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[Todos Santos, Bolivia] [Los permisos para cultivar coca como arma en la guerra boliviana contra las drogas.]

[William Neuman] No hay nada clandestino en el plantío de coca de Julián Rojas, que está metido en lo más profundo de una enorme plantación de bananas. Ha sido fotografiado con cámaras satelitales, catalogado en bases de datos del gobierno, se han verificado sus informaciones personales y ha sido inspeccionado una y otra vez por el sindicato local de cultivadores de coca. Lo mismo vale para las plantaciones de los vecinos de Rojas y miles de otros campesinos en esta tórrida región al este de los Andes, que tienen permiso del gobierno boliviano para cultivar coca, la planta de la que se deriva la cocaína.
En 2009, el presidente Evo Morales, que se hizo conocido como dirigente de los campesinos cocaleros, expulsó del país a la Agencia de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration] de Estados Unidos. La expulsión, junto con situaciones como la detención el año pasado del ex director de la policía antinarcóticos boliviana por tráfico de drogas, llevó a Washington a concluir que Bolivia no estaba cumpliendo sus obligaciones internacionales de combatir el narcotráfico.
Pero pese al distanciamiento con Estados Unidos, Bolivia, el tercer productor de cocaína del mundo, ha implementado su propia y heterodoxa estrategia para controlar el cultivo de coca, que se desvía marcadamente de la guerra más generalizada contra las drogas e incluye el uso de tecnología de punta para controlar las miles de plantaciones legales de coca que se supone que deben producir hojas de coca para usos tradicionales.
Para sorpresa de muchos, este experimento ha provocado una significativa reducción de las plantaciones de coca, un logro que ha ocurrido en gran medida sin los asesinatos y otras formas de violencia que se han convertido en el sangriento subproducto de la estrategia estadounidense para controlar el tráfico de drogas en Colombia, México y otros países de la región.
Sin embargo, también hay preocupantes signos de que esos avances están siendo socavados por traficantes que usan métodos más eficientes para producir cocaína y superan a la policía boliviana para mantener la exportación de la droga.
Un signo clave de progreso en la estrategia boliviana con la coca es que la superficie total plantada con coca bajó del doce al trece por ciento el año pasado, de acuerdo a informes separados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, el gobierno boliviano reforzó sus intentos de desmantelar las plantaciones de coca no autorizadas e informó sobre un aumento de los decomisos de cocaína y pasta base de cocaína.
“Es fascinante ver a un país que ha expulsado al embajador de Estados Unidos y a la DEA, y la expectativa de parte de Estados Unidos de que la lucha contra el narcotráfico allá sería un fracaso”, dijo Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, un centro de investigación boliviano. En lugar de eso, dijo, la estrategia de Bolivia “está dando resultados”.
Sin embargo, hay escepticismo. “Nuestra perspectiva es que han hecho avances reales, y que están todavía muy lejos de donde queremos verles”, dijo Larry Memmott, chargé d’affaires de la embajada norteamericana en La Paz. “En términos policiales, todavía queda mucho por hacer”.
Aunque Bolivia prohíbe la cocaína, permite el cultivo de coca para usos tradicionales. Los bolivianos mastican hoja de coca como un ligero estimulante y la usan como medicina, como té, particularmente la mayoría indígena de la población, en rituales religiosos.
Una tarde hace poco, Rojas colocó algunas hojas secas en su boca y miró la puesta del sol en su plantío, algo menos de dos quintos de un acre (cerca de 1.600 metros cuadrados) –el máximo permitido por campesinos en esta región conocida como el Chapare.
“Esta es la manera de controlarlo”, dijo, escupiendo el jugo verde de la coca. “Todo el mundo debería tener la misma superficie”.
Rojas es el rostro de una región que está cambiando. Gana mucho más cultivando bananas para la exportación en cerca de 29 hectáreas, que cultivando coca. Pero no tiene ninguna intención de abandonar su pequeño plantío de coca. “¿Qué tal si una enfermedad afecta a las bananas?”, preguntó. “Si eso pasara, la coca nos salvaría”.
El gobierno boliviano ha convencido a los campesinos de que si limitan la cantidad de plantaciones, el precio de la coca seguirá siendo alto. Y se ha concentrado en la erradicación, del tipo que en el pasado provocaba una fuerte resistencia popular, fuera de las áreas controladas por los sindicatos cocaleros, como en parques nacionales.
El registro de miles de campesinos del Chapare, completado este año, es parte de un sistema de implementación que depende de que los cocaleros se vigilen unos a otros. Si los campesinos inscritos son descubiertos con plantaciones por encima del máximo permitido, se llama a los soldados para que retiren el excedente. Si los campesinos violan el límite por segunda vez, se cortan todas sus plantas y pierden el derecho a cultivar coca.
