[Estados Unidos] [El gobierno debería elaborar reglas precisas y públicas sobre los criterios que se utilizan para ejecutar extrajudicialmente a personas que dice que están relacionadas con el terrorismo. La ley de 2011 autorizaba el asesinato de terroristas implicados en los atentados del 11 de septiembre de 2011. Pero esa limitación ha sido ampliamente ignorada, y el gobierno ahora asesina a personas simplemente por amenazar o por sublevarse contra gobiernos aliados de Estados Unidos. Editorial NYT].
La Casa Blanca ha estado elaborando reglas para el asesinato de terroristas en el mundo. El planeta no las conocerá nunca, dada la inclinación del gobierno de Obama hacia el secretismo innecesario en relación con su política de seguridad nacional. Pero el proyecto mismo es un primer paso hacia el reconocimiento de que cuando el gobierno ejecuta a personas fuera del campo de batalla, debe actuar en el marco de directrices basadas en el estado de derecho, especialmente cuando está en juego la vida de un ciudadano estadounidense.
Durante ocho años, Estados Unidos ha realizado en Afganistán, aunque sin reconocerlo nunca formalmente, un programa de asesinato de terroristas asociados con al Qaeda y el Talibán fuera de los campos de batalla. Desde 2004, utilizando aviones no tripulados, la Agencia Central de Inteligencia ha atacado 320 veces en Pakistán, asesinando a 2.560 o más personas, incluyendo al menos 139 civiles, de acuerdo al Long War Journal, una página web que estudia las operaciones contraterroristas. Otros 55 ataques tomaron lugar en Yemen.
Funcionarios de gobierno no han explicado nunca en detalle cómo se elige a las víctimas. ¿Están matando a personas sólo por estar asociadas a las organizaciones que participaron en los atentados del 11 de septiembre, la limitación que impuso el Congreso cuando autorizó el uso de fuerza militar en 2001? ¿O tienen la libertad de eliminar a cualquiera que perciban como una amenaza para Estados Unidos? Los funcionarios insisten en que ellos atacan solamente a los beligerantes incluidos en la ley de 2001, pero la opinión pública y el mundo no tienen manera de saber si estas decisiones se toman de manera ad hoc, ni cómo deben ser interpretadas por futuros presidentes.
Antes de la elección, de acuerdo a un reciente informe en el Times por Scott Shane, cuando parecía que Mitt Romney tenía alguna posibilidad de ganar la Casa Blanca, funcionarios de gobierno empezaron a elaborar esas reglas. Obama no quería legar a su sucesor un programa “amorfo”, contó anónimamente un funcionario a Shane.
Ese impulso era correcto, incluso si el razonamiento era erróneo. Las reglas para asesinar no deberían ser amorfas solamente porque Romney podía ser presidente; deben ser rigurosas y estar formalizadas también para Obama. Si él fija límites razonables, creará un precedente que sus sucesores no podrían quebrantar sin ofrecer una justificación.
Proporcionar una amplia libertad para asesinar sería peor que inútil. Cualquiera sea la regla, debería especificar que nadie puede ser asesinado a menos que participe activamente en la planificación o ejecución de actividades terroristas, o ayude a al Qaeda o al Talibán. Recaudar dinero para organizaciones terroristas, o hacer videos llamando a otros a matar, no justifica el asesinato, ni tampoco una amenaza ni un levantamiento contra otro gobierno. El asesinato debería ser el último recurso, si se demuestra que la captura es imposible. Las normas para impedir el asesinato de inocentes que podrían estar cerca, deben ser detalladas y minuciosas. (La mayor parte de estas reglas ya forman parte del derecho internacional).
En territorio estadounidense deberían utilizarse los métodos policiales habituales. Y si se ataca a un ciudadano estadounidense que opera en el extranjero, deben aplicarse las normas del debido proceso. Desde estas páginas hemos llamado a la formación de una corte especial, como la Corte de Vigilancia del Espionaje Extranjero, que podría examinar las evidencias relacionadas con un objetivo antes de que esa persona sea colocada en la lista negra. De otro modo, el gobierno debería definir un procedimiento claro de modo que se permita a funcionarios fuera del gobierno a opinar sobre decisiones relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales.
Obama ha reconocido la necesidad de una “arquitectura jurídica” para asegurarse de que “no sólo se me pongan trabas a mí, sino a todos los presidentes”. Sin embargo, su gobierno ha resistido los intentos jurídicos del Times y la Unión Americana de Libertades Civiles de hacer públicas sus recomendaciones legales secretas sobre estos asesinatos. Una vez que se termine de elaborar las reglas, deberían ser mostradas a un mundo que se muestra reticente a creer en países que usan la fuerza letal sin ofrecer ninguna explicación.
12 de diciembre de 2012
30 de noviembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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