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[Argentina] [Llamados intimidatorios en la Secretaría de Derechos Humanos y la ex ESMA. Dos amenazas que atrasan. La Secretaría y el Archivo de la Memoria debieron ser evacuados por amenazas de bomba de un supuesto comando que pidió el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad.]

A horas del comienzo del juicio oral por el Plan Cóndor, la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria que funciona en el predio de la ex ESMA recibieron amenazas de bomba. En los dos casos se trató de llamados telefónicos de un autodenominado “Comando Patriótico”, que exigió que “se terminen” los juicios a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Los mensajes intimidatorios fueron recibidos al mediodía y tras su denuncia, las sedes de ambos organismos debieron ser desalojadas preventivamente, mientras la brigada de explosivos de la Policía Federal inspeccionaba con perros los edificios.
En el caso de la Secretaría, ubicada en 25 de Mayo al 500, los llamados fueron dos, a internos diferentes, que fueron atendidos por empleadas. La policía recorrió las oficinas así como los sótanos y la cochera, no encontró nada y después de dos horas la gente volvió a trabajar.
Tampoco fueron hallados explosivos en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Hoy comenzarán en Buenos Aires las audiencias por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, la operación de colaboración represiva de las dictaduras del Cono Sur, en las que serán juzgados veinticinco represores, entre ellos Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. En el debate se tratará el secuestro y desaparición de 106 víctimas del Cóndor, entre los que hay uruguayos, argentinos, paraguayos, bolivianos, chilenos y un peruano. En el banquillo de los acusados también estará sentado el uruguayo Manuel Cordero, que actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti.
Videla afrontará, por otra parte, a partir de esta semana en Rawson, capital de Chubut, el juicio oral por la muerte del militante y abogado Mario Abel Amaya y por el secuestro y las torturas que recibió el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen durante la detención de ambos en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de esa ciudad.
Tras las amenazas de bomba, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, advirtió que “no hay vuelta atrás” con el enjuiciamiento a los represores del terrorismo de Estado. “Se advierte un respaldo masivo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, señaló.
“Es el típico modus operandi de los nostálgicos de la dictadura militar que buscan amedrentar, instalar el miedo”, agregó por su parte Agustín Di Toffino, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos. “Nosotros venimos del movimiento de derechos humanos de Córdoba, donde esto pasa constantemente, es algo común que se levante por ejemplo una audiencia por amenazas”, comentó el funcionario, que integra el equipo del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.
Según cuentan en la sede del organismo, hubo antecedentes de llamados intimidatorios pero años atrás, durante la gestión de Eduardo Luis Duhalde.
Las amenazas generaron repudios inmediatos. “Estas expresiones deleznables provienen de grupúsculos extemporáneos, que no poseen otro anclaje que no sea el odio residual que persiste en ellos”, advirtió Guido Carlotto, el secretario de Derechos Humanos bonaerense. “Ni desde los ámbitos institucionales ni desde las organizaciones militantes que acompañan la política de Memoria, Verdad y Justicia se va a cejar en el esfuerzo para que los responsables militares y civiles y sus cómplices reciban el castigo que estipula la Justicia.”
Además, se afirmó desde la secretaría que “entendemos que la continuidad y profundización no se debe a un capricho partidario, sino que responde al mandato que emerge de la sociedad argentina, en la cual los valores que habitan en la política de Memoria, Verdad y Justicia se han hecho carne indiscutiblemente”.
En el mismo sentido se expresaron organizaciones gremiales y sociales, como los metrodelegados y cooperativas de trabajo. “Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras que trabajan en el predio de la ex ESMA”, señalaron los integrantes de la cooperativa de recuperadores urbanos La Madreselva, que expresaron además su “apoyo incondicional a los organismos de derechos humanos”.
5 de marzo de 2013
©página 12

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