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[El asesinato selectivo de ciudadanos estadounidenses aprobado por el gobierno de Estados Unidos es inquietante, pero una revisión judicial ayudaría. Es un signo de nuestra época que se discuta en público el asesinato de ciudadanos sin que el gobierno deba justificar, más allá de toda duda, sus motivos. Hoy, el gobierno puede asesinar a ciudadanos sin acusarles de nada en específico y obliga a los otros poderes, y a la ciudadanía, a creer en sus motivos. Editorial LAT.]

Durante las sesiones de confirmación de John Brennan, el candidato del presidente Obama para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, la senadora Dianne Feinstein (demócrata de California), presidenta de la Comisión de Inteligencia, dijo que tomaría en consideración una ley que creara una corte que “revisara la ejecución” de ataques con vehículos aéreos no tripulados.
La idea de que las cortes federales deberían jugar un rol en la decisión del gobierno de Estados Unidos de asesinar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero aliados con al Qaeda, repentinamente ha ganado terreno en Washington. Brennan mismo, interrogado por el senador Angus King (independiente de Maine) si una corte debería examinar la decisión de asesinar a un ciudadano estadounidense, dijo que la idea “ciertamente vale la pena de ser discutida”.
Prácticamente todas las miles de personas asesinadas con ataques de vehículos aéreos no tripulados en Pakistán y Yemen (algunas de ellas transeúntes inocentes) han sido extranjeros, de modo que ellos no se beneficiarán de una ley como la propuesta. Por lo que sabemos, solo un ciudadano estadounidense ha sido deliberadamente asesinado por su propio gobierno: Anwar Awlaki, atacado desde el aire en Yemen en 2011 en un ataque que también se cobró la vida del publicista de al Qaeda, Samir Khan, otro ciudadano estadounidense. De acuerdo al gobierno, Awlaki, nacido en Nuevo México, había asumido un rol “operacional” en al Qaeda en la Península Arábiga y representaba una amenaza para los estadounidenses.
Sin embargo, aunque Awlaki es el primer estadounidense asesinado en el extranjero por el gobierno de su propio país, puede no ser el último. El gobierno de Obama ha dicho que tiene el derecho de atacar y asesinar a estadounidenses alejados del campo de batalla, sin acusarles de ningún delito ni ofrecerles la oportunidad de argumentar en su propia defensa. Esa es una afirmación alarmante que plantea numerosos interrogantes morales y prácticos. Pero si Estados Unidos está determinado a seguir por esa ruta, algunas salvaguardas serían ciertamente útiles. Implicar al poder judicial en futuras decisiones para asesinar a estadounidenses proporcionaría al menos un control –una especie de segunda opinión- de las decisiones del poder ejecutivo.
En las sesiones de Brennan, Feinstein sugirió que el Congreso podría crear una corte “análoga a la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera”, que resuelve la interceptación en casos que afectan la seguridad nacional. Si se instalara una corte comparable para tratar los asesinatos selectivos, hay algunos modos en los que podría funcionar. El Congreso podría exigir que el gobierno entregue a la corte evidencias sobre ciudadanos estadounidenses específicos y aprobar o rechazar la colocación de esos individuos en la “lista negra”. Alternativamente, el gobierno debería simplemente solicitar la aprobación de la corte para políticas generales relativas al asesinato de ciudadanos estadounidenses.
Cualquiera de estos sistemas significaría que alguien de fuera de la rama ejecutiva revisaría decisiones que podrían conducir al asesinato de un estadounidense. Aunque eso no proporcionaría a la persona definida como objetivo el debido proceso que otorga una corte ordinaria que sesiona en público y oye a los abogados de las dos partes, la protección extra sería mejor que ninguna.
Para que funcione la revisión judicial de los asesinatos selectivos, los jueces tendrían que superar su impulso tradicional a acatar al poder ejecutivo en asuntos que implican la seguridad nacional. Eso significaría, por ejemplo, reconsiderar la elástica definición del gobierno de Obama del tipo de “ataque inminente” contra estadounidenses que justificaría el asesinato selectivo de un ciudadano estadounidense. Un memorándum del Ministerio de Justicia filtrado a NBC News sugiere que no es necesario que el conocimiento de un ataque inminente específico sea considerado como una amenaza “inminente”; un mortífero drone puede ser despachado porque los dirigentes de al Qaeda están “constantemente planeando” ataques.
Si se crea la nueva corte, los jueces deberían aplicar normas más exigentes, como la propuesta por la familia de Awlaki cuando pidió infructuosamente a un juez federal que sacara su nombre de la lista negra: un ciudadano estadounidense fuera de una zona de guerra no puede ser asesinado “a menos que se demuestre que representa una amenaza concreta, específica e inminente para la vida o la integridad física, y si no hay otros medios que la fuerza letal “para neutralizar la amenaza”.
La revisión judicial no es una conclusión ya decidida. Probablemente muchos miembros del Congreso se opondrán a ella, y Obama no mencionó la idea en su discurso sobre el Estado de la Unión. Sin embargo, prometió trabajar con el Congreso para garantizar que “nuestra persecución, detención y procesamiento de terroristas sean consistentes con nuestras leyes y sistema de equilibrio de poderes”. Si el asesinato selectivo de un estadounidense, incluso con una revisión judicial, satisface esa prueba es debatible, pero al menos es una mejora.
12 de marzo de 2013
18 de febrero de 2013
©los angeles times
cc traducción @lisperguer

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