Home

[Joe Nocera] [La ausencia de control de armas no es el único factor que explica la reciente ola de masacres. Otro factor es que se abandonó la práctica de ingresar a los enfermos mentales para ser tratados.]

Hace muchos años, cuando yo era un joven periodista en la revista Texas Monthly, pasé prácticamente medio año en compañía de un hombre que sufría de esquizofrenia. Su nombre era Fred Thomas; tenía veintitrés años; y su salud había estado deteriorándose firmemente desde la secundaria, que es cuando la mayoría de los hombres muestran los primeros síntomas de la enfermedad.
Vi a Fred entrar y salir del hospital estatal de Austin, Texas –uno de los pocos recintos que no había sido cerrado a mediados de los años ochenta-, donde fue salvajemente medicado y luego entregado a su madre, una decisión que fue invariablemente desastrosa, o a un centro de rehabilitación mal equipado para ayudar a alguien tan psicótico como él.
Me informé sobre los hogares colectivos que habían emergido después del cierre de los hospitales psiquiátricos. Eran tan horripilantes que una funcionaria de recolocación me dijo que nunca había visitado ninguno “porque no quiero saber adónde los estoy enviando”. Pasé un tiempo en un refugio para indigentes que se había convertido, de hecho, en una institución psiquiátrica sin doctores ni auxiliares. Finalmente, el artículo que escribí giró sobre cómo el “movimiento de desinstitucionalización” de los años sesenta y principios de los setenta -un movimiento provocado por los mismos impulsos liberales que nos dio los derechos civiles y los derechos de la mujer- se había convertido en una desgracia nacional.
Lo que inspira este recuerdo son dos cosas. La primera es el potente informe de Nina Berstein en el Times de esta semana sobre las penurias de los enfermos mentales en Nueva York. Aunque el artículo gira sobre la pérdida de servicios después del huracán Sandy, la verdad es que el huracán sólo exacerbó una situación que ya era terrible. Con los enfermos mentales rara vez internados por periodos significativos de tiempo –debido a la teoría de que vivirán mejor si no son encerrados en algún hospital-, han surgido otras instituciones para ocupar su lugar.
Las prisiones, por ejemplo. De acuerdo a E. Fuller Torrey, un psiquiatra que fundó el Treatment Advocacy Center, un impactante veinte por ciento de la población carcelaria sufre de graves problemas mentales. Cerca de un tercio de los indigentes son enfermos mentales.
Y una estadística más: “Diez por ciento de los homicidios son cometidos por enfermos mentales que no están bajo tratamiento”, dice Torrey.
Tras las masacres en Aurora, Colorado, y Newtown, Connecticut, se han debatido en lo esencial dos argumentos centrales sobre la causa. Los liberales han enfatizado la necesidad de promulgar nuevas regulaciones sobre la posesión de armas que harían más difícil que personas como James Holmes y Adam Lanza puedan conseguir máquinas de muerte como rifles semiautomáticos. No hay escasez de ideas sensatas: control de antecedentes de los compradores de armas, registro nacional que permitiría saber dónde están las armas, prohibición de las armas de asalto, control de las municiones, etcétera. Nouriel Roubini, el economista, escribió un mensaje en Twitter diciendo que los dueños de armas deberían tener un seguro de responsabilidad –una intrigante idea. Algunos legisladores que antes acataban ciegamente las órdenes de la Asociación Nacional del Rifle, ahora dicen que después de la masacre de Newtown están reconsiderando su posición.
Sin embargo, muchos conservadores han responsabilizado de la reciente ola de masacres no sólo a la proliferación de armas sino al hecho de que James Holmes y Adam Lanza pudieran hacer lo que hacían sin traba alguna, pese a que era obvio que eran trastornados mentales. Los editorialistas del Wall Street Journal escribieron hace poco que, antes que el control de armas, cambiar la manera en que tratamos a los enfermos mentales “nos parece una ruta mucho más prometedora” para reducir las masacres.
En realidad, las dos cosas son necesarias. Si los conservadores deben tomar en serio la necesidad del control de armas –controles que harán que la posesión de armas de fuego sea menos generalizada mientras permanecemos en el lado correcto de la Segunda Enmienda-, los liberales deben reconocer que la enfermedad mental no tratada es también una importante razón de porqué ocurren estos asesinatos colectivos. Sí, es verdad, como se ha observado en las últimas semanas, que la mayoría de los enfermos mentales no cometen crímenes. Pero es igualmente verdad que cualquiera que vaya a una escuela con un arma semiautomática y mata a veinte niños y seis adultos es, por definición, un enfermo mental.
Las normativas federales y estaduales sobre la enfermedad mental están construidas sobre un engaño: que los más enfermos deberían controlar siempre su propio tratamiento, y que la desinstitucionalización es la ruta más humana. Esto no es siempre así. Torrey me dijo que las leyes de Connecticut son tan restrictivas en términos de las pruebas que se requieren para internar a una persona, que la madre de Adam Lanza no habría podido ayudarle incluso si hubiese tratado.
“Los enfermos mentales que viven como indigentes en la calle deberían avergonzar a la sociedad que lo permite”, escribí al final de ese artículo en el Texas Monthly. Han pasado cincuenta años desde que la desinstitucionalización se convirtió en norma a la hora de tratar a los enfermos mentales.
¿Cuántas pruebas más necesitamos de que no ha funcionado?
6 de enero de 2013
29 de diciembre de 2012
©new york times
cc traducción @lisperguer

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s