de 2012
26 de noviembre de 2012
©new york times

cc traducción c. lísperguer

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