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[Estados Unidos] [La decisión de asesinar a militantes de organizaciones terroristas como al Qaeda no debería quedar sólo en manos del presidente. El Congreso y tribunales deberían revisar la legalidad de esos asesinatos. Dudas sobre los motivos del presidente Obama para ordenar el asesinato del publicista fundamentalista Awlaki y su hijo de dieciséis años. Editorial NYT].

En cierto sentido, no hubo demasiadas sorpresas con el recientemente publicado “libro blanco” que ofrece una justificación jurídica para la posición de que el presidente Obama tiene la atribución para ordenar el asesinato de ciudadanos estadounidenses que se cree forman parte de al Qaeda. Sabíamos que Obama y sus abogados creían que el presidente tenía ese poder según la Constitución y las leyes federales. También sabíamos que él rechaza terminantemente la idea de que el Congreso o tribunales tengan derecho a considerar esa decisión por adelantado, o incluso después del hecho.
Sin embargo, fue inquietante ver la retorcida lógica de los abogados del gobierno expuesta con tanta claridad. Tenía el aire de una justificación jurídica escrita después del hecho para una decisión que ya había sido tomada, e hizo evocar desagradables recuerdos de los memorandos escritos por el presidente George W. Bush para justificar las interceptaciones ilegales, la detención indefinida, el secuestro, los malos tratos y la tortura.
El documento, obtenido y hecho público por NBC News, fue escrito por el Ministerio de Justicia y describe tímidamente otro documento clasificado (que ha sido descrito en el Times) que proporciona la justificación legal para ordenar el asesinato de ciudadanos estadounidenses.
Ese documento todavía no ha sido puesto a disposición del Congreso, pese a repetidas demandas de los legisladores. El libro blanco fue enviado al Capitolio siete meses después de que los militares llevaran a cabo la orden del presidente Obama de asesinar a Anwar al-Awlaki, un estadounidense que se había marchado a Yemen y convertido en un defensor de la guerra santa contra Estados Unidos.
En privado, funcionarios del gobierno dicen que Awlaki era un comandante de una organización asociada a al Qaeda y participaba activamente en la planificación de atentados contra Estados Unidos. Públicamente, se ha negado a reconocer que Obama ordenara el asesinato de Awlaki o a respaldar su afirmación de que era un terrorista activo. La Casa Blanca ha rechazado enérgicamente cualquier audiencia en tribunales sobre el asesinato de Awlaki o de su hijo de dieciséis años, asesinado en un ataque posterior.
La Unión Americana de Libertades Civiles ha interpuesto una demanda para tener acceso al memorando operacional sobre esos asesinatos, argumentando que un ciudadano estadounidense tiene derechos constitucionales que un juez debe cerciorarse que están siendo respetados. Estamos de acuerdo.
De acuerdo al libro blanco, la Constitución y la autorización parlamentaria para el uso de fuerza letal después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, dio a Obama el derecho a asesinar a cualquier ciudadano estadounidense sobre el que un “funcionario de alto nivel e informado” decida que es un “importante dirigente operativo de al Qaeda o de una organización asociada” y representa un “peligro inminente de un atentado violento”.
El memo no trata nunca de definir qué podría ser un “funcionario de alto nivel e informado”, y los autores del memo parecen haber redefinido la palabra “inminente” de un modo que diverge fuertemente de su significado habitual. Habla de “debido proceso” y la necesidad de ponderar la vida de una persona en relación “con los intereses de Estados Unidos a la hora de prevenir la amenaza de violencia y muerte contra otros estadounidenses”.
Pero asume la posición de que la única “supervisión” que se necesita para tomar una decisión semejante reside en el poder ejecutivo, y que no hay ninguna necesidad de explicarla al Congreso, tribunales u opinión pública -ni, en realidad reconocer que se ha cometido un asesinato.
El documento argumenta que los jueces y el Congreso no tienen el derecho de resolver ni de interferir en decisiones tomadas en el fragor del combate. Algunos funcionarios trazan un paralelo con los agentes de policía que recurren a la violencia para proteger a inocentes. Incluso en tiempos de guerra, hay muchos modos de revisar las decisiones de comandantes y soldados, y aunque las cortes marciales son propias de las fuerzas armadas, sus veredictos están sujetos a apelación ante un juez civil. Cuando un agente de policía dispara su arma, desencadena varios procesos de revisión, sobre la base de reglas que conoce todo el mundo.
El libro blanco es “una confusa mezcla interesada de conceptos relacionados con las leyes de la guerra y no explica claramente cuál es la diferencia a la hora de matar a un alto dirigente de al Qaeda dependiendo de si es o no un ciudadano”, dijo Kate Martin, directora del Centro de Estudios de Seguridad Nacional. “Su análisis del debido proceso es particularmente débil”.
El memorando podía haber sido publicado, y debió haber sido publicado hace meses. El gobierno podía proporcionar, y debió proporcionar a un número selecto de legisladores los detalles sobre el asesinato de Awlaki y su hijo. El presidente podía haber reconocido, y debió haber reconocido y explicado esa decisión.
El gobierno debería someter decisiones como esa a una revisión del Congreso y tribunales. Si fuera necesario, el Congreso debería crear un tribunal especial para tratar este tipo de decisiones sensibles, como la que creó para revisar la interceptación. Esta disputa afecta la naturaleza fundamental de nuestra democracia, la relación entre los poderes del estado y su responsabilidad ante la opinión pública.
17 de febrero de 2013
7 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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