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[Creciente inquietud por asesinatos selectivos con ataques de aviones no tripulados, en decisiones del presidente que nadie fiscaliza y cuyo secretismo puede ocultar criterios arbitrarios. Editorial NYT].

En más de una década de guerra desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha dependido cada vez más de los ataques con aviones no tripulados para matar a personas que se encuentran lejos de cualquier campo de batalla. No ha debido enfrentar muchos obstáculos. Ahora la exigencia de una mayor rendición de cuentas y transparencia está cogiendo velocidad, impulsada por la creciente inquietud de que los drones estadounidenses estén atacado blancos en países con los que formalmente no estamos en guerra, de que las reglas para definir los objetivos no son públicas y de que los ataques con drones pueden matar a civiles inocentes y perjudicar, no proteger, los intereses estadounidenses.
El general en retiro Stanley McChrystal, ha advertido que los ataques con drones son tan repudiados en el extranjero que su abuso podría poner en peligro los objetivos estadounidenses más amplios. El secretario de estado John Kerry, habló en su sesión de confirmación de la necesidad de asegurarse de que “la política exterior de Estados Unidos no sea definida solamente por los drones y los despliegues de tropas”.
Los drones tienen ventajas obvias. Los vehículos no tripulados, cuyos controladores pueden encontrarse a cientos de kilómetros de distancia en una base remota, pueden sobrevolar silenciosamente sobre un objetivo durante horas, transmitir imágenes y sonidos, y luego atacar rápidamente si fuera necesario. El gobierno dice que el uso de drones ha eliminado a muchos combatientes del campo de batalla y reducido las bajas civiles.
Pero abundan los escépticos. John Brennan, el asesor en contraterrorismo que fue responsable del programa, debe sobrevivir la sesión de confirmación del jueves como candidato del presidente Obama como director de la CIA. Brennan debería ser interrogado minuciosamente sobre los ataques: su propósito, justificación jurídica y relación con los objetivos más amplios de la política exterior estadounidense.
Durante años, Obama ha estirado el poder ejecutivo y ahora reclama que la autorización del Congreso en 2001 para usar medios militares con al Qaeda le otorga la atribución unilateral para ordenar el asesinato de personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, alejadas del campo de batalla sin ninguna supervisión judicial ni rendición de cuentas. El presidente dio un paso en la dirección correcta el miércoles cuando ordenó al Ministerio de Justicia entregar a las comisiones parlamentarias su recomendación jurídica sobre el asesinato de estadounidenses.
Los funcionarios dicen que sólo atacan a los beligerantes cubiertos por la ley de 2001, pero la opinión pública no tiene modo de saber con qué criterios se eligen esos objetivos. Ni sabe, en ausencia de reglas públicas, cómo debería ser interpretada por futuros presidentes la ley de 2001. La sesión de confirmación ofrece una oportunidad para que Brennan explique su opinión sobre si debería existir algún control de las decisiones presidenciales, especialmente cuando los blancos son ciudadanos estadounidenses, y si piensa que los asesinatos colectivos están creando más militantes de los que eliminan.
La Casa Blanca ha dicho que todavía está desarrollando reglas sobre cuándo matar a terroristas. Estados Unidos ha realizado más de cuatrocientos ataques en al menos tres países –Pakistán, Yemen y Somalia-, asesinando a más de tres mil personas en su guerra contra al Qaeda, de acuerdo a un informe de Micah Zenko, del Consejo de Relaciones Exteriores. La mayoría de los asesinados formaban parte de un programa encubierto que la CIA empezó en 2004 dirigido contra los militantes en Pakistán. Como mínimo, las reglas de Estados Unidos deberían especificar que nadie puede ser asesinado a menos que esté planeando o participando activamente en una conspiración terrorista, o ayudando a dirigir al Talibán en Pakistán o a al Qaeda. Los asesinatos deberían ser autorizados sólo cuando se pueda demostrar que la captura es imposible. Las normas para prevenir el asesinato de inocentes que podrían estar cerca de los blancos, deberían ser exhaustivas y detalladas.
Un investigador del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el mes pasado que él estudiaría el “aumento exponencial” de los ataques con drones en operaciones antiterroristas. Más de cincuenta países tienen o están tratando de obtener esta tecnología. Estados Unidos fijará las normas para todos ellos.
23 de febrero de 2013
7 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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