justificación legal del asesinato de ciudadanos

[Washington, Estados Unidos] [Memorándum describe bases jurídicas para asesinar a ciudadanos estadounidenses que sean miembros de al Qaeda.]

[Charlie Savage y Scott Shane] Abogados del gobierno de Obama han afirmado que sería legítimo asesinar a un ciudadano estadounidense si “un funcionario informado de alto nivel” del gobierno decidiera que el objetivo es un importante dirigente de al Qaeda que representara “un inminente peligro de un ataque violento contra Estados Unidos” y si su captura no fuera posible, de acuerdo a un documento de dieciséis páginas hecho público el lunes.
El “libro blanco” del Ministerio de Justicia, sin fecha ni firma, obtenido por NBC News, es el análisis más detallado en aparecer hasta la fecha en relación con las opiniones del equipo jurídico de Obama sobre la legitimidad de la ejecución extrajudicial de un ciudadano estadounidense que funcionarios del poder ejecutivo decidieran que es un dirigente operativo de al Qaeda o alguno de sus aliados.
El documento no es el memorándum clasificado en el que la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa autorizó el asesinato de Anwar al-Awlaki, un radical clérigo musulmán nacido en Nuevo México y que murió en un ataque norteamericano con un avión no tripulado en Yemen en septiembre de 2011. Pero su análisis jurídico –apoyándose en el derecho nacional a la defensa así como en las leyes de la guerra- sigue estrechamente la justificación ofrecida en ese documento, tal como fue descrito por el New York Times en octubre de 2011 por personas que lo leyeron.
El memorando parece ser un informe que fue redactado sobre la base del original de fines de 2011 y entregado a algunos miembros del Congreso. No discute ningún objetivo específico y enfatiza que no trata umbrales específicos de evidencias que son consideradas suficientes.
Adopta una definición flexible de un “peligro” inminente, diciendo que no es necesario que se encuentre en desarrollo un ataque específico cuando se encuentra un objetivo si este está implicado en actividades terroristas dirigidas contra Estados Unidos. Y afirma que los tribunales no deben desempeñar ningún papel en examinar o restringir esas decisiones.
El libro blanco dice que “la implementación judicial de esas órdenes requerirían que la corte supervisara juicios inherentemente predictivos del presidente y de sus asesores de seguridad nacional sobre cuándo y cómo disponer el uso de violencia contra un miembro de un grupo enemigo contra el que el Congreso ha autorizado el uso de fuerza”.
También llena muchas de las lagunas de una serie de discursos de miembros del equipo jurídico de Obama sobre el uso de violencia en los asesinatos selectivos, incluyendo observaciones del fiscal general Eric H. Holder en la facultad de derecho en la Universidad Northwestern en marzo. Afirmó entonces que la garantía de la Constitución del “debido proceso” antes de que el gobierno termine con una vida humana no significa necesariamente “proceso judicial” en situaciones de seguridad nacional, pero ofreció un análisis jurídico poco específico.
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles, definió el documento como “profundamente inquietante” y dijo: “Es difícil creer que fue escrito en una democracia construida sobre un sistema de equilibrio de poderes. Resume en fríos términos legales una asombrosa extralimitación de la autoridad del Ejecutivo: la atribución para declarar a otros estadounidenses como amenaza y asesinarlos lejos de cualquier campo de batalla y sin ninguna involucración judicial”.
La circulación del libro blanco se produce en momentos en que el asesor de contraterrorismo del presidente Obama y candidato a director de la CIA, John O. Brennan, espera la sesión de confirmación ante la Comisión de Inteligencia del Senado el jueves. La presión sobre el gobierno ha estado creciendo para que haga públicos los documentos jurídicos secretos, o al menos que los entregue a las Comisiones de Inteligencia.
El martes, ocho senadores demócratas y tres republicanos, incluyendo algunos miembros de la Comisión de Inteligencia, escribieron a Obama pidiéndole las opiniones jurídicas que autorizaban el asesinato de ciudadanos estadounidenses. La carta es la segunda enviada, después de la que envió el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, miembro de la Comisión de Inteligencia, que ha buscado durante largo tiempo acceso a las recomendaciones jurídicas.
Los senadores escribieron que necesitaban las recomendaciones jurídicas para juzgar “si la atribución del presidente para matar deliberadamente a ciudadanos estadounidenses está sujeta a las limitaciones y salvaguardas apropiadas”.
23 de febrero de 2013
5 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer