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[España] [La Fiscalía General de España ordenó investigar esos delitos cometidos entre 1950 y 1990. Los robos de bebés no se archivan. Se tipifica la sustracción de niños como detención ilegal, un delito que es permanente. Para los familiares de las víctimas del franquismo, se abre una puerta para que se indague sobre casos que han sido sobreseídos.]

Un hilo de esperanza corre entre las manos de los familiares que sufrieron el asedio del franquismo en España. Es que Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, emitió una circular en la que se invita a todas las fiscalías a unificar criterios en aquellos casos donde se investiga el robo de bebés en los hospitales de la península ibérica entre los años 1950 y 1990. En el escrito que difundió ayer, la Fiscalía General considera a la detención ilegal como un delito permanente, razón por la cual “el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en la ignorancia de su origen y verdadera identidad, aun cuando ya sea mayor de edad”. “Este es el criterio que más favorece el interés de los denunciantes por conocer la verdad de los hechos y que permite a los fiscales realizar una completa investigación efectiva”, señala el documento.
En otras palabras, la Fiscalía General entiende que los fiscales están capacitados para tipificar la sustracción de niños recién nacidos como un delito de detención ilegal. En cuanto a la prescripción del delito y antes de fijar posición en ese sentido, la fiscalía instruye a los abogados para que lleven a fondo las pesquisas de las denuncias con el objetivo de acercarse a un panorama cabal de los hechos. Asimismo, la institución que encabeza Torres-Dulce invita a los fiscales a que ordenen realizar exhumaciones o practiquen pruebas de ADN sin necesidad de una autorización judicial.
Con esta circular, la Fiscalía General busca un marco de acción compartido que posibilite investigar la mayor cantidad de robos, aun aquellos que se hayan cometido hace tiempo. Sin embargo, para echar luz sobre los casos a ser tenidos en cuenta en el foro penal, los fiscales a cargo de las pesquisas deberán iniciar las primeras instrucciones judiciales en la propia fiscalía. Luego podrán llevar adelante la acción de la Justicia ante los tribunales correspondientes. A su vez, se iniciará una causa por cada hecho denunciado y se desalienta la posibilidad de diligenciar conjuntamente un grupo de hechos en caso de que no existan indicios que permitan vincularlos.
Quienes recibieron la noticia con beneplácito fueron las víctimas del robo de recién nacidos y de adopciones irregulares, que se congratularon al conocer el tenor de la circular. Así lo expresaron la Plataforma de Afectados Clínicas de toda España-Causa Niños Robados y el abogado Enrique Vila, representante de SOS Raíces y SOS Bebés Robados. La plataforma calificó al texto enviado a todas las fiscalías como muy positivo, ya que recoge sus principales reclamos, y emplaza a las familias cuyas demandas prescribieron a que se pongan en contacto con el Ministerio Público para informarse del procedimiento que deben seguir.
Por su parte, Enrique Vila manifestó la satisfacción de las víctimas al considerar que fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, cumplió con un compromiso adquirido hace tiempo y reclamó por todos los colectivos de afectados para que el tratamiento de las denuncias fuera similar en todo el territorio.
Según Vila, el punto más positivo tiene que ver con que el fiscal general del Estado califica los robos de recién nacidos como delitos de detención ilegal. “Se trata de un importante espaldarazo a la causa de los bebés robados, puesto que el plazo de prescripción del delito no comenzaría a contarse hasta que las personas que fueron robadas sean conscientes de su filiación falsa, con independencia de su mayoría de edad”, afirmó el abogado.
Por otra parte, señaló que Torres Dulce hace un reconocimiento expreso, incluso en aquellos casos de delitos que pudieran haber prescripto, del derecho de los afectados a conocer su origen biológico y a percibir indemnizaciones económicas por el daño moral que se les hubiera causado. La circular también establece que los fiscales no tendrán un tiempo límite para sus investigaciones, aunque no a-claran por qué toman sólo ese período. Hasta ahora tenían seis meses para iniciar trámites judiciales.
Para los afectados, según señala Vila, la circular demuestra un ánimo claro y contundente por parte de la Fiscalía General del Estado de ayudar a las víctimas del tráfico de niños, ya que favorece la investigación penal por un lado, impulsa la investigación filial y reconoce el derecho a indemnizaciones. Distintos colectivos que representan a las víctimas esperan que el criterio de la Fiscalía General del Estado sea asumido también por el resto de jueces y magistrados de toda España.
Según el diario El País, de España, la circular no supone que todos los casos que fueron archivados vayan a reabrirse, pero sí es considerado como una ventana abierta, que facilitará ese camino. El diario español cita un caso en el que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó recientemente al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reabrir la causa de Felisa Tomico y Juan Antonio Panadero, que buscan a su bebé nacido en abril de 1978, al entender que los posibles delitos no habían prescripto.
27 de diciembre de 2012
©página 12

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