[Estados Unidos] [La Corte Suprema autoriza al gobierno a vigilar e interceptar comunicaciones de ciudadanos estadounidenses con extranjeros y rechaza demanda sobre la base de que, siendo la ley secreta, los demandantes no pueden probablemente saber, ni comprobar, que hayan sufrido perjuicios. Cada día más cerca de una tiranía. Editorial NYT].
La Corte Suprema afectó severamente el estado de derecho en su decisión el martes de rechazar una demanda recusando la ley federal que permite la amplia vigilancia secreta e interceptación de las comunicaciones internacionales que impliquen a estadounidenses. La demanda, presentada por abogados, periodistas y activistas de derechos humanos, acusaba que las enmiendas introducidas en 2008 a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera violaban sus derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.
El juez Samuel Alito Jr., en su escrito por la opinión mayoritaria de 5-4, presentó a la corte, engañosamente, como un modelo de control y su fallo como limitado. Pero, de hecho, la decisión probablemente pondrá fin a todas las revisiones judiciales de esta perniciosa ley de vigilancia, ya que prohíbe que los ciudadanos puedan impugnar su constitucionalidad en una corte federal.
La mayoría resolvió que los demandantes no tenían pie para demandar debido a que no podían mostrar que habían sido perjudicados por la ley de vigilancia. Este es un clásico caso de la pescadilla que se muerde la cola: debido a que la ley es secreta y nadie puede afirmar que sus llamadas, emails y otras comunicaciones han sido o serán monitoreadas, según la lógica de la corte no habrá nunca nadie que pueda tener pie para presentar una demanda.
La decisión de la corte es una clara renuncia a su fundamental función en el sistema constitucional estadounidense del equilibrio de poderes, que garantiza que el Congreso y el presidente no estén infringiendo derechos protegidos.
La Ley de Vigilancia Extranjera de 1978 exige generalmente que el gobierno consiga una orden individual de una corte especial antes de que pueda iniciar un procedimiento de vigilancia electrónica, aunque la corte demasiado a menudo ha aprobado rutinariamente las solicitudes del gobierno. Las enmiendas de 2008 a la ley dan al gobierno amplios poderes para interceptar comunicaciones de estadounidenses sin sospechas individualizadas, órdenes judiciales basadas en una causa suficiente o en informaciones administrativas de una conexión terrorista.
La ley no obliga al gobierno a identificar a las personas que quiere vigilar y expone toda comunicación entre alguien en Estados Unidos y un extranjero en otro país al riesgo de ser vigilada; congela la libertad de expresión y pone en peligro el derecho a la privacidad de los ciudadanos de este país. La ley también reduce la ya limitada función de la corte especial a prácticamente nada.
La mayoría derogó un fallo unánime de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Esa corte determinó correctamente que los demandantes tenían pie para demandar porque habían “determinado que tenían un temor razonable de sufrir perjuicios y han incurrido en gastos para evitarlo”. Esa norma legal está bien establecida bajo la ley de la Corte Suprema.
El juez Stephen Breyer, escribiendo como disidente, dijo que “hay una gran probabilidad” de que el gobierno “intercepte al menos parte de las comunicaciones” que describen los demandantes y que la corte “a menudo ha reconocido motivos justificados en casos en que la ocurrencia de perjuicios relevantes era muchos menos probable”.
La Corte Suprema debió haber permitido que este caso siguiera adelante. En lo esencial, su rechazo prohíbe abordar la constitucionalidad de ley de 2008 e indagar si el Congreso y la presidencia han socavado libertades fundamentales.
11 de marzo de 2013
27 de febrero de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer
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