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[Un fallo de la Corte Suprema permite que los jueces puedan aumentar arbitrariamente las penas más allá de las sentencias mínimas obligatorias. Pero la Corte debería derogar ese fallo para permitir que al dictar sentencia los jueces se basen en los hechos específicos de las causas, tal como garantiza la Sexta Enmienda. Editorial NYT.]

Esta semana la Corte Suprema considerará si revierte un problemático fallo de 2001 que permite que los jueces tengan mayores atribuciones a la hora de dictar sentencia en algunas circunstancias. Para ser justa y consistente, la corte debería derogar ese fallo dictado hace diez años.
La pregunta planteada en el caso que será visto el lunes, Alleyne contra Estados Unidos, gira sobre si un juez puede aumentar la pena de prisión de un acusado más allá de la sentencia mínima obligatoria si los actos que permiten una sentencia más prolongada no han sido probados más allá de una duda razonable.
Este ha sido una turbia área de la ley de sentencias, hecha más confusa aún por los fallos contradictorios de la Corte Suprema. Los jueces resolvieron en 2000 que toda determinación basal que permita que una sentencia sea aumentada más allá de la sentencia mínima obligatoria debe ser probada ante un jurado más allá de una duda razonable. Pero en el caso de 2002, Harris contra Estados Unidos, la corte dijo que este principio no se aplicaba si el aumento de la sentencia se agregaba al término mínimo obligatorio. En esa situación, dijeron los jueces, un juez podría hacer lo que ordenaba la ley, “otorgando peso específico a ciertos hechos cuando determinaba la sentencia”, sin el veredicto de un jurado.
En el nuevo caso, Allen Alleyne fue condenado por robo a mano armada y por usar o portar un arma de fuego durante el atraco. Pero el jurado lo absolvió de blandir el arma durante el asalto. Sin embargo, un juez determinó –por la preponderancia de las evidencias, una norma inferior de prueba- que Alleyne razonablemente previó que su cómplice blandía un arma. Además de la sentencia de 46 meses por el cargo de atraco, el juez aumentó la sentencia en siete años en lugar de dictar la sentencia mínima de cinco años por porte de arma.
Debido a que el aumento de la pena implica una mayor privación de la libertad del acusado, los derechos constitucionales del debido proceso y el juicio por jurado exigen que un jurado determine los hechos sobre los que se basa el aumento.
Esos derechos han sido erosionados por dos importantes reformas del Congreso a principio de los años ochenta: las directrices para sentencias federales, que determinan sentencias específicas para delitos específicos; y sentencias mínimas obligatorias, que dan un enorme poder a las fiscalías para determinar las sentencias a través de los cargos que presentan.
Pero desde 2005, la Corte Suprema ha resuelto que las directrices sólo pueden ser consultivas, porque exigir que los jueces las apliquen violan el derecho garantizado por la Sexta Enmienda a tener un jurado que determine los hechos como base de las sentencias.
Revirtiendo el caso Harris, la corte refuerza los derechos de la Sexta Enmienda y restauraría el papel que entrega la Constitución al jurado.
17 de febrero de 2013
13 de enero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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