[El SAG anuncia decreto que autoriza la caza indiscriminada y permanente de los perros en situación de calle en zonas rurales de Chile. La aberrante iniciativa es también ilegal.]
[Claudio Lísperguer] En las últimas semanas se ha debatido intensamente sobre el borrador de un decreto del Ministerio de Agricultura que busca justificar el exterminio de los perros asilvestrados en zonas rurales por considerarlos una amenaza para los intereses de los ganaderos y para la conservación de otros «recursos naturales». Pero la verdad es que el borrador de marras no se encuentra disponible en ninguna parte. En la página web del ministerio, las búsquedas son inútiles. Todo lo que sabemos son informaciones que han sido filtradas a la prensa aparentemente por los funcionarios mismos. Pese a ello, y ante la justificada desconfianza que provocan las iniciativas de los funcionarios de Agricultura cuando se trata de la ganadería, los animalistas ya se han echado a la calle para protestar contra el decreto que autorizaría la caza indiscriminada de los llamados perros asilvestrados desde Coquimbo hasta el extremo sur de Chile.
El diario Austral de Osorno es quizá la fuente más detallada sobre el tema. En su edición online del 29 de diciembre confirma las intenciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de incluir a los perros asilvestrados en la lista de especies dañinas para poder cazarlos. Se justifica en la defensa de los intereses de los ganaderos, los que sufrirían grandes pérdidas (en realidad, 45 millones de pesos) por los ataques de estos perros contra su ganado. Según el SAG, al año los perros asilvestrados causarían la muerte de nada menos que 57 mil ovinos. Esta cifra extravagante es la que entrega el propio SAG, que tiene un obvio interés en justificar la matanza de perros. Sólo por razones epistemológicas, estas cifras deben ser interpretadas con extrema cautela, pues no provienen de investigaciones independientes.
El decreto se encontraría en estos momentos siendo estudiado por Contraloría para determinar si se ajusta a derecho. Según el SAG, el decreto podría adquirir fuerza de ley pese a que no sea aprobado por el Congreso, porque sólo se trata de una modificación de la ley existente. Este argumento es dudoso y es lamentable que los funcionarios quieran eludir el debate público sobre el asunto. Para un tema tan importante y tan crítico en la conciencia nacional como la caza indiscriminada y permanente de una o más especies en función de los intereses de un grupo reducido de personas (los ganaderos) ciertamente tratar de evitar el debate y proceder por decreto daría una pésima señal a la ciudadanía, que es la que finalmente es responsable de que existan leyes que consideran el sacrificio de animales domésticos sanos (entre ellos los perros) como un delito grave. La ciudadanía debe hacer todo lo posible para impedir que los funcionarios se salgan con la suya e impongan su voluntad contra la opinión mayoritaria de los chilenos y las leyes de protección animal.
Pese al aire de seriedad con que se expresan los funcionarios del SAG, es evidente que no tiene demasiados argumentos y que sus bases metodológicas son extremadamente frágiles. No existen ni cifras ni estudios sobre la población de perros asilvestrados en las zonas rurales chilenas. Los estudios existentes han sido realizados por el propio SAG y no son, por tanto, fiables ni en cuanto a sus conclusiones ni en cuanto a su metodología ni en cuanto a su profesionalismo. Hay una evidente inconsistencia entre las cifras manejadas: por ejemplo, afirmar que los perros matan a 57 mil ovinos al año y decir que en Osorno, para nombrar una región, este año los perros han dado muerte a trescientos animales, suena dudoso, para decirlo generosamente. Igualmente, si como dice el SAG, las provincias de Chiloé, Río Negro y Puyehue son las más afectadas por los ataques de perros contra el ganado, y este año ha habido solo treinta ataques, ¿cómo se llega a esa impresionante cifra de 57 mil ovinos muertos por jaurías? Aquí es evidente que los funcionarios del SAG no cuentan con la preparación profesional suficiente como para realizar este tipo de investigaciones. Estas cifras dirían que en cada ataque mueren miles de perros, lo que es absurdo. Igualmente la conclusión de que como ha habido más denuncias, debe haber más perros, no tiene ninguna justificación y es un absurdo epistemológico. He oído como explicación que el estado recompensa a los ganaderos por cada cabeza de ganado que declaren como perdida. Si esto es así, es evidente que la falta de fiscalización y/o la complicidad del estado con los ganaderos, permite que los ganaderos afecten pérdidas inexistentes e inflen maliciosamente las cifras. Las autoridades deben poner fin a estas prácticas corruptas. La clase política debe intervenir. Considerando estas inconsistencias, sería aconsejable que se postergase toda decisión hasta que se realicen estudios fiables sobre el tema para ofrecer soluciones efectivas y que se ciñan a la ley de protección animal.
Tampoco es seguro que, como pretende el SAG, los ganaderos y otros grupos rurales no vean en este decreto un cheque en blanco para matar indiscriminadamente y sólo busquen un más bien aséptico control de población. Ni es seguro que la defensa de los intereses de la clase ganadera sea lo único que mueve al SAG. En una reciente columna, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Gastón Caminondo Vidal, ofrece una dramática y antojadiza descripción de la amenaza que representarían los perros libertos en el campo: “Recordemos que en el campo los niños caminan desde sus casas a la escuela, por caminos o senderos poco traficados, quienes con la inocencia propia de la edad, confían en estas mascotas y son presa fácil para animales agresivos. También mujeres cuando caminan largos trayectos al encuentro de locomoción, o los hombres mientras desarrollan sus faenas pueden ser testigos y sufrir ataques de perros vagos”. No se trata pues de la pérdida de ganado; a este peligro se agrega el de los ataques contra niños, contra mujeres e incluso contra hombres. Lo que el autor propone es simplemente el exterminio de los perros libertos o asilvestrados con el propósito de prevenir ataques futuros. La propuesta es ilegal, simplemente porque la legislación chilena prohíbe el sacrificio de animales domésticos sanos, entre los que se incluye a los perros en situación de calle, tanto en el campo como en la ciudad. El autor no ofrece ninguna cifra para sustentar su propuesta. Sólo ofrece comentarios histéricos e interesados.
Pepa García, en su blog Teleperra, propone que poner fin a «los ataques de perros a grupos de otras especies se puede lograr implementando políticas de control de la natalidad e instalando sistemas adecuados de cercado y vigilancia de terrenos y otros métodos que desestimulen la aproximación de perros u otras especies a grupos o individuos en situación vulnerable».
La Agrupación Amigos por los Animales de Osorno protestó contra los planes de matanza y pidió más informaciones sobre el decreto al SAG, que el organismo curiosamente se niega a entregar. Pero la opinión de su dirigente, María Teresa Pinochet, es muy sensata: la solución, dice, se debe encontrar en la esterilización y castración de los perros rurales y el mejoramiento de los cercados. Son soluciones evidentes. ¿Por qué no son mencionadas por el SAG? En realidad, intriga que los funcionarios no mencionen el cercado de los predios. Personas que viven en zonas rurales ganaderas en el sur de Chile me dijeron que las vallas que se siguen usando en los predios son las tradicionales de alambres (tendidos entre poste y poste) ideados para contener al ganado mayor, y no para impedir el ingreso de depredadores. Este sistema primitivo de vallado es totalmente insuficiente. ¿Será que los ganaderos no quieren gastar dinero en instalar sistemas modernos –incluyendo algunos de última tecnología que utilizan rayos láser? ¿Y por qué tampoco considera el SAG como solución la instalación de sistemas de vallado modernos, aparte de la esterilización y castración? Quizá los ganaderos exploten también tierras nacionales y no guarden su ganado en predios cercados, por lo que prefieren simplemente cazar a los perros antes que renunciar a la explotación de recursos nacionales que no debiesen estar autorizados a utilizar.
Los planes de exterminio del Ministerio de Agricultura coinciden con la propuesta para modificar actual y aberrante ley de protección animal, adelantada por un grupo de parlamentarios de izquierdas. Uno de los artículos que tienen en la mira es el 20, al que quisieran agregar la siguiente disposición: “El Estado deberá fomentar programas de control ético de la sobrepoblación canina y felina, teniendo como eje la esterilización y la educación de la tenencia responsable». Esta propuesta se ajusta con la sensibilidad chilena actual, que busca proteger a los animales contra los maltratos, y respeta el espíritu de la ley de protección animal. El decreto que prepara el SAG busca todo lo contrario, niega el espíritu de la ley de protección animal y persigue el exterminio injustificado de los perros en situación de calle en zonas rurales. En realidad, aquí los únicos asilvestrados son los funcionarios del SAG.
Es de esperar que las autoridades tengan la sensatez suficiente como para rechazar estos planes criminales y respeten la palabra que empeñaron durante la campaña del presidente Sebastián Piñera, cuando el ex ministro Hinzpeter prometió que durante el gobierno de la coalición de derechas el mandatario no promulgaría ninguna ley que se apartase de la legislación (incluyendo la administrativa) actual que prohíbe el sacrificio arbitrario de animales domésticos, particularmente de perros, que en esta es considerado un delito grave.
Ojalá que este debate sea también la ocasión para discutir el tema más amplio de la explotación animal. Reconociendo que los animales tienen derecho a la vida, el estado en realidad debiese iniciar estrategias para desincentivar el consumo de carne y productos de origen animal, impulsando proyectos para que los ganaderos se conviertan en productores agrícolas y la población disminuya su consumo (hoy inmoderado) de carne para reducir la demanda, fomentando la alimentación sana (sin carnes) en escuelas y universidades públicas, en reparticiones oficiales como ministerios, y en cantinas militares y de las fuerzas de seguridad.
lísperguer
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