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[Pekín, China] [Crece oposición a campos de trabajo, que las autoridades describen como centros de rehabilitación. Los reos, que deben trabajar en jornadas de hasta veinte horas, sólo reciben, si acaso, algunos dólares al mes.]

[Andrew Jacobs] Es difícil decir exactamente qué sentimientos “subversivos” llevó a la policía a Ren Jianyu, que escribió en su microblog el año pasado, aunque destacan frases como “abajo la dictadura” y “viva la democracia”.
Finalmente, Ren, 25, egresado universitario de Chingqing, la metrópolis del sudoeste, fue enviado después de ser condenado en un procedimiento sin juicio a trabajar en un campo después de que los detectives encontraran en su armario una camiseta con el lema: “Libertad o muerte”.
El año pasado, Ren fue uno de las decenas de miles de chinos que fueron encerrados en el enorme sistema de “reducación a través del trabajo”, una constelación de colonias penales inspiradas en Stalin donde los rateros, peticionarios, miembros clandestinos de una iglesia cristiana y otros ciudadanos percibidos como socialmente irritantes trabajan en horribles condiciones hasta cuatro años seguidos, todo esto sin forma alguna de juicio. Con 190 mil reos, es uno de los sistemas de trabajo forzado más grandes del mundo.
Pero ahora el sistema de trabajos forzados, conocido como “laojiao”, hace frente a una creciente oposición desde dentro y fuera del Partido Comunista. Los críticos dicen que el cambio de liderazgo el mes pasado, que incluyó la remoción del director del gigantesco aparato de seguridad interior del país, ha creado un potencial para iniciar reformas jurídicas y del poder judicial.
“Es hora de que desmantelemos este sistema inconstitucional y despótico que viola derechos humanos básicos, alimenta la inestabilidad y mancha la imagen del gobierno”, dijo Hu Xingdou, profesor en el Instituto Tecnológico de Pekín, que despotrica frecuentemente contra el sistema creado por Mao Zedong en los años cincuenta para echar abajo a enemigos de clase y contrarrevolucionarios.
Los llamados a la reforma van más allá de los conocidos partidarios de reformas políticas como el profesor Hu. El colegio nacional de abogados de China ha hecho circular una petición online que ha sido firmada por miles de personas. Algunos juristas han convocado a seminarios para denunciar el sistema. Y casi todos los días los medios controlados por el estado, con el apoyo tácito de altos dirigentes del partido, informan sobre desafortunados ciudadanos atrapados por un poder judicial arbitrario controlado por las policías locales.
El caso de Ren habría pasado probablemente inadvertido si no fuera por los activistas cada vez más osados de derechos humanos, que denunciaron sus penurias en internet. Evidentemente aguijoneados por el torrente de cobertura periodística, funcionarios de Chongqing redujeron su condena de dos años y lo dejaron en libertad.
“Fue una experiencia espantosamente deprimente”, dijo Ren en una conferencia telefónica este mes, describiendo los largos días que pasó en los talleres del campo protegidos por alambres.
Abundan otros ejemplos. Un trabajador inmigrante de Mongolia Interior fue enviado a un campo por pelear con un funcionario en un restaurante. Una madre de provincia de Hunan fue condenada a dieciocho meses después de que protestara públicamente que dos hombres que habían violado y obligado a prostituirse a su hijita de once años habían sido tratados con demasiada indulgencia.
Este mes un veterano de ochenta años de la Guerra de Corea y afectado por el mal de Parkinson lloró en televisión nacional cuando describió los dieciocho meses que pasó en un campo de trabajo como castigo por haber presentado una queja denunciado la corrupción local.
El People’s Daily, portavoz del Partido Comunista, atacó al sistema el mes pasado, diciendo que se había convertido en una “herramienta de venganza” de los funcionarios locales. En octubre, el director del comité de reforma judicial del gobierno constató que existía un amplio consenso a favor de abordar los peores abusos del sistema.
Y en un ensayo que circuló ampliamente, el vicepresidente de la Suprema Corte Popular, Jiang Bixin, argumentó que el gobierno debe actuar dentro de la ley si quiere sobrevivir. “Sólo restringiendo el poder público se pueden realizar con seguridad los derechos y libertades de los ciudadanos”, escribió.
El entrante presidente de China, Xi Jinping, todavía no ha considerado el tema, pero partidarios de la reforma se sintieron alentados por un discurso que leyó este mes sobre las ampliamente ignoradas garantías que ofrece la Constitución china, ente las cuales la protección contra la detención ilegal y el derecho a un juicio abierto. “Tenemos que crear mecanismos para restringir y supervisar el poder”, dijo Xi.
Hasta ahora, el poderoso aparato de seguridad de China ha mantenido a raya los intentos de erosión de su autoridad, pronosticando calamidades si la policía llegara a perder su capacidad de detener a alborotadores sin la interferencia de jueces o abogados que los defiendan.
El Ministerio de Seguridad Pública tiene otras razones para conservar el status quo. El sistema, que emplea a decenas de miles de personas, es una mina de oro para las autoridades locales, que ganan dinero con los artículos producidos por los reos. Los funcionarios también codician los sobornos que les ofrecen para reducir las sentencias, dicen los críticos, y los pagos que hacen las familias para asegurarse de que sus seres queridos sean alimentados adecuadamente mientras cumplen sus sentencias.
Zhou Yongkang, que se retiró el mes pasado como director del servicio nacional de seguridad, era conocido por asustar a altos dirigentes con el espectro del caos social –y la pérdida del poder por parte del partido- si el sistema penal extrajudicial llegaba a ser abolido.
“Zhou Yongkang sabía cómo montar un buen espectáculo”, dijo He Weifang, profesor de derecho de la Universidad de Pekín que ha librado una campaña de diez años contra el sistema de seguridad.
El profesor He y otros juristas dijeron que se sintieron alentados después de que dirigentes del partido despojaran a Zhou de sus responsabilidades policiales, trasladándolas al Politburó de veinticinco miembros desde el más influyente Comité Permanente.
El cambio subraya el creciente recelo del liderazgo con respecto a la máquina de la seguridad interior de China, que creció enormemente durante la década de la campaña de “estabilidad social” del presidente Hu Jintao. El presupuesto anual de seguridad de 110 mil millones de dólares ahora excede los gastos militares de China.
“Existe la impresión de que las cosas se han descontrolado, de que cuando hay una lucha al interior del partido, incluso los funcionarios más poderosos pueden desaparecer”, dijo Sharon Hom, director ejecutivo de Human Rights China. “Nadie es inmune en un estado sin ley”.
Guo Xuehong, ex juez en la provincia de Jilin en el nordeste del país, tiene experiencia de primera mano con el aparato extrajudicial. Guo, 47, fue condenado a un año de prisión después de que protestara por su despido –como consecuencia, dijo, de haberse negado a anular un fallo que perjudicaba a una empresa con vínculos políticos. Su fallo perjudicaba la economía local, determinaron funcionarios del partido.
En una entrevista, Guo se quejó de que aquellos atrapados en el aparato no tenían posibilidad de armar una defensa y menos todavía de recurrir sus sentencias, dado que sus apelaciones son vistas por la misma instancia que dicta sentencias sumarias.
“El sistema es simplemente una herramienta que usan los funcionarios para deshacerse de las personas problemáticas”, dijo Guo.
Guo tuvo la fortuna –porque estaba bien conectado- de que se le permitiera cumplir una parte de su sentencia en la casa debido a su mala salud. Los que han cumplido sus penas en algunos de los 350 campos de trabajo del país denuncian alimentos indigeribles, celdas hacinadas y violentos malos tratos.
La inmensa mayoría de los reos son delincuentes de poca monta, pero los presos políticos y miembros clandestinos de la prohibida organización religiosa Falun Gong son a menudo apartados para sufrir los peores maltratos, especialmente si protestan por las condiciones o se niegan a confesar.
Liu Jie, 60, ex ejecutiva comercial en la provincia de Heilongjiang cumplió una sentencia de dos años por “disturbar el orden social”, un castigo impuesto por hacer circular una carta pidiendo reformas políticas y legales. Contó cómo matones en el campo imponían violentamente la voluntad de los gendarmes a cambio de sentencias reducidas. Una paliza le costó varios de sus dientes anteriores y quedó temporalmente ciega de un ojo.
Cuando se quejó de mareos provocados por la pintura usa para hacer linternas de papel, contó Liu, fue amarrada a una silla durante una semana, un temido castigo conocido como el “banco del tigre”. Privada de alimentos y agua durante varios días, dijo, perdió repetidas veces la conciencia. “Cuando me desataron de la silla, mis piernas estaban cubiertas de oscuros moretones”.
En un informe de 2009, Defensores de los Derechos Humanos en China documentaron lo que llamaron un “hervidero de injusticia”, con reos que eran obligados a trabajar jornadas de veinte horas al día para producir mondadientes, petardos, cajas de cartón y carteras.
“Para cumplir con la cuota, teníamos que trabajar tanto que nuestros dedos se volvían ásperos y se hinchaban, con pequeñas ampollas encima de las grandes”, contó un reo a los investigadores. A los reos no se les paga nada o, cuando mucho, el equivalente de algunos dólares al mes.
Liu dijo: “Es una enorme fábrica de trabajo esclavo construida sobre una gigantesca cadena de ganancias”.
Activistas de derechos humanos dicen que una reforma genuina del sistema laojiao requeriría, entre otras cosas, permitir que las víctimas tengan acceso a abogados y puedan recurrir sus sentencias. Pero muchos de ellos temen que los líderes del partido prefieran optar por modificaciones modestas. En recientes juicios tentativos se incluyeron sentencias limitadas a solo unos meses, permisos de fines de semana para los reos o sentencias policiales escritas.
Esos cambios, dijo el profesor He, de la Universidad de Pekín, lograrían poco. “Técnicamente hablando, laojiao es fácil de componer”, dijo. “Pero el peligro es que lo que logremos no sea más que un engañoso cambio de nombre”.
[Patrick Zuo contribuyó a la investigación.]
20 de diciembre de 2012
15 de diciembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer

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