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[Washington, Estados Unidos] [Una jueza federal de Manhattan se negó el miércoles a exigir que el Ministerio de Justicia revele el memorándum que contiene la justificación legal para el asesinato del ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki, que murió en el ataque de un vehículo aéreo no tripulado en Yemen en 2011.]

[Adam Liptak] La resolución de la jueza Colleen McMahon estuvo marcada por el escepticismo sobre el programa antiterrorista que lo definió como blanco, y por la frustración sobre su propio papel en mantener en secreto su justificación legal.
“No puedo eludir la maraña de leyes y precedentes que permiten que la rama ejecutiva de nuestro gobierno proclame como perfectamente legales ciertas acciones que parecen incompatibles con nuestra Constitución y nuestras leyes mientras se mantienen en secreto los motivos de su implementación”, escribió.
“El carácter absurdo de este pronunciamiento no se me pasa por alto”, escribió la juez McMahon, agregando que estaba moviéndose en un entorno jurídico equivalente a “un verdadero Catch 22”.
Una demanda para que el memorándum y materiales relacionados fueran hechos públicos fue presentada bajo la Ley de Libertad de Información por el New York Times y dos de sus periodistas, Charlie Savage y Scott Shane. La decisión del miércoles también rechazó una petición más amplia, en el marco de la misma ley, de parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
David E. McCraw, abogado del Times, dijo que el diario recurrirá la decisión.
“Empezamos este litigio porque creemos que nuestros lectores merecen saber más sobre la posición jurídica del gobierno de Estados Unidos en cuanto al uso de las ejecuciones extrajudiciales de personas con lazos con el terrorismo, incluyendo a ciudadanos estadounidenses”, dijo McCraw. “La decisión de la jueza McMahon dice mucho y en detalle sobre las serias dudas jurídicas que plantea el programa de asesinatos selectivos y por qué en una democracia el gobierno debería abordar esos problemas abierta y completamente”.
Jameel Jaffer, abogado de la ACLU, dijo que su organización piensa recurrir. “Esta resolución”, dijo, “niega al público el acceso a información crucial sobre la ejecución extrajudicial del gobierno de ciudadanos estadounidenses y da también luz verde a su práctica de comunicar sólo lo que le conviene y de manera selectiva”.
Un portavoz del Ministerio de Justicia dijo que los abogados estaban estudiando la decisión.
La opinión de la juez McMahon incluyó una revisión de lo que llamó “una extensa campaña de relaciones públicas” de varios funcionarios de gobierno sobre el papel de Estados Unidos en el asesinato de Awlaki y las circunstancias bajo las cuales el gobierno considera que los asesinatos selectivos, incluyendo el de sus propios ciudadanos, son legales. El Times y la ACLU argumentaron que el gobierno había perdido su derecho a mantener en secreto sus motivos legales para discutir en público el programa de asesinatos.
(Samir Khan, un ciudadano estadounidense naturalizado que vivía en algunas ocasiones en Long Island y en Carolina del Norte, fue también asesinado con un ataque de un avión no tripulado el 30 de septiembre de 2011. Otro ataque dos semanas después terminó con la vida de un grupo de personas, incluyendo al hijo de dieciséis años de Awlaki, Abdulrahman al-Awlaki, que había nacido en Colorado.)
El presidente Obama y el ministro de Defensa, Leon E. Panetta, reconocieron ambos que Estados Unidos había participado en el asesinato del viejo Awlaki, escribió la jueza McMahon. Pero se concentró en particular en un discurso en marzo de fiscal general Eric H. Holder Jr., en la Northwestern University.
Cuando se decide asesinar a ciudadanos estadounidenses, dijo Holder, se aplican las garantías de debido proceso de la Constitución. Pero el debido proceso no exige un “proceso judicial”, agregó.
Por un lado, escribió la juez McMahon, “el discurso constituye una suerte de ruta del proceso de toma de decisiones que sigue el gobierno antes de decidir el ‘exterminio’ de alguien ‘con prejuicios extremos’”. Por otro, el discurso estaba lejos de ser un memorándum de investigación jurídica”.
Los comentarios públicos del gobierno eran como un todo “crípticos e imprecisos”, dijo la jueza McMahon, y eran por tanto insuficientes para superar las exenciones a la ley de libertad de información sobre materiales clasificados y deliberaciones internas del gobierno.
“Está más allá del poder de esta corte concluir que un documento ha sido clasificado impropiamente”, escribió, rechazando el argumento de que ese análisis jurídico no puede ser clasificado.
La jueza McMahon dijo que ella no había revisado los documentos clasificados, incluyendo el que está en el centro del caso, que fue preparado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Justicia. La jueza dijo que el memorándum debía contener más análisis jurídicos detallados que las amplias aseveraciones en el discurso de Holder, “a menos que las normas en la OLC se hayan relajado de modo dramático”.
El Times publicó una versión del memorándum de la OLC en octubre de 2011, mencionando a las personas que lo habían leído.
Aunque resolvió contra los demandantes, la jueza escribió que el público debería poder juzgar si el análisis del gobierno se sostiene.
“Un conocimiento más completo sobre los criterios legales en los que se basa el gobierno para justificar el asesinato selectivo de individuos, incluyendo el de ciudadanos estadounidenses, lejos de cualquier campo de batalla reconocible, permitiría la discusión inteligente y la evaluación de una táctica que (como antes la tortura) sigue siendo fuertemente debatida”, escribió la jueza.
14 de enero de 2013
3 de enero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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