[Dentro de poco, los drones llegarán a un vecindario cerca de usted. Y es hora de que el Congreso elabore un programa que garantice que la privacidad de los ciudadanos no será violada. Editorial NYT.]
Los aviones no tripulados que la mayoría de la gente asocia con la cacería de terroristas y los asesinatos selectivos en Pakistán están a punto de convertirse en una enorme industria nacional. La cuestión no es si los drones sobrevolarán alguna vez los cielos de Estados Unidos, sino cuándo.
El Congreso ha encargado a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) seleccionar rápidamente seis ubicaciones en el país para probar la seguridad de los drones, que pueden variar en tamaño desde aviones dirigidos por control remoto tan grandes como aviones de pasajeros hasta planeadores equipados con cámaras llamados Nano Hummingbirds, que pesan diecinueve gramos.
El presidente Obama, que dio luz verde al programa de aviones no tripulados en febrero cuando promulgó la ley de reautorización de la Administración Federal de Aviación, proyecta el desarrollo de una industria de drones con cámaras de cerca de cinco mil millones de dólares usados para todo tipo de propósitos, desde publicidad para la industria inmobiliaria hasta la fumigación de cultivos, el control medioambiental y tareas policiales.
Respondiendo a una creciente preocupación de la opinión pública que está descubriendo que los drones se acercan, hace poco la FAA agregó muy sensiblemente el tema de la privacidad de los ciudadanos a su agenda. Determinar regulaciones bajo las garantías de la Cuarta Enmienda contra la vigilancia ilegal es de la mayor importancia. Pero dado que la primera prioridad de la FAA es la seguridad, el Congreso deberá meter baza en el asunto elaborando salvaguardas de la privacidad para la bullente industria de los aviones no tripulados.
El anticipado mercado incluye decenas de miles de agencias policiales, compañías de bomberos y otras reparticiones gubernamentales que se puedan permitir drones más livianos que los aviones tradicionales y que pueden costar apenas trescientos dólares. Varios drones de vigilancia ya están siendo usados por la patrulla fronteriza y la FAA ha permitido que algunos departamentos de policía experimenten con ellos a escala limitada, fijando por ejemplo una altura máxima de 121 metros para los vuelos de vigilancia del Departamento de Policía de Miami sobre los Everglades.
Las preocupaciones sobre la privacidad en California llevaron a los funcionarios del condado de Alameda a posponer los planes de drones mientras no cuenten con más estudios. El sheriff local insistió en que lo que él tenía en mente era responder ante desastres, no la vigilancia arbitraria, pero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) reclamó que el plan habría permitido un generalizado recabamiento de informaciones de inteligencia.
La oficina nacional de la ACLU advirtió que aunque los drones puedan representar muchas ventajas para, por ejemplo, las tareas de búsqueda y rescate y el control de situaciones delictivas peligrosas, las atribuciones de la ley en el terreno de la privacidad permitirán inevitablemente una “vigilancia generalizada” de la ciudadanía.
La idea de que drones de espionaje sobrevuelen los cielos como jejenes orwellianos puede parecer a algunos algo rebuscado. Pero el Congreso, en su entusiasmo por la nueva industria, debería garantizar una decidida protección de la privacidad en lo que promete ser toda una galaxia de nuevos ojos en el cielo.
27 de diciembre de 2012
26 de diciembre de 2012
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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