[Para los enfermos mentales, es mejor someterlos a tratamiento que encerrarlos en una cárcel. Editorial NYT].
El alcalde Michael Bloomberg ha empezado una nueva e importante iniciativa en el sistema penitenciario centrada en los infractores que son enfermos mentales, que constituyen cerca de un tercio de la población carcelaria de la ciudad y es más probable que reincidan en conductas delictivas una vez que recuperan la libertad. El objetivo es proporcionar a los tribunales información actualizada sobre los antecedentes de un acusado y su estatus de salud mental de modo que el juez pueda decidir si el acusado debería ser enviado a un programa de tratamiento antes que a una cárcel.
La iniciativa emergió de un reciente estudio de reos que sufren alguna enfermedad mental por el Centro de Justicia del Consejo de Gobiernos Estatales, una organización dedicada a la investigación y formulación de estrategias públicas. Entre otras cosas, concluyó que los enfermos mentales que ingresan al sistema penitenciario son un problema cada vez más caro para el ayuntamiento –cuestan tres veces más que los reos sin discapacidades mentales- y su población está creciendo, pese a que la población carcelaria general está disminuyendo. En 2011, constituían el 33 por ciento de la población carcelaria promedio diaria, en contraste con el 24 por ciento en 2005.
Los reos con enfermedades mentales también permanecen en la cárcel casi dos veces más que los reos sin discapacidades mentales, un promedio de 112 días en comparación con 61 días. Uno de los problemas es que es menos probable que los enfermos mentales salgan de prisión con una fianza porque tienen menos dinero y menos familiares o amigos dispuestos a ocuparse de ellos.
En muchos de los grandes centros urbanos, los jueces pueden tomar decisiones sobre la fianza y los tratamientos comunitarios porque tienen acceso a datos que muestran la historia de salud mental y nivel de riesgo del acusado. Bloomberg espera introducir ese sistema en Nueva York creando equipos centralizados que recojan rápidamente información y la transmitan a los tribunales. Estos equipos también conectarán a los acusados que sean enfermos mentales con los servicios comunitarios apropiados. Entonces informarán a los tribunales sobre el progreso de los acusados.
Esto representa un importante primer paso. Pero el ayuntamiento tendrá que hacer progresos en otras áreas. Por ejemplo, debe cerciorarse de que los enfermos mentales que reciben tratamiento y fármacos a través del programa de Medicaid no queden fuera de las listas de asistencia social por razones burocráticas. Esto aumenta el riesgo de que se comporten de modos que los metan en problemas.
Además, los enfermos mentales que pierdan su elegibilidad para Medicaid o para las prestaciones federales por discapacidad debido a que han estado encarcelados, deben ser reinscritos en esos programas antes de ser liberados y deben recibir mediación para sacarlos de apuros hasta que estén establecidos en el tratamiento. Dejados a sus propios medios, frecuentemente se “auto recetan” –con drogas ilegales o alcohol- lo que, por supuesto, hace más probable que sean detenidos nuevamente y devueltos a la cárcel.
El ayuntamiento también debería revisar su estrategia de “calidad de vida” según la cual las personas que cometen delitos menores son deliberadamente sacadas de las calles para meterlas en prisión. En un sistema ideal, los enfermos mentales que cometan delitos menores y no representen un peligro para otros, no deberían ser nunca enviados a la cárcel, sino que sometidos directamente a tratamiento.
25 de febrero de 2013
1 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer