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[El énfasis en promulgar leyes sobre la salud mental en el marco de la prevención de la violencia es injusto, dicen algunos].

[Erica Goode y Jack Healy] En su fervor para reducir la violencia con armas de fuego después de la masacre de Newtown, Connecticut, un creciente número de políticos nacionales y estaduales están poniendo el énfasis en las enfermedades mentales como un modo de contribuir a prevenir otras masacres en el futuro.
En al menos media docena de estados, incluyendo a Colorado, Oregón y Ohio, se están revisando las leyes vigentes sobre la salud mental. Un proyecto de ley de Nueva York que exige que los profesionales de la salud mental reporten a las autoridades a pacientes potencialmente peligrosos, fue convertido en ley este 15 de enero. En Washington, el presidente Obama ordenó un “diálogo nacional” sobre salud mental, y toda una gama de proyectos de ley sobre la salud mental se están filtrando en el Capitolio.
Pero algunos críticos dicen que este énfasis discrimina injustamente a personas con enfermedades mentales graves, cuyo estudio indica que están implicadas en sólo el cuatro por ciento de los delitos violentos y es once o más veces más probable que sean víctimas de delitos violentos que la población general.
Y muchas propuestas –que incluyen reforzar los servicios de salud mental, bajar el umbral para el internamiento involuntario y aumentar los requisitos para reportar a pacientes problemáticos a las autoridades- son precipitadas y es poco probable que reparen un sistema de salud mental resquebrajado, dicen algunos expertos.
“Las buenas intenciones sin reflexión hacen malas leyes, y creo que estamos corriendo ese riesgo”, dijo J. Reid Meloy, profesor clínico y psicólogo forense en la Universidad de California en San Diego, que ha estudiado a asesinos violentos.
Además, la presión para promulgar leyes de salud mental adicionales es sostenida a menudo en motivos de conveniencia política, dicen algunos críticos. Las propuestas de salud mental reciben apoyo de demócratas y republicanos, en parte debido, a diferencia de las prohibiciones de las armas semiautomáticas o de los cargadores de gran capacidad –como la propuesta en el Senado la semana pasada- a que no implican ningún enfrentamiento con las organizaciones que defienden el derecho a poseer armas como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en ingles).
“La NRA es mucho más temible como enemigo político que las organizaciones de defensa de los enfermos mentales”, dijo el doctor Jeffrey A. Lieberman, presidente de psiquiatría de la Universidad de Columbia y presidente-electo de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (APA, por sus siglas en inglés).
En efecto, la NRA misma, en respuesta a la masacre de Newtown, argumentó que la enfermedad mental, y no las armas en sí mismas, estaba en el origen de las recientes masacres. La organización llamó a un registro nacional de pacientes de enfermedades mentales –una alternativa que los juristas concuerdan en que provocaría al menos tantas alarmas constitucionales como la prohibición de la tenencia de armas.
Para las organizaciones de salud mental, las propuestas que están siendo consideradas son seductoras: aumentando los servicios para los pacientes de enfermedades mentales crece la posibilidad de recuperar algunos de los miles de millones de dólares en recortes presupuestarios que afectaron a los programas de salud mental en los últimos años. Las medidas también conservan la esperanza de mejorar un sistema de salud mental que muchos expertos dicen que está fragmentado y dramáticamente inadecuado. Y algunas propuestas –por ejemplo, de revisar las leyes de internamiento- cuentan con el apoyo de algunas organizaciones de salud mental.
Pero algunos juristas y expertos en salud mental dicen que los esfuerzos de los políticos podrían destinarse mejor a hacer consistente de estado en estado el proceso del internamiento psiquiátrico involuntario -y los criterios para restringir el acceso a armas de fuego una vez que alguien ha sido internado forzosamente. Y algunas propuestas han causado preocupación, planteando interrogantes sobre la confidencialidad entre doctor y paciente, los derechos de las personas con discapacidades psiquiátricas y la integridad de la opinión clínica.
Especialmente inquietante para algunos activistas de la salud mental son disposiciones como la de Nueva York, que extienden el deber de los profesionales de la salud de reportar a los pacientes problemáticos –un modelo que es probable que sea imitado por otros estados. La ley de Nueva York, parte de un comprehensivo paquete para abordar la violencia por arma de fuego, exige reportar a las autoridades locales a cualquier paciente “que es probable que muestre conductas que pudieran resultar en lesiones graves para sí mismos u otros”. Funcionarios policiales serían entonces autorizados a confiscar toda arma de fuego en poder de esos pacientes.
John Monahan, psicólogo y profesor de derecho en la Universidad de Virginia, dijo que esas leyes son a menudo superfluas.
Aunque muchos profesionales de la salud mental creen equivocadamente que las leyes federales como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud les prohíbe revelar información sobre pacientes, esas leyes ya incluyen excepciones que permiten que los médicos clínicos den información a las autoridades cuando un paciente se convierte en una amenaza para otros, dijo Monahan.
La mayoría de los estados también tienen leyes que exigen que los profesionales de la salud mental notifiquen a las autoridades y a la víctima probable cuando un paciente hace una amenaza directa.
La disposición de Nueva York, dijo Monahan, difiere de prácticamente todas las otras leyes estaduales en permitir que las armas sean requisadas no solamente de las personas internadas contra su voluntad sino también de pacientes que están internados voluntariamente.
“El problema está en los detalles”, dijo sobre la nueva ley de Nueva York. “Los dos temores son que la gente abandone la búsqueda del tratamiento que necesitan o que, una vez en tratamiento, se ensimismen y no hablen de violencia”.
La mayoría de los juristas concuerdan en que el vínculo entre la enfermedad mental y la violencia no es imaginario. Los estudios sugieren que las personas con una enfermedad mental severa no tratada es más probable que sean violentas, especialmente cuando hay abuso de drogas o alcohol. Y muchos asesinos violentos tienen algún tipo de trastorno mental grave: James E. Holmes, acusado de abrir fuego en un teatro en Colorado en junio, estaba consultando con un psiquiatra que se alarmó con su conducta; Jared L. Loughner, que mató a seis personas y dejó heridas a otras trece en Arizona, incluyendo a la ex representante Gabrielle Giffords, sufría de una grave enfermedad mental.
Pero esos asesinatos sólo dan cuenta de una diminuta fracción de los homicidios por arma de fuego en Estados Unidos, señalan expertos de salud mental. Además de la investigación que indica que sólo un pequeño porcentaje de delitos violentos puede ser vinculado con perpetradores que están mentalmente enfermos, los estudios muestran que esos delitos es mucho más probable que impliquen agresión -golpear a otra persona, por ejemplo- que el uso de armas de fuego, las que sólo dan cuenta del dos por ciento de los delitos violentos cometidos por enfermos mentales.
Debido a esto, algunos juristas expertos en justicia penal dicen que tiene más sentido aprobar leyes sobre el comportamiento que diagnosticar enfermedades mentales. En Indiana, por ejemplo, las armas de fuego pueden ser confiscadas a personas consideradas una amenaza potencial, sufran o no de alguna enfermedad mental.
Propuestas en varios estados están tratando de redefinir el umbral para el internamiento involuntario para seguir un tratamiento psiquiátrico. Pero al hacer eso, también han encendido un prolongado debate sobre el rol del tratamiento forzoso.
En Ohio, los legisladores deben estudiar una propuesta para aumentar el acceso al tratamiento ambulatorio en lugar de la hospitalización, mientras también se deshacen de la exigencia de que las personas con alguna enfermedad mental deban mostrar un “riesgo inminente y grave de dañar los derechos” de sí mismos u otros antes de ser internadas.
En Colorado, donde los legisladores están emprendiendo una amplia reforma del sistema de salud mental del estado propuesto por el gobernador demócrata John W. Hickenlooper, la propuesta también incluye el cambio de los criterios para el internamiento involuntario.
De acuerdo a las leyes actuales del estado, los profesionales de la salud pueden retener a pacientes de salud mental por 72 horas sólo si creen que representan un “peligro inminente” para sí mismos u otros. El plan del gobernador permitiría que los profesionales de la salud internen a personas si creen que hay alguna “probabilidad substantiva” de agresión. Virginia y algunos otros estados ya tienen normas basadas en la “probabilidad substantiva”.
Pero algunos defensores de la salud mental dudan a la hora de bajar el umbral. “La evidencia que tenemos nos dice que esa no es la solución apropiada. No es una solución efectiva de este problema”, dijo Jennifer Mathis, subdirectora jurídica del Centro Bazelon para la Salud Mental, una organización de defensa de personas con discapacidades psiquiátricas.
Pero Cheryl Miller-cuyo hijo de veintiún años, Kyle, fue ultimado por la policía en junio pasado después de que apuntara a los agentes con una pistola de juguete- cree que una ley revisada podría haber salvado la vida de su hijo.
Dos semanas antes de la muerte de Kyle, lo llevó a emergencias de clínica de salud mental para hospitalizarlo. Pero el personal se negó a internarlo.
“Les dije: ‘No quiero llevarlo a casa; necesita un hospital’”, dijo Miller. “Pero ellos no estaban de acuerdo. Me preguntaron si acaso volvía, podría convertirse en un peligro inminente para sí mismo. Les dije que no”.
24 de febrero de 2013
1 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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