[Stockton, California, Estados Unidos] [Autoridades federales se empecinan en perseguir una industria –del cultivo y venta de marihuana médica y recreativa- que California considera perfectamente legítima. En la foto, la bodega clausurada donde Matthew R. Davies almacenaba su marihuana médica en Stockton, California.]
[Adam Nagourney] Matthew R. Davies se licenció de la universidad con un diploma en negocios y administración y con ganas de hacer negocios, y trabajó en bienes raíces, restaurantes y parques de casas rodantes antes de incursionar en lo que vio como un territorio inexplorado con un enorme potencial de beneficios: la marihuana médica.
Davies introdujo habilidades comerciales académicas en un mundo que opera decididamente en las sombras. Contrató contables, abogados, gerentes, un personal de 75 empleados y una firma de contabilidad. Pagó el impuesto a la compraventa californiano y solicitó permisos para su empresa a nivel local y estadual.
Pero en un caso que subraya el creciente enfrentamiento entre el gobierno federal y los estados que han legalizado la marihuana para uso médico o recreativo, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos formalizó a Davies por cargos de cultivo de marihuana, después de allanar dos dispensarios y una bodega con cerca de dos mil plantas de marihuana.
El fiscal federal para el Distrito Este de California, Benjamin B. Wagner, nombrado por Obama en 2009, quiere que Davies acepte un convenio que incluye una pena obligatoria mínima de cinco años de cárcel, definiendo el caso como el procesamiento de “uno de los traficantes de marihuana comercial más importantes que haya procesado este distrito”.
En el centro de esta colisión se encuentra un hombre de cara redonda de 34 años que es padre de dos hijitas. Mostrando un fajo de documentos legales, Davies, que no tiene antecedentes penales, insistió en una entrevista en que había respetado meticulosamente la ley california cuando empezó su negocio en 2009 –que generó ocho millones de dólares en ingresos anuales. Según parece, los dispensarios de Davies operaban tan abiertamente como el Krispy Kreme local, aunque sobre una base jurídica decididamente más frágil.
“No podrías pagarme lo suficiente para que yo renuncie a quince años de mi vida”, dijo Davies sentado a la mesa de su comedor en su casa de dos plantas junto al San Joaquin River Delta, refiriéndose a la cantidad de años que podría tener que pasar en la cárcel. “Si hubiese creído por un minuto que esto podía ocurrir, no me habría metido nunca en este negocio”.
“Pensábamos que esta era una industria que estaba en la infancia, que era un negocio que mueve grandes cantidades de dinero, que básicamente estaba siendo utilizado para encubrir actividades ilegales. Nadie lo estaba haciendo bien. Pensamos que nosotros podíamos ser un ejemplo de cómo hacerlo”.
Este mes sus abogados apelaron al fiscal general Eric H. Holder Jr. para detener lo que sugirieron era un proceso que se desviaba de la política del Ministerio de Justicia de evitar el procesamiento de usuarios de marihuana médica y en conflicto con la declaración del presidente Obama de que el gobierno tiene “peces más gordos que pescar” que los usuarios de marihuana recreativa.
“¿Quiere decir eso que el gobierno federal empezará a procesar a individuos en toda California, Washington, Colorado y otros lugares que acatan la ley estadual que permite el uso de la marihuana, o el caso Davies es simplemente el de un fiscal testarudo que contradice las políticas del ministerio y del gobierno?”, preguntó Elliot R. Peters, uno de sus abogados.
“Este no es un caso de una organización dedicada a las drogas ilícitas bajo el manto de la marihuana médica”, escribió Peters. “Aquí, la marihuana fue proporcionada a pacientes adultos calificados con una recomendación médica de un doctor autorizado. Los documentos fueron archivados, las ganancias justificadas, los impuestos al salario y a la compraventa fueron pagados a su debido tiempo”.
Los ayudantes de Holder se negaron a hacer comentarios, refiriendo al periodista a una carta de Wagner a los abogados de Davies en la que refuta la descripción del acusado como un importante narcotraficante.
“Davies no era un usuario de marihuana gravemente enfermo ni era un profesional de la salud sino un importante actor en una significativa operación comercial que buscaba hacer beneficios con el cultivo y venta de marihuana”, dice la carta. Wagner dijo que procesar a esas personas “sigue siendo una prioridad del ministerio”.
El caso ilustra la lucha entre el gobierno federal y los estados mientras tratan de contender con los cambiantes entornos de las leyes de marihuana y la opinión pública hacia la droga. Colorado y Washington legalizaron la marihuana para uso recreativo el año pasado, y se encuentran entre los dieciocho estados, y el Distrito de Columbia, que hoy permiten su uso médico.
