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[Estados Unidos] [Para la sensibilidad de los estadounidenses de hoy, la pena de muertes es un castigo cruel que debería ser remplazada por la prisión perpetua. Editorial NYT].

Cuando la Corte Suprema reintrodujo la pena de muerte en 1976, dijo que había dos propósitos sociales para imponer la pena capital para los crímenes más atroces: la disuasión y el castigo. En los últimos meses, estas justificaciones de un castigo cruel e incivilizado han sido seriamente socavadas por un creciente grupo de jueces, fiscales, académicos y otros implicados en la justicia penal, conservadores y liberales por igual.
Una distinguida comisión de académicos convocada por el Consejo Nacional de Investigación (NRC) concluyó que no existen evidencias útiles para determinar que la pena de muerte disuada la comisión de delitos graves. Muchos académicos de alto nivel han tratado de demostrar la teoría de la disuasión, pero esa investigación “no informa sobre si la pena capital aumenta, disminuye o no tiene ningún efecto en las tasas de homicidios”, explicó la comisión.
Un abanico de otros respetados expertos también concluyeron que la prisión perpetua es de lejos una forma mucho más práctica de castigo, porque el proceso de la pena de muerte es demasiado caro, consume demasiado tiempo y se aplica injustamente.
Se supone que el castigo debe reservarse para los peores criminales, pero decenas de estudios en los estados han mostrado que el proceso para decidir quién debe ser enviado al corredor de la muerte es arbitrario y discriminatorio.
Gracias al Proyecto Inocencia y a la revocación de dieciocho sentencias de muerte sobre la base de evidencias de ADN y la exoneración de otros dieciséis reos acusados de homicidio, la opinión pública estadounidense es cada vez más consciente de que el sistema comete terribles errores. Desde 1973, un total de 142 personas han sido liberadas del corredor de la muerte después de ser exoneradas por las pruebas de ADN y otros tipos de evidencias.
En los últimos años, todos estos factores han llevado a los estados a distanciarse de la pena de muerte –tanto en la ley como en la práctica. En 2012, Connecticut se convirtió en el quinto estado en cinco años en abolir la pena de muerte. Nueve estados ejecutaron a reos sentenciados, la cifra más baja en dos décadas. Tres cuartos de las 43 ejecuciones en 2012 fueron realizadas en solo cuatro estados. El número de nuevas sentencias de muerte permaneció bajo con 77 –cerca de un tercio de los condenados en 2000- con sólo cuatro estados responsables de casi dos tercios de las tendencias. Mientras otros 33 estados conservan la pena de muerte en sus códigos, trece de ellos no han ejecutado a nadie en al menos los últimos cinco años.
Con esos trece estados, más diecisiete otros que no conocen la pena de muerte, llegan a treinta los estados que no la están aplicando, y eso incluye a California, que mantuvo la pena de muerte como resultado de un referéndum en noviembre. Casi un cuarto de los 3.146 reos en el corredor de la muerte en Estados Unidos, hasta octubre, están encarcelados en California, pero ese estado no ha ejecutado a nadie en los últimos siete años.
El presidente de la Corte Suprema de California dijo hace poco que la moratoria oficial del estado, que se adoptó hace seis años, es probable que se prorrogue por al menos tres años más debido a problemas con el método de ejecución.
En enero, deben ocurrir ejecuciones en Pensilvania, Virginia y Texas. Hay importantes revisiones de la pena de muerte en proceso en cada uno de esos estados. Es probable que las revisiones determinen que esos estados no han logrado cumplir con las normas de imparcialidad de la Constitución, tal como han concluido los controles de constitucionalidad de los sistemas capitales en otros estados en los últimos diez años.
El gran número de estados que ya no realizan ejecuciones indica la existencia de un tipo de consenso nacional sobre nuevos “valores de sensibilidad que marcan el progreso de una sociedad madura”, una idea que la Corte Suprema evocó al juzgar la constitucionalidad del castigo. La corte utilizó ese análisis recientemente cuando falló que las sentencias obligatorias a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional son inconstitucionales cuando los condenados son menores, incluso si han sido sentenciados por homicidio.
Similarmente, debería empezar a reconocer que bajo la nueva sensibilidad, la pena capital es cruel y aberrante y debería ser abolida.
25 de febrero de 2013
2 de enero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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