repensando la prisión perpetua

[Tallahassee, Florida, Estados Unidos] [Para delitos que no incluyan el homicidio.]

[John Tierney] Stephanie George y el juez Roger Vinson tenían opiniones muy diferentes sobre la caja fuerte hallada por la policía en su casa en Pensacola. Ella insistía en que no tenía idea de que un ex novio la había escondido en el ático. El juez Vinson consideraba la caja, que contenía medio kilo de cocaína, una prueba de su culpabilidad.
Pero la acusada y el juez estuvieron completamente de acuerdo con la legitimidad de la sentencia que este dictó en una corte federal.
“Pese a que usted ha estado implicada en drogas y venta de drogas”, le dijo a la señora George el juez Vinson, “usted ha participado básicamente como novia y ha guardado drogas y dinero obtenido con la venta de drogas, pero no ha estado implicada activamente en el tráfico de drogas, así que en mi opinión ciertamente usted no merece ser condenada a prisión perpertua”.
Sin embargo, esa mañana hace quince años el juez no tenía otra opción. Mientras su perpleja familia observaba la escena, George, entonces de 27 años, que no había sido acusada nunca antes por delitos violentos, fue sacada de la sala del tribunal para cumplir una sentencia de prisión perpetua clasificada, sin posibilidad de libertad condicional.
“Recuerdo a mi madre llorando y preguntándole por qué al Señor”, dijo George, ahora de 42, en una entrevista en la Penitenciaría Federal en Tallahassee. “Todavía me cuesta creer que esto esté pasando en Estados Unidos”.
Su sentencia reflejó una revolución en una política pública llamada a menudo encarcelamiento en masa, que parece cada vez más dudosa a cientistas sociales conservadores y liberales por igual, que citan evidencias de que el encarcelamiento masivo no es el modo más efectivo para hacer más seguras las calles, y que en realidad en lugar de ello puede estar fomentando la delincuencia.
Tres décadas de leyes más estrictas contra las drogas, menos posibilidades de acceder a la libertad condicional y normas rígidas de sentencia han alargado las penas de prisión y más que triplicado el porcentaje de ciudadanos estadounidenses tras las rejas. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: un adulto de cada cien, con un total de casi 2.3 millones de personas en prisión.
Pero hoy existe una creciente sensación de que estas políticas han ido demasiado lejos, provocando que muchos estadounidenses como George sean encarcelados por demasiado tiempo a enormes costos, tanto económicos como sociales.
Las críticas han encontrado eco en algunos funcionarios federales y estaduales que han tomado medidas para frenar el crecimiento de la población carceleria. Los cientistas sociales están llamando la atención en parte porque la reducción de la delincuencia la ha convertido en un problema político menos potente y en parte debido a los problemas económicos de los estados.
El gasto fiscal en penitenciarías, después de su reajuste inflacionario, se ha más que triplicado en los últimos treinta años, convirtiéndolo en la partida presupuestaria de crecimiento más rápido, después del seguro médico. Pese a que la población carcelaria se ha estabilizado en los últimos años, los costes siguen siendo tan altos que los estados se han visto obligados a reducir el gasto en otras áreas.
Hace treinta años California gastaba el diez por ciento de su presupuesto en la educación superior y el tres por ciento en prisiones. En los últimos años la cuota que usan las prisiones en el presupuesto se ha elevado por encima del diez por ciento, mientras que la partida para la educación superior cayó por debajo del ocho por ciento. Los administradores universitarios en California subieron la matrícula para cubrir sus déficits, y se quejaron de que el estado gasta mucho más en los reos –casi cincuenta mil dólares por reo al año- que en los estudiantes.
Muchos investigadores concuerdan en que el aumento de la tasa de encarcelamiento ha redundado en algunos beneficios iniciales, particularmente en los vecindarios urbanos, donde la violencia se redujo signficativamente en los años noventa. Pero las sentencias prolongadas y la población carcelaria siguieron creciendo, hasta empezar a incluir a personas condenadas por delitos no violentos, como George.
Medio millón de personas se encuentran ahora en prisión por delitos relacionados con drogas, una diez veces más que en 1980, y se han constatado fuertes aumentos en las tasas de encarcelamiento de mujeres y de mayores de 55 años, muy por encima de la edad máxima para delitos no violentos. En total, más de la mitad de la población carcelaria está cumpliendo penas de prisión por delitos no violentos.
Investigadores han observado que las políticas de sentencias no han contribuido prácticamente en nada a frenar el tráfico de drogas ilegales. Y dicen que objetivos como controlar la violencia callejera se pueden alcanzar sin los gastos que implica el encarcelamiento prolongado de tantos condenados.
Aunque muchos estudiosos todavía favorecen las penas severas para los autores de crímenes violentos, han también empezado a sugerir alternativas para otros delitos. James Q. Wilson, el cientista social conservador cuyo trabajo en los años setenta ayudó a justificar políticas de sentencias de prisión más severas, recomendó hace algunos años enviar a más personas condenadas por delitos no violentos a seguir tratamiento antes que imponerles penas de prisión.
Dos de sus colaboradores, George L. Kelling, del Instituto Manhattan, y John J. DiIulio Jr., de la Universidad de Pensilvania, se han unido a otros políticos y académicos prominentes, entre ellos Jeb Bush y Newt Gingrich, en una organización llamada Right on Crime, la que fomenta un encarcelamiento más selectivo y advierte que las políticas actuales “provocan la consecuencia no intencionada de endurecer a los delincuentes no violentos de bajo riesgo”, de modo que llegan a representar “un riesgo más grande para la sociedad que cuando entraron en prisión”.
Estas opiniones no son exactamente universales, especialmente entre los funcionarios elegidos preocupados de que, si se reduce la población carcelaria, aumente la delincuencia. Las fiscalías han resistido los intentos de cambiar el sistema, afirmando que las sentencias más estrictas disuaden la comisión de delitos e inducen a los sospechosos a cooperar, debido a que el sistema otorga una gran influencia a la policía y a los procuradores.
Algunas de las evidencias más contundentes de las ventajas del encarcelamiento fueron proporcionadas por estudios de un economista de la Universidad de Chicago, Steven D. Levitt, que concluyó que las políticas penales jugaron un papel importante en la reducción de la delincuencia en los años noventa. Pero a medida que la delincuencia siguió reduciéndose y la población carcelaria subiendo, el rendimiento bajó.
“Sabemos que los castigos más severos conducen a menos delitos, pero también sabemos que el reo número un millón que encarcelamos es mucho menos peligroso para la sociedad que el número uno”, dijo Levitt. “A mediados de los años ochenta concluí que las ventajas sociales prácticamente igualaban los costes de encarcelamiento. Hoy, mi impresión es que los costes son mayores que las ventajas. Creo que deberíamos reducir la población carcelaria en al menos un tercio”.
Algunos cientistas sociales argumentan que la tasa de encarcelamiento es ahora tan alta que el efecto neto es “crimogénico”: en el larzo plazo crea más delincuencia y daña permanentemente el tejido social en las comunidades y las perspectivas económicas de los reos y de sus familias. A nivel nacional, cerca de uno de cada cuarenta niños tiene un padre en la cárcel. Entre los niños negros, uno de cada quince niños tiene a un padre en prisión.

Cocaína en el Ático
La señora George era una madre soltera cuando tuvo problemas con la ley por primera vez por asuntos relacionados con las drogas. El padre de uno de sus hijos era un vendedor de crack, Michael Dickey, que fue encarcelado a principios de los años noventa por posesión de armas y drogas.
“Cuando lo encarcelaron, me quedé en casa con los niños, luchando por pagar las cuentas”, explicó George. “El único modo de hacer dinero rápidamente era vendiendo crack. Nunca lo usé, pero como conocía ese mundo, sabía cómo adquirirla”.
Después de que la policía la sorprendiera vendiendo crack –en dos ocasiones, por cuarenta y ciento veinte dólares, que fueron considerados delitos diferentes-, fue sentenciada, a los veintitrés años, a nueve meses en un programa de inserción laboral. Eso implicó trabajar en el salón de belleza de su madre en Pensacola durante el día y dormir en la cárcel del condado en la noche, lejos de sus tres niños.
“Cuando me condenaron por primera vez, me asusté mucho”, recordó. “Pensé, Dios mío, voy a estar lejos de mis hijos, no es lo que quiero. Me prometí que eso no volvería a ocurrir nunca”.
Cuando Dickey salió de la cárcel en 1995, contó, ella se negó a reaudar la relación, pero a veces lo dejaba entrar a su departamento para ver a su hija. Una noche, poco después de que él hubiera llegado, se apareció la policía con una orden de allanamiento y una escalera.
“Yo no sabía para qué querían la escalera en un edificio de una planta”, dijo George. “Entraron a un closet y abrieron un pequeño espacio arriba que yo no sabía que existía y sacaron una caja fuerte. Él les entregó la llave para abrirla. Cuando vi lo que contenía, me enfurecí y empecé a pegarle”.
Dickey dijo que le había pagado para guardar la cocaína en su casa. En el juicio, otros acusados dijeron que ella estaba presente durante las ventas de drogas realizadas por Dickey y otros dealers con los que se veía, y a veces daba dinero o crack a sus novietes. George negó esas acusaciones, que según su abogado no habían sido verificadas y eran interesadas. Después de que el jurado la condenara como parte de la conspiración para vender cocaína, ella le dijo al juez, durante la lectura de su sentencia: “Sólo quiero decir que yo no hice eso. No quiero que me separen de mis hijos”.
Cualquiera sea la verdad de las declaraciones en su contra, ciertamente benefició a los otros acusados. Entregar evidencias a la fiscalía en uno de los pocos modos de evitar una sentencia obligatoria. Debido a que el gobierno formalmente reconoció que los otros acusados habían “cooperado substancialmente”, sus sentencias fueron reducidas todas a menos de quince años. Pese a que Dickey era el cerebro del negocio y tenía una hoja de antecedentes mucho más larga que la de George, recuperó su libertad a los cinco años.
Analizando el caso retrospectivamente, el juez Vinson dijo que esas sentencias disparatadas eran desgraciamente muy frecuentes. El juez, nombrado por el presidente Ronald Reagan que no es conocido por su liberalismo (el año pasado dijo que toda la ley de seguro médico del presidente Obama era inconstitucional), dice que todavía lamenta la sentencia que dictó contra George simplemente sobre la base de la fórmula que dicta la cantidad de cocaína encontrada en la caja fuerte y sus antecedentes penales previos.
“No era una participante importante, de ninguna manera, pero el problema en estos casos es que los individuos que más pueden ayudar a la fiscalía son los más culpables”, dijo hace poco el juez Vinson. “Así que ellos reciben sentencias reducidas y los peces pequeños, los cómplices que no manejan toda la información, reciben las sentencias obligatorias”.
“Se supone que el castigo se debe corresponder con el delito, pero cuando un cuerpo legslativo dice que esa va a ser la sentencia sin que importen otros factores, estamos frente a una decisión draconiana en todos los sentidos. Las sentencias obligatorias engendran injusticia”.

Dudas sobre las Sentencias
En los años ochenta, las penas más estrictas por drogas fueron promovidas por republicanos como Reagan y por demócratas urbanos preocupados por la epidemia del crack. En los años noventa, los dos partidos apoyaron la ley contra la delincuencia del presidente Bill Clinton, que dio dinero a los estados para que construyeran prisiones. Las leyes de tercera reincidencia y otras fórmulas obligaron a los jueces a imponer sentencias de prisión perpetua clasificada, una pena que en Estados Unidos de antes de 1970 no era frecuente.
La mayoría de los otros países no dictan sentencias de prisión perpetua clasificada, y aquellos que sí lo hacen, en general la reservan sólo para especialmente crímenes atroces. En Inglaterra, donde se dicta sólo para homicidios que incluyen agravantes como secuestro de niños, tortura o terrorismo, un estudio reciente informó que había 41 reos cumpliendo penas de prisión perpetua. En las cárceles de Estados Unidos, 41 mil reos cumplen penas de perpetuas.
“Es exagerado que sentenciamos rutinariamente a personas como Stephanie George a morir en nuestras cárceles”, dijo Mary Price, abogada de la organización Familias contra las Sentencias Mínimas Obligatorias [Families Against Mandatory Minimums]. “Estados Unidos es casi el único país del mundo que abandona su obligación de rehabilitar a esos reos”.
La utilidad de esas sentencias ha sido denunciada repetidas veces por criminalistas y economistas. Dado que los delincuentes no son conocidos por su planificación de largo plazo, ¿qué tan seriamente consideran la sentencia a perpetua en comparación con las penas a veinte o diez años de cárcel? Los estudios no han podido demostrar evidencias consistentes de que la perspectiva de sentencias más largas actúe de modo significativamente más disuasivo que las sentencias más cortas.
Las sentencias más largas sin duda mantienen fuera de las calles a los delincuentes. Pero los investigadores cuestionan que este efecto de incapacitación proporcione suficientes ventajas como para justificar los costes, especialmente cuando están implicados traficantes de drogas. Encerrar a un violador hace más seguras las calles, pero encerrar a un dealer de poca monta lo único que hace es crear una oportunidad laboral que será rápidamente aprovechada por alguno de los numerosos candidatos disponibles.
La cantidad de condenados por drogas tras las rejas ha pasado de menos de cincuenta mil en 1980 a más de medio millón hoy, pero esto todavía quiere decir que hay más de dos millones de personas en las calle que venden drogas ocasionalmente, de acuerdo a cálculos de Peter H. Reuter, criminólogo de la Universidad de Maryland. Él y Jonathan P. Caulkins, de la Universidad Carnegie Mellon, dicen que no hay modo de encerrar a suficientes dealers de drogas y correos como para causar un impacto significativo en la oferta de drogas, y es por eso que la cocaína, la heroína y otras drogas ilegales sigan estando tan ampliamente disponibles hoy como en 1980, y generalmente a precios más baratos.
Los investigadores dicen que si la cantidad de personas condenadas por drogas tras las rejas se redujera a la mitad –en 250 mil-, el impacto sobre los precios o disponibilidad sería mínimo.
“Las sentencias obligatorias largas basadas en la cantidad de drogas encontradas en posesión de alguien sólo barren a los correos de bajo nivel y otras personas contratadas que son fácilmente remplazadas”, dijo el doctor Caulkins. “En lugar de depender de fórmulas escritas por legisladores y comisiones de sentencia, deberíamos dejar que los jueces y otros funcionarios locales usen su discreción para concentrarse en los dealers que causan la mayor parte del daño social: los más violentos, los que pelean por territorio en las calles, los que reclutan a niños. Esos son los que deberían recibir las sentencias más largas”.
Estos cambios han empezado a introducirse en algunos lugares. Las sentencias por algunos delitos relacionados con drogas se han aliviado a nivel federal y en estados como Nueva York, Kentucky y Texas. Los jueces de Ohio y Carolina del Sur han recibido más atribuciones de discreción a la hora de dictar sentencia. En noviembre los californianos votaron para aliviar la ley de tercera reincidencia de su estado para concentrarse sólo en los delitos graves o en el tercer delito violento. El uso de la libertad condicional se ha ampliado en Louisiana y Mississippi. La Corte Suprema de Estados Unidos ha prohibido algunas sentencias a prisión perpetua clasificada a condenados menores de edad [que hayan participado en delitos que no incluyen el homicidio. Y también derogó las leyes que hacían obligatorias esas sentencias en casos de homicidio sin permitir que los jueces tomaran en cuenta circunstancias individuales]. Sin embargo, Estados Unidos, con menos del cinco por ciento de la población mundial, todavía tiene a casi un cuarto de los reos del mundo.

Madre Separada de Sus Hijos
George dijo que podía entender que el tribunal la enviara a prisión por cinco años, aunque sólo fuera para castigarla por sus anteriores delitos de venta de crack.
“Yo creo firmemente en el karma –todo rebota”, dijo. “Ahora veo lo malo que es venderle drogas a personas enganchadas a algo que no pueden controlar. Pienso: ¿y si hubiesen usado el dinero de sus hijos para comprarme drogas a mí? Tengo que pagar por eso. ¿Pero toda mi vida? ¿Separarme de mis hijos para siempre?”
Cuando fue sentenciada hace quince años, sus hijos tenían cinco, seis y nueve años. Fueron criados por su hermana, Wendy Evil, que dice que era doloroso llevar a los niños a ver a su madre en prisión.
“Se pelean por sentarse en su regazo”, recordó hace poco durante una cena familiar en su casa en Pensacola. “Ha sido duro para ellos. Algunos de los problemas que han tenido tienen que ver con que la rabia que sienten contra ella por haberse marchado”.
El menor, William, ahora de veinte, abandonó la escuela básica. Los mayores, Kendra y Courtney, terminaron la secundaria pero hasta ahora no han seguido el consejo de su madre de estudiar en una universidad.
“No quiero responsabilizarla de mi situación, pero creo que mi vida habría sido muy diferentes si ella hubiera estado aquí”, dijo Courtney, ahora de veinticinco, que lleva varios años en el paro. “Si me desbandaba, ella me habría ayudado a recuperarme. Es más fuerte que todos nosotros”.
George, que sacó su título universitario en la cárcel, llama a sus hijos domingo por medio. Paga por las llamadas, que cuestan 23 centavos de dólar por minuto, con los salarios de dos trabajos: un turno de ocho horas de procesamiento de datos a 92 centavos por hora, más cuatro horas extras en un centro de llamadas en la cárcel que presta servicios de ayuda con la guía telefónica nacional a compañías telefónicas.
“Me gusta estar ocupada”, dijo durante la entrevista. “No me gusta tener tiempo para pensar en casa. Sé lo que le duele a mi hija ver a sus amigas hacer cosas con sus madres. Mis hijos todavía están enfadados. Pensé que se les pasaría después de un tiempo, pero han crecido y tienen novias y no han cambiado. Con el Día de la Madre y Navidad se ponen peor”.
Pareció impertérrita, incluso alegre, durante la mayor parte de la entrevista en la cárcel, donde duerme en una litera en una celda de dos por tres y medio metros que comparte con otra presa. Vestida con el uniforme normal, pantalones kaki y botas de trabajo, estuvo tranquila y articulada cuando hablaba sobre su caso y los intentos fallidos de recurrir la sentencia. Sus abogados dicen que su única esperanza es un indulto presidencial –rara vez otorgado en los últimos años. Pero mantiene viva la esperanza.
Perdió la compostura una sola vez, recordando esa noche en 1996 cuando la policía encontró la caja fuerte en su departamento. Había estado trabajando en la cocina, haciéndole las trenzas a alguien a cambio de dinero, mientras Courtney, entonces de ocho, jugaba en la casa. Él vio cuando la policía se la llevó esposada.
“Courtney gritó: ‘Mamá, prometiste que no nos dejarías nunca más’”, recordó George, con sus ojos llenos de lágrimas. “Todavía oigo su voz ese día, y ahora es un adulto”.
24 de diciembre de 2012
12 de diciembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer