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[Esfuerzos para reducir las escandalosas cifras de agresión sexual contra mujeres en las fuerzas armadas se ven obstaculizados por una justicia militar aberrante en la que los jueces militares tienen la facultad de anular unilateralmente y sin apelación una sentencia condenatoria. Editorial NYT.]

El subcomité de Servicios Armados del Senado realizará el miércoles una sesión sobre la agresión sexual en las fuerzas armadas – la primera sesión del Senado sobre el tema en casi diez años. Ciertamente hay un montón de cosas sobre las que hablar.
El Pentágono calcula que cerca de diecinueve mil militares son agredidos al año, pero solo una pequeña fracción de los incidentes -3.191 en 2011- es denunciada y cerca del diez por ciento de estos casos terminan en juicios. En total, prácticamente una de cada tres mujeres militares ha sido agredida sexualmente -una tasa dos veces mayor que la tasa civil. Y los veteranos que sufren de estrés post-traumático como resultado de una violación u otro trauma sexual tienen dificultades para cobrar las prestaciones por discapacidad. De acuerdo al Ministerio de Defensa, durante el año académico 2011-2012 las tres academias militares más importantes del país registraron cifras sin precedentes de casos de agresión sexual.
La sesión, convocada por la senadora Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, incluirá testimonios de víctimas de agresión sexual y de jefes militares en un momento caracterizado tanto por históricos progresos como por recientes ultrajes. En una decisión en pro de la igualdad, finalmente el Pentágono puso en enero fin a su política de no admitir mujeres en operaciones de combate. Entretanto, la Fuerza Aérea está viéndoselas con el escándalo en la Base de la Fuerza Aérea en Lackland, Texas, donde instructores de adiestramiento básico acosaron sexualmente, tocaron impropiamente o violaron a más de sesenta reclutas entre 2009 y 2012.
En otro inquietante caso, el teniente general Craig Franklin, un comandante de la Fuerza Aérea, desechó sin explicación la condena por agresión sexual agravada del piloto de guerra, teniente coronel James Wilkerson. El general Franklin recurrió a el poder que le otorga el Código Uniforme de Justicia Militar para anular unilateralmente el veredicto de un jurado, permitiendo así la reintegración del coronel Wilkerson en la Fuerza Aérea.
Esta inexplicable decisión ha llevado a dos senadores demócratas a pedir correctamente al ministro de Defensa Chuck Hagel que inicie un sumario interno sobre esa “farsa judicial”. En una carta dada a conocer el lunes, Hagel dijo que estaba revisando el caso, aunque según el reglamento militar, la decisión del general Franklin no puede ser revertida. Hagel también dijo que quería revisar si las fuerzas armadas deberían cambiar el modo en que abordan los casos de agresión sexual. Esa revisión debió haber ocurrido hace mucho tiempo.
El caso Wilkerson subraya el problema más amplio con la justicia militar que permite que altos oficiales tengan poder para decidir si se admiten cargos penales contra sus subordinados y desechar el veredicto cuando se alcanza uno. Las decisiones para proceder deberían quedar en manos de una autoridad judicial independiente. Las víctimas de agresión, desalentadas durante largo tiempo para presentar denuncias, no deberían quejarse ante sus jefes y depender de ellos en la búsqueda de justicia. La sesión del Senado debería empezar un proceso de reforma de la justicia militar.
17 de marzo de 2013
13 de marzo de 2013
©new york times
cc traducción @lisperguer

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