Dos de los otros acusados en el caso Davies se han declarado culpables, aceptando el término mínimo de prisión de cinco años, para evitar sentencias más severas. Davies, aunque dijo que no quiere “ser un mártir”, decidió impugnar la acusación con una combinación de medidas jurídicas y de relaciones públicas, iniciando una página red dedicada a su caso y contratando de Chris Lane, un contundente consultor político y ex ayudante de Bill Clinton en la Casa Blanca.
Entre los partidarios de Davies aquí en California se encuentran Paul I. Bonell, que fue presidente del Premier Credit Union durante veintiún años antes de que Davies lo contratara a principios de 2011 para que se encargara de los controles fiscales de su empresa. Después de que los locales fueran allanados en octubre de ese año, Bonell encontró una nueva posición como director de Lodi Boys and Girls Club.
“Tenía algunas reservas antes de incorporarme”, dijo sobre la empresa de Davies. “Pero la industria está explotando. Matt quería implementar controles internos. Y pensamos: este es un negocio legítimo. Si el estado de California lo considera legal, queremos ser los mejores en hacerlo”.
El contable de Davies, David M. Silva, dijo que utilizó hojas de cálculo para llevar el inventario, los ingresos y los gastos. “He sido un CPA durante treinta años”, dijo Silva. “Lo que yo vi era un tipo que estaba tratando de hacer sus negocios cada vez mejor”.
Las autoridades federales dijeron que descubrieron la operación después de que dos hombres fueran sorprendidos robando en la bodega de nueva mil metros cuadrados de Davies. La policía declaró que había olido las plantas de marihuana. Los agentes federales allanaron la bodega y confiscaron 1.962 plantas y noventa kilos de marihuana.
Davies, que está libre con una fianza de cien mil dólares, saludó a sus visitantes en su casa amurallada pidiéndoles que hablaran en voz baja mientras cruzaban la puerta para no despertar a su hijita durmiendo. Llamó a su esposa cuando para que le recordara cuándo había sido acusado: “Oye, Molly, nos acusaron para tu cumpleaños, ¿verdad? El 18 de julio”.
Davies se refiere a la marihuana como “medicina”, y se define a sí mismo como un experto.
“Básicamente somos farmacéuticos de la marihuana médica –todo estaba en completa conformidad con la ley del estado”, dijo. “Pagamos a nuestros empleados. Pagamos horas extras. Teníamos gente que cobraba el paro cuando los despedíamos”.
“¿Por qué me persiguen?”, preguntó. “Si tenían esos problemas con California, ¿por qué no demandan a California?”
Stephanie Horton, 25, que empezó a trabajar para Davies después de que fuera a uno de sus dispensarios a comprar marihuana médica para ayudar a su madre a soportar un cáncer cervical y a los ovarios, dijo que la había devastado la detención de sus empleadores, a los que describió como los mejores que había tenido nunca, para no mencionar que se había quedado sin trabajo.
“Volvería a trabajar allá sin pensarlo”, dijo Horton. “Confío totalmente en ellos. No son delincuentes. Nunca he sido detenida en toda mi vida. Necesito esa medicina, igual que otro montón de gente”.
Pero los fiscales federales ofrecieron una opinión mucho menos simpática sobre Davies. Las autoridades cerraron la bodega y dos dispensarios, pero dijeron que Davies tenía vínculos con siete dispensarios en la región, los que según ellos le reportaban ingresos por medio millón de dólares al año. Los abogados de Davies rechazan esas afirmaciones.
“Davies está siendo juzgado por delitos graves”, escribió Wagner a los abogados de Davies. “Entiendo que se enfrenta a alternativas desagradables. Ni una reunión conmigo ni pedir una revisión en Washington cambiará esa realidad”.
Este es un enfrentamiento tanto legal como cultural. El uso recreativo de la marihuana es habitual en todo el estado, y sin el estigma legal asociado a la marihuana en gran parte del país. El gobierno federal es visto como un poder distante.
“Es alucinante que hubiera cientos de abogados diciendo a sus clientes que hacer esto era legal, sólo para ser emboscados por un sistema federal al que la mayoría de la gente en California ni siquiera le presta atención”, dijo William J. Portanova, ex fiscal federal de drogas y abogado de uno de los acusados en el caso Davies. “Es trágico”.
17 de febrero de 2013
14 de enero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer
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