Los sindicatos de cocaleros pueden también ser castigados si ocurren violaciones múltiples entre sus miembros.
“Tenemos que estar constantemente vigilantes”, dijo Nelson Sejas, campesino del Chapare que formaba parte de un equipo que controlaba los plantíos de coca para cerciorarse de que no excedieran el límite.
Pero todavía hay situaciones ilegales. Los funcionarios dicen que van a revisar el registro de cerca de 43 mil campesinos del Chapare para controlar que no tengan huertos múltiples o hayan violado otras reglas.
“Los resultados hablan por sí solos”, dijo Carlos Romero, ministro de gobierno. “Hemos demostrado que puedes erradicar sin violar los derechos humanos, sin hacer polémica sobre el asunto y con resultados claros”.
El ministro dijo que el gobierno estaba en camino de erradicar más acres de coca este año en comparación con el año anterior, sin la violencia de años pasados. Un informe del gobierno informó que entre 1998 y 2002 murieron en el Chapare sesenta personas y más de setecientas quedaron heridas en incidentes de violencia relacionados con la erradicación.
Pero pese a los progresos que muestra Bolivia, la preocupación persiste.
La oficina antinarcóticos de la Casa Blanca calculó que pese a la reducción en la superficie total dedicada al cultivo de la coca el año pasado, la cantidad de cocaína que podría ser producida potencialmente a partir de la coca cosechada en Bolivia podría aumentar en más de un cuarto. Esto es porque una gran cantidad de plantaciones recientes empezaron a madurar y entregar rendimientos más altos; nuevas plantaciones con rendimientos más altos remplazaron a los campos más antiguos y menos productivos; y los traficantes empezaron a usar métodos de procesamiento más eficientes.
Sin embargo, la manifiesta paradoja del programa de control boliviano es que enormes cantidades de la coca cultivada legalmente termina en manos de narcotraficantes y es convertida en cocaína y otras drogas. La mayor parte de esas drogas son enviadas a Brasil, considerado el segundo mercado del mundo para la cocaína. Prácticamente nada de la cocaína boliviana termina en Estados Unidos.
César Guedes, representante en Bolivia de la oficina de antinarcóticos de Naciones Unidas, dijo que prácticamente la mitad de la superficie del país dedicada al cultivo de coca termina en el narcotráfico. Según ambas estimaciones, más del noventa por ciento de la coca en el Chapare, una de las dos principales regiones productoras, termina como cocaína.
Dos campesinos del Chapare explicaron que ellos normalmente venden un saco de veinte kilos de hojas de coca de cada cosecha en el mercado regulado por el gobierno. El resto, a menudo noventa kilos o más, es vendida a compradores que trabajan con traficantes que pagan más que el precio autorizado por el gobierno. Uno de los campesinos dijo que hace poco había entregado las hojas de coca directamente a un laboratorio donde sería convertida en cocaína.
La pregunta central es cuánta coca se necesita para suplir las necesidades tradicionales. La actual política del gobierno permite cerca de veinte mil hectáreas de plantíos de coca legales, aunque el área real en cultivo es mucho mayor. Naciones Unidas calcula que el año pasado había 27 mil hectáreas de coca.
Cualquiera sea la cifra exacta, la mayoría de los analistas concuerdan en que se produce mucho más de lo que necesita el mercado tradicional.
La Unión Europea financió hace algunos años un estudio para calcular cuánta coca se necesitaba para usos tradicionales, pero el gobierno boliviano se ha negado a difundir el estudio, diciendo que se necesita más investigación.
La campaña para reducir la superficie cocalera se produce en momentos en que el gobierno de Morales está tratando de convencer a otros países para reformar la convención de Naciones Unidas sobre narcóticos para reconocer la legalidad de los usos tradicionales de la hoja de coca en Bolivia. Se espera una decisión en enero.
Una mañana hace poco justo después del alba, un pelotón de soldados usaron machetes para talar un plantío de plantas de coca cerca del pueblo de Ivirgarzama.
Habían llegado para destruir una vieja plantación de coca que había sobrepasado su límite y medir un plantío nuevo abierto por el campesino. Los soldados determinaron que el nuevo plantío era ligeramente más grande que lo permitido y retiraron dos hileras de plantas antes de proseguir su camino.
“Antes había más tensión, más conflicto, más personas heridas”, dijo el teniente coronel Willy Pozo. “Ahora ya no hay guerra”.
[Jean Friedman-Rudovsky contribuyó al reportaje desde Ivirgarzama, Bolivia.]
6 de enero de 2013
26 de diciembre de 2012
©new york times
cc traducción ©lisperguer

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