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[Uruguay] [Galeano y Topolansky en una manifestación frente a la Suprema Corte de Uruguay. La protesta, convocada por el gobernante Frente Amplio, contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos. En silencio, ondearon banderas uruguayas.]

Una multitud se concentró ayer por la tarde frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay para mostrar su rechazo al fallo del máximo tribunal, que declaró inconstitucional la ley que evitaba la prescripción de los delitos de la última dictadura (1973-85) al declararlos de lesa humanidad. Entre los asistentes, estuvieron la senadora del Frente Amplio (FA) Lucía Topolansky, esposa del presidente uruguayo, José Mujica, y el escritor Eduardo Galeano, reconocido defensor de los derechos humanos.
Cientos de manifestantes de todas las edades convocados por el partido gobernante FA y las organizaciones de derechos humanos fueron concentrándose en la plaza donde está el edificio del alto tribunal, fuertemente custodiado por la policía. La manifestación contó con la adhesión de la central sindical Pitcnt y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y fue convocada como una protesta silenciosa. En este sentido, y como habían anticipado sus convocantes, la marcha se desarrolló sin consignas verbales y los habituales megáfonos y altavoces brillaron por su ausencia. Sin embargo, algunos de los presentes mostraron carteles con leyendas como “Anular ya la Ley de Caducidad”, “Basta de impunidad”, “Dónde están nuestros compañeros”, “La tortura es un crimen de lesa humanidad” y “Solidaridad con la jueza (Mariana) Mota”. Muchos de los asistentes ondearon banderas uruguayas y también pudo verse alguna del FA, cuyos dirigentes no realizaron ningún discurso. Los manifestantes repudiaron así la resolución emitida el viernes por la SCJ en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos coroneles contra una ley aprobada en 2011 que invalidaba la Ley de Caducidad (amnistía) sancionada en 1986 y ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009.
Debido a esta movilización fue cortada al tráfico de vehículos la Avenida 18 de Julio. Menos de una hora después del inicio de la concentración llegó el momento central del acto, cuando los presentes cantaron el himno uruguayo y aplaudieron al unísono durante varios minutos. Como informó la versión digital del diario uruguayo El País, el senador comunista Eduardo Lorier fue uno de los que participó en la marcha. Asimismo, anticipó que se manejan varias alternativas legislativas para seguir investigando los delitos cometidos durante la dictadura pese al fallo judicial. “La batería de medidas no se la imaginan. Una se va a aplicar brevemente, en el plano legislativo y diversos ámbitos. Nuevas leyes o puede haber otro tipo de instrumentos a utilizar en el mediano plazo que los estaremos evaluando”, aseguró el legislador, informó el periódico. También habló de la convocatoria. “Hay una subjetividad presente que es la de todos los uruguayos indignados desilusionados por el paso atrás que se ha dado en materia de justicia de nuestro país”, sostuvo. Según El País, el senador respondió a la advertencia que realizaron ayer los ex mandatarios uruguayos (ver recuadro). “Los poderes tradicionales del país expresados por los ex presidentes que salen a la palestra y seguidos por otros no van a poder detener las profundizaciones no sólo de justicia y verdad, sino también en otros ángulos”, enfatizó. En paralelo a la manifestación, la corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), ex tupamaros, anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ, a los que acusan de ser “responsables del mantenimiento de la impunidad en Uruguay”.
Hace 10 días, decenas de activistas ocuparon la sede de la SCJ para evitar que se concretara el traslado a un juzgado civil de la magistrada Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes de la dictadura, pero finalmente fueron desalojados sin incidentes por la policía.

Tres Amigos de la Caducidad
Los ex presidentes uruguayos Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y Jorge Batlle denunciaron ayer de forma conjunta el “retorno de actitudes antidemocráticas”, a raíz de las críticas del oficialismo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que evitaba la prescripción de delitos de la última dictadura.
En un comunicado, los ex mandatarios –tres de los cinco presidentes que tuvo Uruguay desde la restauración de la democracia, en 1985– alertaron que la actitud del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobierna desde 2005, puede “arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse”. Los políticos, de los partidos conservadores Colorado y Nacional (Blanco), criticaron las protestas contra la SCJ tanto por el fallo del viernes como por el traslado a una corte civil de la jueza Mariana Mota, que estaba a cargo de numerosos casos de crímenes cometidos durante la última dictadura.
Por la primera decisión, el FA convocó a una marcha de protesta para esta tarde, mientras en su seno se expresaron voces para pedir un juicio político contra los miembros del alto tribunal. Además, también se realizó un pedido, que no fue atendido, para que los responsables de la SCJ acudieran al Parlamento a explicar sus últimas decisiones. “No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial”, afirmaron los ex presidentes en su nota.
Los políticos, cuyos partidos gobernaron Uruguay ininterrumpidamente desde 1985 hasta el triunfo electoral del FA en 2005 de la mano de Tabaré Vázquez (2005-10), consideraron una herida a “la conciencia republicana” las críticas por el traslado de la jueza Mota por vulnerar la separación de poderes. Asimismo, consideraron “inadmisible” que el FA siga defendiendo la eliminación de la Ley de Caducidad (amnistía), que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura y que la norma recientemente declarada inconstitucional hacía inaplicable, pese a que la ciudadanía en dos ocasiones decidiera en referéndum mantenerla.
26 de febrero de 2013
©página 12

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