[Secuestros, torturas, cárceles secretas, entrega de prisioneros a servicios secretos de países que practican la tortura, denegación de justicia, ausencia de juicio… Son todas prácticas que todavía, pese a su patente ilegalidad, sigue caracterizando la política de seguridad nacional de Estados Unidos, y que la Corte Europea de Derechos Humanos acaba de condenar.]
[James A. Goldston] El gobierno de Estados Unidos ha estado tratando durante casi una década de ocultar lo que le hizo a Khaled el-Masri, un ciudadano alemán cuya historia de identidad equivocada, secuestro y torturas fue uno de los puntos más bajos de la “guerra contra el terror” de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Esta mañana terminó la maniobra de encubrimiento. La Corte Europea de Derechos Humanos concluyó que la desaparición forzada de Masri, su secuestro y traslado encubierto a Estados Unidos, sin un proceso debido, donde permaneció encarcelado durante nueve años, violó las garantías más básicas de la decencia humana. En particular, la corte resolvió que el tratamiento sufrido por Masri en 2003 “a manos de agentes del equipo de entregas especiales de la CIA” en el aeropuerto de Skopje, la capital de la antigua república de Macedonia en Yugoslavia, “equivalía a tortura”.
Aunque la acusación fue presentada contra el gobierno macedonio y la corte no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos, el fallo es una severa condena de las impropias tácticas de la CIA y del abyecto fracaso de los tribunales estadounidenses a la hora de ofrecer reparación a Masri y otras víctimas de la desacreditada política de detenciones secretas y entregas extraordinarias de Washington.
Los diecisiete jueces de la Gran Sala de la corte europea, varios de los cuales se criaron durante el periodo comunista, han hecho lo que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a hacer: condenar las atroces torturas a que fue sometido un hombre inocente por servicios de seguridad descontrolados.
Masri fue secuestrado por agentes del servicio secreto local en Macedonia el 31 de diciembre de 2003 cuando cruzaba en autobús la frontera serbia. A petición del gobierno de Estados Unidos fue mantenido en régimen de incomunicación durante veintitrés días, y luego entregado a la CIA en el aeropuerto de Skopje donde, de acuerdo al fallo de la corte, fue “severamente golpeado, sodomizado, encadenado y encapuchado” y trasladado en avión a Kabul, Afganistán. Fue retenido durante cuatro meses en un pútrido y gélido calabozo en una cárcel secreta de Estados Unidos conocida como el Hoyo de Sal. Nunca fue acusado por ningún delito ni se le proporcionó acceso a su familia, ni a un abogado ni a funcionarios consulares alemanes.
De hecho, como declaró la canciller alemana Angela Merkel en diciembre de 2006 después de reunirse con Condoleeza Rice, entonces secretaria de Estado, la CIA cometió un error con la captura de Masri. Como quedó claro poco después de que empezara su desaparición forzada, Masri fue capturado por error; fue detenido porque su nombre se parecía al de un sospechoso de al Qaeda.
Pero Masri fue retenido en la cárcel secreta mucho después de que Washington se diera cuenta del error. Fue solo el 28 de mayo de 2004 que Masri fue entregado por la CIA a otro aliado de Estados Unidos, Albania. Allá, le dijeron que no contara a nadie lo que le había pasado, y luego subido a un vuelo comercial de regreso a Alemania.
Aunque las pesquisas del Consejo de Europa y del Parlamento alemán señalaban la responsabilidad de Estados Unidos, el gobierno estadounidense no ha admitido nunca públicamente lo que pasó. Al contrario, funcionarios estadounidenses han tratado de impedir las pesquisas penales de tribunales alemanes y españoles y obtenido la anulación de los intentos de Masri de presentar su caso en cortes de justicia estadounidenses sobre la base de que los “secretos de Estado” descartaban la consideración de sus denuncias.
Ahora que la Corte Europea de Derechos Humanos ha fallado, los gobiernos clave implicados en el asunto deben hacer reparaciones.
Macedonia debería proceder a la formación de una comisión de investigación capaz de obtener la identificación y castigo de los funcionarios macedonios que participaron en esta entrega extraordinaria. Alemania debería revelar su propia participación, y su ministerio de Justicia debería hacer llegar a las autoridades de Estados Unidos las órdenes de arresto emitidas en enero de 2007, pero nunca enviadas, contra trece agentes de la CIA acusados de participación en el caso.
El gobierno de Obama debería aprovechar la oportunidad para revitalizar una política de seguridad nacional plagada hace mucho tiempo por la ausencia de una rendición de cuentas ajustada a derecho. El presidente Obama debería reconocer de inmediato y públicamente el daño que se le ha causado a Masri, disculparse en nombre del pueblo estadounidense y ofrecer a Masri una compensación razonable.
Y más allá de este caso, el gobierno debería abandonar la política de excesivo secretismo que ha reducido la autoridad moral y el apoyo de la ciudadanía a su programa de contraterrorismo.
Debería repudiar formalmente la práctica de la CIA de trasladar a detenidos sin ofrecerles un proceso jurídico debido; formar una comisión imparcial e independiente de personas distinguidas para examinar y revelar todo lo que sabe sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de esas operaciones; e iniciar investigaciones penales genuinas cuando sea necesario.
El número total de personas sometidas a detenciones ilegales o encubiertas y al programa de entregas extraordinarias desde el 11 de septiembre de 2001, algunos de las cuales terminaron en la prisión norteamericana en Bahía Guantánamo, Cuba, sigue siendo un misterio. Pero es en el propio interés de Estados Unidos que se revele la verdad de este sórdido capítulo en nuestra historia y exigir responsabilidades.
Otros gobiernos han empezado a hacer precisamente eso. Italia ha condenado penalmente a algunos de sus propios funcionarios, así como a un número de agentes de la CIA, en ausencia, por su participación en una infame operación de entrega extraordinaria. Canadá ha ofrecido excusas a Maher Ara, el que, con la ayuda de Estados Unidos, fue enviado a Siria en un caso de entrega extraordinaria en 2002, y allá torturado. Australia, Gran Bretaña y Suecia han pagado compensaciones a víctimas del programa de entregas extraordinarias.
Es hora de que Estados Unidos se una a ellos.
En enero de 2009, en vísperas de la investidura, Barack Obama dijo sobre los errores cometidos: “Tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás”. En los últimos cuatro años la adherencia a esta política ha deteriorado la reputación de Estados Unidos. Mientras Washington se niegue a examinar su propia conducta, quedará en manos de tribunales extranjeros mantener el estado de derecho. Y, como lo deja en claro la resolución de hoy, lo harán.
[James A. Goldston es director ejecutivo de la Iniciativa pro Justicia de la Sociedad Abierta; representó a Kahled el-Masri ante la Corte Europea de Derechos Humanos.]
18 de diciembre de 2012
13 de diciembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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